El que fuera embajador de Venezuela durante el Gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, se ha declarado culpable en el juicio que ha arrancado este lunes contra él por fraude fiscal con el presunto cobro de mordidas del gigante PDVSA. La Abogacía General del Estado, la Fiscalía y Manos Limpias han aceptado este pacto de conformidad que le libra de entrar en prisión.
De esta forma, Morodo acepta 10 meses de cárcel frente a los tres años y medio que pedía para él Anticorrupción por delito fiscal. En el caso de su hijo, Alejo Morodo, se han pactado dos años de cárcel, frente a los ocho y medio que pedía para él la Fiscalía también por delitos fiscales.
El exembajador de Zapatero, su hijo y la pareja de su éste último, Ana Catarina Varandas, se han sentado en el banquillo este lunes en el marco del juicio por fraude fiscal entre los ejercicios 2013 y 2014. Al inicio del mismo, la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, ha anunciado que, con motivo del acuerdo, reducían las cuantías de las multas que, inicialmente ascendían a 378.000 euros en el caso del embajador y de 3,7 millones para su hijo.
Confesión para evitar la cárcel
Además, Anticorrupción reconocerá también la atenuante de reparación del daño causado y la confesión. Tras la fiscal del caso, ha tomado la palabra la Abogacía General del Estado que ha retirado la acusación para los tres acusados. Por su parte, la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, ha retirado los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
Al término de estas alegaciones el tribunal ha dado la palabra a Alejo Morodo, quien se ha confesado culpable y ha reconocido los hechos excepto a las acusaciones de su mujer y el decomiso. Por su parte, el exembajador de Zapatero en Venezuela también ha confesado los hechos, si bien la tercera acusada ha rehusado la conformidad, por lo que el juicio seguirá contra ella.
La Audiencia Nacional juzgaba este lunes esta pieza del caso Morodo, puesto que otra parte de la causa sigue en instrucción para socios venezolanos del hijo del diplomático. Los tres acusados se sentaban en el banquillo por el presunto cobro de partidas de la petrolera de Venezuela, PDVSA, y por emplear un entramado societario para ingresas estos fondos.
En concreto, Anticorrupción expuso que entre los años 2007 y 2015 Alejo Morodo creó tres sociedades interpuestas para canalizar ingresos bajo contratos ficticios de asesoría. La facturación de los servicios a través de estas mercantiles le permitió eludir la tributación de las rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades.
Comisiones de Venezuela
La Fiscalía detalló en su escrito de acusación que, como consecuencia de esta dinámica, superaron la cuota exigible de 120.000 euros por ejercicio para la comisión de delito fiscal en 2013 y 2014. De hecho, incluyó también los ejercicios de 2011 y 2012, aunque no acusó por ellos al estar prescritos. La mujer de Alejo Morodo participó en el de 2013 y en 2017 adquirió dos viviendas en Madrid a nombre de dos sociedades portuguesas.
Anticorrupción les acusó de fraude al fisco con el cobro de comisiones de PDVSA a través de contratos millonarios que suscribió el hijo de Morodo gracias a las relaciones de su padre con "altos cargos" de Venezuela
Los fondos canalizados a través de las tres mercantiles provenían de PDVSA, la petrolera bolivariana salpicada por numerosos casos de corrupción. Anticorrupción expuso que Alejo Morodo aprovechó "las relaciones entabladas por su padre con altos cargos" de Venezuela para sacar adelante sus contratos de asesoría.
Estos contratos se firmaron entre 2007 y 2014 y le generaron unos ingresos de 6,6 millones de euros. Los investigadores detectaron que durante los años 2013 y 2014 una de las sociedades interpuestas recibió cuatro transferencias por importe total de 2 millones procedente de una cuenta abierta en un banco de Portugal "a nombre de PDVSA". La Fiscalía detectó esta cascada de ingresos sin que pudiera determinar a qué servicios respondían.
A su vez, Alejo Morodo ingresó a la cuenta bancaria de su padre entre los años 2013 y 2014 un total de 335.000 euros mediante 18 transferencias. El resto de fondos los canalizó el hijo del embajador en Venezuela a través de traspasos a favor de sus cuentas personales y de retiradas en efectivo.
Ambos crearon además, la sociedad Morodo Abogados y Asociados que, del mismo modo, declaró ingresos en los años investigados de 467.832 euros. Al igual que ocurre con el resto de mercantiles investigadas, ésta no tenía medios materiales ni personales, de ahí que la Fiscalía sospechara que se trataba de empresas pantalla con las que canalizar el ingreso de fondos provenientes de Venezuela.
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