La decisión del Tribunal Supremo de investigar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos ha sido la gota que ha colmado el vaso en el seno de la Fiscalía. La apertura de una causa penal por primera vez en democracia contra el fiscal general del Estado ha provocado un auténtico terremoto dentro de la institución, que definen la situación actual como "desoladora". En ese sentido, una gran mayoría de la carrera fiscal cree que debería cesar ya que, de no hacerlo, está arrastrando al Ministerio Público a sus problemas procesales.

Fuentes de la cúpula de la Fiscalía consultadas por Vozpópuli consideran que lo más grave de lo ocurrido ha sido la reacción del fiscal general, quien ya ha anunciado que seguirá en su cargo pese a la investigación. "Está poniendo a la Fiscalía a su servicio. Está más cómodo defendiéndose desde la posición de fiscal general que desde fuera. No se va a ir", rezan dichas voces. De hecho, en la carrera hay un sentir generalizado de que el fiscal general no dimitirá, al menos en el corto plazo, porque no le conviene ni a él, ni tampoco al Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Cabe recordar que Sánchez le propuso como fiscal general del Estado en diciembre, tras la formación de su Ejecutivo. Se trata de un cargo que venía ostentando desde la dimisión de su jefa y mano derecha en la Fiscalía, Dolores Delgado. El movimiento se produjo prácticamente después de que el Tribunal Supremo le asestara un varapalo con el ascenso de Dolores Delgado. En este caso fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que entendió que actuó con "desviación de poder" al ascender al máximo escalafón de la carrera a su antigua jefa.

"Hemos llegado al colmo"

Ya entonces asociaciones fiscales y miembros de la carrera pidieron su cese al considerar que dañaba seriamente la imagen de la institución. El Gobierno desoyó las críticas y el varapalo judicial  y le volvió a proponer para el cargo en diciembre. Su elección contó con el rechazo del CGPJ que, en un pronunciamiento inédito, le declaró inidóneo para el cargo. Desde entonces, el fiscal general se ha enfrentado a crisis continuas en la institución hasta llegar a producirse su imputación. En este tiempo, fiscales de carrera le han acusado de no defenderles lo suficiente ante las feroces críticas de los socios de Sánchez de 'lawfare' y también, de imponer criterios (como ocurrió con la circular sobre la ley del 'solo sí es sí') que ha terminando tumbando la Justicia. 

Sin embargo, de todas las crisis surgidas en la Fiscalía bajo su mandato, esta es la que peor digiere la cúpula de la carrera. La apertura de diligencias en el Tribunal Supremo se daba por hecha después de que el propio García Ortiz confirmara su responsabilidad en estos hechos. Los mismos se remontan a la noche del 13 de marzo cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía habría ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso en plena investigación por dos delitos fiscales.

García Ortiz reaccionó rápidamente para desmentir este extremo y movilizó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. El objetivo era acceder todos los correos que el fiscal del caso, Julián Salto, se intercambió con el abogado del empresario. La fiscal jefa de Madrid consiguió en tiempo récord esta documentación y se la remitió al fiscal general, que trabajaba ya desmentido. A la mañana siguiente se le ordenó a Lastra que emitiera el comunicado desde su Fiscalía pero ella, consciente de que contenía información confidencial, pidió que las órdenes se impartieran por escrito.

Seguirá impartiendo las directrices

La nota contenía un relato cronológico de los hechos, demostrando que fue el abogado de González Amador el que reconoció los delitos y ofreció un pacto para evitar la cárcel. Sin embargo, su contenido propició la apertura de una investigación penal por contener detalles de conversaciones que gozan de confidencialidad. El asunto arrancó en un juzgado de Plaza de Castilla pero terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforados de los dos denunciados: Julián Salto y Pilar Rodríguez. El avance de las pesquisas hizo que la causa se archivara para el primero de ellos, pues solo obedeció órdenes, pero puso en la picota a Rodríguez. 

Con todo, fue la comparecencia de Almudena Lastra la que sentenció al fiscal general del Estado. Tanto es así que él mismo remitió un escrito al instructor en el que asumió la responsabilidad de los hechos. No obstante, negó que cometiera delito al considerar que los correos incluidos en la nota ya se habían filtrado previamente en prensa. Se trata del mismo argumento que empleó su 'número dos' en el informe remitido a la Sala de lo Penal. En él pidió que no se abriera causa y que se desestimaran las querellas, pero el Supremo ha actuado en la línea contraria. 

El auto de los magistrados, en el que explican que se debe investigar el perjuicio causado a González Amador por esta filtración, ha caído como un jarro de agua fría en la carrera. No solo por su contenido, sino porque vuelve a corregir a la Fiscalía, como ya hiciera en cuestiones clave como la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont. Las fuentes consultadas entienden que el fiscal general no puede seguir ni un día más en su cargo porque, al tratarse de una institución jerarquizada, él imparte las directrices a seguir. 

"Hemos llegado al colmo. Él dice que esta fuera de este asunto, que lo lleva María Ángeles Sánchez Conde de manera independiente, pero si quiere la puede cesar", explican dichas voces. "Su suerte procesal depende de su subordinado", añaden, para dejar claro que impondrá su criterio pese a que, formalmente, esté apartado del asunto porque le concierne de manera directa. Por ello denuncian que está arrastrando a la institución al límite. 

¿Cuándo cesa un fiscal general?

"¿Cómo puede pensar alguien que lo mejor para la institución es que el fiscal general continúe?", se preguntan las fuentes de la carrera fiscal. Al respecto, dan por hecho que Sánchez no le va a cesar porque le conviene, al menos por el momento. "Mientras se hable de él no se habla de otra cosa", apuntalan, en referencia indirecta a causas de corrupción como la trama Koldo, o las que afectan a la mujer del presidente del Gobierno o a su hermano. 

Al hilo, explican que la situación actual ha provocado una crisis sin precedentes en la Fiscalía y que, su comunicado negándose a dimitir, les ha dejado "muertos". Yo creo que ahora mismo está todo el mundo bloqueado. La palabra es desolación", alegan, aunque entienden que quiera aferrarse al cargo de fiscal general del Estado, dado que puede tener más incidencia en esta causa, que si cesara. "Ahora mismo el peso que puede tener como fiscal general limita un poco el resultado de la investigación", aseguran.

Con todo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) recoge, en su artículo 31, los motivos por los que puede dimitir un fiscal general. Para que el Gobierno le cesara, tendría que incurrir en "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones" o bien "en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley". El resto de supuestos recogidos por el Estatuto son un cese a petición propia, en caso de enfermedad o bien el fin de este Ejecutivo. Por ese motivo, las fuentes consultadas descartan que vaya a dimitir por el momento. Y ello pese a las presiones que va a ir sumando desde la carrera.

Las mismas empezarán este jueves con dos cónclaves convocados tras abrirse la causa en el Tribunal Supremo. A primera hora de la mañana se reunirá la Junta de Fiscales de Sala (considerada como el 'generalato' de la carrera fiscal) y a las 16.30 horas el Consejo Fiscal. Este último es un órgano consultivo que ejerce funciones de asesoramiento aunque sus pronunciamientosno son vinculantes. El fiscal general les ha convocado "a fin de hacerles partícipes de su decisión de continuar y de "proporcionar las explicaciones oportunas".

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