Yolanda Díaz lleva meses intentando dar cumplimiento al pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, con la reducción de jornada a 37,5 horas como bandera de su partido. La última reunión con los agentes sociales fue este viernes y, una vez más, culminó sin acuerdo. Los empresarios se niegan a que se aplique por ley, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
En su opinión, debe hacerse en el marco de la negociación colectiva y con flexibilidad, en función de las necesidades de cada empresa y sector. Díaz, por su parte, insiste en tramitar el recorte de jornada como anteproyecto de ley y por la vía de urgencia, aunque podría carecer del apoyo parlamentario necesario.
En medio de esta falta de acuerdo, el Partido Popular ha registrado en el Congreso la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, que incluye la creación de un sistema de "banco de horas", una "herramienta flexible y voluntaria para los trabajadores" cuya "implementación deberá ser acordada entre la empresa y los representantes de los trabajadores".
La propuesta de Feijóo no pretende reducir la jornada de trabajo, sino dar flexibilidad al trabajador para ordenarla como más le convenga a lo largo de la semana. En primer lugar habló de semanas laborales de cuatro días (trabajando más horas, las que corresponderían en el quinto día). Sin embargo, finalmente dio marcha atrás en esta idea y ciñó la propuesta a la "jornada flexible".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció hace dos semanas una ronda de contactos con patronal y sindicatos para presentarles su plan de conciliación y recabar su opinión antes del trámite parlamentario de la ley. Este lunes 14 de octubre el líder del PP se reunirá con CEOE y CCOO, y el martes 15, con CEPYME y UGT. Las primeras voces expertas arrojan luz sobre su recorrido.
El banco de horas y la flexibilidad
Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea, opina en declaraciones a Vozpópuli que "la negociación colectiva, en el marco legal vigente, tiene todas las posibilidades ya para articular jornadas semanales de cuatro días, respetando la jornada máxima legal o convencional pactada en el propio convenio colectivo".
"También tiene ya todas las posibilidades de articular estos bancos de horas, con flexibilidad horaria en las condiciones acordadas, que puedan condensar algunas semanas de jornada laboral en cuatro días. Por tanto, es una cuestión más de negociación colectiva que de la propia Ley, que ya lo permite con la regulación vigente y respetando siempre los límites de derechos de descanso de trabajadores y la jornada máxima legal o convencional en cómputo anual", añade.
Señala que una cuestión distinta es el debate de reducción de jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales promedio en cómputo anual, "donde el debate es si hacerlo por Ley o no". En su opinión, "los incrementos de productividad reducen jornadas laborales, y por ello la vía idónea es la negociación colectiva o los acuerdos entre empresas y representantes de trabajadores de mejora sobre lo previsto en convenios colectivos".
"Reducir jornada laboral por Ley no necesariamente va a incrementar la productividad, en ocasiones, en determinados sectores y empresas, puede incluso dañarla", advierte. Esto "refuerza la idea del espacio idóneo de la negociación colectiva, y no la imposición legal sin acuerdo social, para lograr este objetivo. La Ley puede crear buenas condiciones para facilitarlo, e incentivar las bolsas de horas flexibles para que sean acordadas puede ser buena idea".
José María Romero, director de Economía e Internacional de Equipo Económico opina que "frente la parálisis legislativa actual, ha de ser bienvenida cualquier propuesta de implementación de reformas estructurales, como la citada ley sobre conciliación, que busque incrementar una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y hacerlo compatible con las necesidades de la vida familiar en una sociedad cada vez más envejecida, siempre que sea sin afectar negativamente a la productividad".
Recalca, en todo caso, que para poder cuantificar con rigor los posibles efectos de la proposición del PP "será particularmente relevante el detalle que naciese para su implementación en el marco del dialogo social según la situación de los distintos sectores y empresas". El resto de servicios de estudios consultados se abstienen de pronunciarse acerca de la proposición del PP hasta ver más detalles.
La reducción de jornada a 37,5 horas
Sí hay más opiniones manifiestas sobre la reducción de jornada a 37,5 horas. José María Romero puntualiza que para otras propuestas "que reducen la flexibilidad del mercado laboral ya existe un número relevante de estudios, como los elaborados por el Banco de España, que avalan los efectos nocivos en el mercado de trabajo, en términos de menor productividad y destrucción de empleo".
Fue el pasado mes de junio cuando la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado pidió "flexibilidad" ante una eventual modificación del horario laboral. Explicó que habrá empresas y sectores que puedan aceptar y absorber esa reducción de jornada, pero puede haber otros en los que sea "una carga adicional y les aboque aún más a mayores pérdidas de productividad".
En la misma línea, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, afirmó que imponer la reducción de jornada laboral “sin suficiente flexibilidad para las empresas” puede tener “repercusiones en sus costes laborales, en su competitividad y en su dinámica de creación de empleo futuro”.
El máximo representante del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, admite en declaraciones a este periódico su "preocupación" ante estos debates: "Hay que tener cuidado porque parece que trabajar es un castigo". Igualmente apela a la importancia de que la flexibilidad laboral se acuerde en el marco de la negociación colectiva, teniendo en cuenta las particularidades de los sectores y las empresas.
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