Una de las acusaciones personadas en el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado a la juez que instruye la causa que investigue la donación patrimonial de 240.000 euros qe el músico recibió de su padre. En concreto, la Fundación Abogados Cristianos ha reclamado que se oficie a la Policía Judicial para que investigue si este asunto está relacionado con su incremento patrimonial y que, en paralelo, se oficie a Hacienda para que amplíe su informe en relación a este asunto.
La acusación explica en su escrito que, a tenor de informaciones publicadas en prensa, podría haber correlación entre la donación recibida y el incremento del patrimonio del músico, a quien la juez investiga por la plaza que obtuvo de la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios. "Esta parte quiere ahondar sobre el trasvase de dinero y el aumento patrimonial que ha tenido el querellado en los últimos años. Es decir, la relación final triádica entre la empresa del padre del querellado, sus relaciones políticas, y, finalmente, el propio querellado", reza el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Para ello, la acusación apela al vínculo del padre de Pedro Sánchez con la empresa Industrias Plásticas Playbol S.L. Se trata de una firma que creó hace décadas y que, según precisa, vendió en 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. La mercantil formó parte del listado de empresas que el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades con los contratos de pandemia. En concreto, pidieron que se investigasen un total de 15 ayudas que recibió Playbol entre febrero de 2020 y mayo de 2021 en forma de avales del ICO por un importe total de 816.000 euros.
El negocio del padre de Pedro Sánchez
Anticorrupción archivó estas diligencias al apuntar que no había "indicios verosímiles" de la comisión de delito y recordó, además, que los padres del líder del PSOE vendieron los activos de Playbol a la hoy denominada Industrias Plásticas Playbol, por lo que la firma inicial solo mantuvo en propiedad las naves en las que se desarrolla a día de hoy la actividad empresarial. Sin embargo, desde Abogados Cristianos sostienen que el padre de Sánchez sigue a día de hoy de administrador de la mercantil y que ingresa a través de la sociedad los pagos que el actual dueño le abona por el alquiler de la nave.
Además, aseguran que la última vez que presentaron el informe de cuentas fue en abril de 2022, coincidiendo con la interposición de la denuncia del Partido Popular. Al hilo dicen que el empresario declaró que en 2021 contaba con efectivo por valor de 48.948 euros y que, doce meses tarde, la cifra ascendió a 198.000 euros.
"El querellado adquirió el palacete en Elvas (Portugal) tras recibir una donación. El importe íntegro, 240.000 euros, lo obtuvo a través de una transferencia bancaria de su padre, Pedro Sánchez Fernández. A esa cantidad hay que descontarle 401 euros, montante que debió abonar por el impuesto de donaciones en Madrid, que bonifica el 99% de ese tributo", reza la acusación, que traza de esta forma el vínculo entre los negocios del padre de Pedro Sánchez y la donación que el músico recibió del mismo.
El informe de Hacienda
Al hilo, Abogados Cristianos carga contra el informe de Hacienda aportado al procedimiento por el crecimiento patrimonial extraordinario de 1,7 millones de euros del músico "que el informe no recoge". "El querellado aparece como beneficiario en un documento presentado el 25 de enero de 2023 ante la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, competente cuando el donatario no es residente en España", añade.
Cabe recordar que el pasado mes de junio la Agencia Tributaria remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz un informe en el que exoneraba al hermano del presidente del Gobierno de cualquier delito fiscal. Sin embargo, la juez requirió al organismo que dirige María Jesús Montero que identificara a los responsables de dicho documento ya que se remitió al juzgado sin la firma digital de sus autores. El órgano respondió que la falta de identificación se debió a a que el requerimiento no se tramitó como un "auxilio judicial", sino como "una petición de cesión de información".
Los correos, en manos de la UCO
Del mismo modo, alegaron que la huella digital quedó plasmada en el documento, como prueba de que el mismo no se había alterado. Pese a ello, esta acusación solicita ahora que se amplíe el informe encargado a Hacienda y que se ponga el foco en la donación que recibió David Sánchez. El presunto desvío de su patrimonio en la localidad portuguesa es una de las artistas que se investiga en este procedimiento que impulsó Manos Limpias, así como el presunto incremento patrimonial ya que no coincidiría con el salario percibido de su cargo en la Diputación de Badajoz.
Como desveló este medio, la Diputación informó a la juez que, desde el inicio de la relación contractual hasta mediados de este 2024, el músico había percibido 280.845 euros repartidos en ocho ejercicios. Desde el ente sostienen que no hubo irregularidad alguna en el proceso de creación de su plaza, así como tampoco en el ascenso de categoría en 2022 a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo que ostenta en la actualidad. Sin embargo, la UCO solicitó a la instructora que le autorizase requisar los correos electrónicos de empleados de la Diputación, con el foco puesto en tres cargos del PSOE.
La Guardia Civil sospecha que esta plaza se creó específicamente para el hermano de Sánchez, que entonces era líder del partido de la oposición, en una Diputación gobernada por su formación política. La juez no solo accedió a la solicitud, sino que además dijo que desconocía en qué consistía realmente su trabajo y que llamaba la atención que pese a su cambio de nomenclatura no contaba con despacho propio. Del mismo modo, los investigadores también pusieron el foco en el hecho de que no residiera en la localidad extremeña, pese a que el contrato exige presencia física en su puesto de trabajo.
Por ello, la UCO registró la Diputación en julio y recabó las comunicaciones del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo (quien, a su vez figura en la denuncia inicial de Manos Limpias), del hermano del Pedro Sánchez, y de una serie de empleados de la Diputación implicados en la creación de dicha plaza. Se trata de todos los mails recibidos y enviados entre el 1 de enero de 2016 -año en que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo- y el 31 de diciembre de 2022. Dichas comunicaciones se protegen en una pieza secreta, mientras la Guardia Civil trabaja en su análisis. Por su parte, algunos cargos del PSOE afectados por la medida han rechazado con rotundidad la medida alegando que vulnera sus derechos fundamentales.
¿Quieres participar en la conversación?