No ha podido evitarse. En este caso, no. El efecto de la DANA de Valencia ha sido estremecedor, un balance terrible en muertos, desaparecidos, destrozo de infraestructuras y bienes, caos en las ciudades afectadas. Los hechos muestran la destrucción causada por la avalancha de agua del martes 29.10.2024, en la cuenca del bajo Turia (Valencia), zonas de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. El Estado, incompetente por acción y omisión. El sistema de previsión tan burocrático como ineficaz tanto en lo que hace al sistema de alertas (la Aemet sólo da avisos. En EE. UU el Centro de huracanes lanza alertas a los móviles directamente) como la gestión de la crisis. El Gobierno no activó el Plan de Emergencias de la Policía Nacional, ni decretó el Estado de Alarma, condición para la dirección unitaria y la actuación coordinada inmediata: las 48 horas siguientes fueron caóticas. Ahora empieza la otra tragedia: la guerra política para eludir responsabilidades, azuzada por declaraciones y medios.
El nivel rojo de la Aemet indica riesgo extremo. Fue avisado el mismo martes a las 7:31 horas, pero tenía datos para emitirlo 5 días antes en opinión de meteorólogos. La Generalidad Valenciana lo decretó a las 7:45 horas pero lo comunicó a los móviles a las 20:12 h. En Utiel a las 13:30 había personas subidas a las ventanas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del martes nada dijo al respecto pese a los cuatro avisos de la Aemet de ese mismo día y anteriores. Resumen: el conocimiento desconectado de la gestión con responsables claros.
Tres días después de la devastación, especialmente en la Comunidad Valenciana, lo efectos del zarpazo era: más de doscientos fallecidos y cientos de personas desaparecidas, algunas enterradas bajo el lodo, otras arrastradas sin conocerse su paradero. Corte de los principales servicios básicos: electricidad, agua, gas, alimentos, incomunicación física por carreteras, con más de 80 kilómetros destruidos, y vías férreas intransitables por destrucción, fractura u obstrucción (la red de cercanías está muy afectada), y por vía telemática (los teléfonos móviles sin poder cargarse por el corte de electricidad). Los ciudadanos de la zona, golpeados por las muertes, angustiados por los desaparecidos, sin poder atender las necesidades básicas. Los desaprensivos han aprovechado en caos para asaltar, robar y destruir comercios de todo tipo con impunidad, pues el Estado, a través de la fuerza pública, no ha respondido en la proporción requerida a los hechos. Los vecinos han tenido que sacar los cuerpos de los garajes sumergidos en el lodo.
Esta función constitucional corresponde al Gobierno de la Nación, pero ha eludido la responsabilidad: Sánchez volvía de la India, la ministra Ribera emitió desde Bruselas un tweet
Los afectados no han cesado de clamar: ¡nadie viene a ayudarnos! Después de trágicos días de abandonado, miles de valencianos se han desplazado hasta Paiporta, con agua y palas, para ayudar. Comenzaron las tareas de limpieza y desescombro. Muy tarde, Defensa envió a 750 militares; que se despliegan en más de diez puntos críticos de la tragedia. Se habilitaba una morgue en la Feria de Valencia. Marlaska, ministro de Interior, se desplaza a Valencia. La Generalidad restringe 48 horas la movilidad en las vías de acceso a las zonas devastadas.
La magnitud de la tragedia ha evidenciado las carencias del sistema de responsabilidades, de coordinación y de efectividad. Ayuntamientos afectados y Generalidad Valenciana se han visto superados por los hechos. La devastación repadecida por los valencianos no es una emergencia normal que pueda atender una administración autonómica. Abarca diversas autonomías y exigía el Estado de Alarma desde la mañana del propio martes 29, el mando único coordinando todos los recursos, ejército incluido, y la ejecución de las actividades desde el salvamento, atención a las necesidades de los damnificados, restitución del abastecimiento de bienes y servicios. Esta función constitucional corresponde al Gobierno de la Nación, pero ha eludido la responsabilidad: Sánchez volvía de la India, la ministra Ribera emitió desde Bruselas un tweet a las 12:45h. del martes en el que pedía máxima cautela en el área mediterránea. Para un ministro no es suficiente pedir; no está para eso. De su Ministerio depende la Aemet, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsables del seguimiento y evaluación de los riesgos.
El comité de crisis, presidido por la vicepresidenta Montero, ha sido incapaz de asumir responsabilidades efectivas. A ello se suma el juego político de pasar la patata caliente a otros, como ha hecho la ministra Robles al reducir los hechos a una simple emergencia regional eludiendo la responsabilidad del Gobierno. La emergencia es nacional pues afecta a la vida de las personas de diversas comunidades, a las vías de comunicación por carretera y tren, a la distribución de mercancías, bienes y servicios.
Sánchez se sacude cualquier responsabilidad
Cuarto día después: el Gobierno se niega a asumir el mando, pero anuncia el envío de 5.000 militares más. Los muertos contabilizados llegan a 211. Ahora tarde, se traslada a la zona a la policía antidisturbios, vehículos pesados para evitar el pillaje y el buque Galicia con helicópteros, quirófano en el puerto de Valencia. Aparece Sánchez en la TV de luto, impasible y tono manso dejando al margen cualquier responsabilidad. Los efectivos del ejército desplegados, los servicios públicos de las administraciones, las ayudas y los voluntarios trabajan para volver a la normalidad menos lo irreparable. Las carencias de gestión, sin Estado de Alarma, han desplazado las respuestas al cuarto día.
Estos hechos, sucintamente expuestos, han sido mostrados con profusión de imágenes y relatos por los medios de comunicación. No cabe duda de que estamos ante una de las más grandes catástrofes personales y materiales de nuestra historia reciente, acrecentada por la irresponsabilidad política. En este caso el mal ya está hecho y seguirá en la conciencia de muchos. Preguntaba al principio: ¿puede evitarse la tragedia humana de estas catástrofes? Sabemos que los desastres naturales seguirán produciéndose: por agua (inundaciones), por tierra (terremotos, volcanes), por fuego (incendios), por aire (destrucción). Unir en un todo el conocimiento y la gestión eficaz es el arma más poderosa para reducirlos y remediarlos, con especial atención a la seguridad de las personas.
Veámoslo en el caso que nos ocupa.
España tiene 32 áreas con riesgo potencial de inundación, descritas por el Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables. Uno de ellos es el que ahora se ha inundado, pero ya ha sufrido 68 inundaciones previas. Siempre que llueva fuerte como ahora con más de 500 l/m3 en la cabecera zona (Requena-Utiel) las aguas descenderán rápidas por barrancos e inundarán las zonas bajas próximas al mar, como Paiporta, Massanassa, Picaña, Torrent, Alfafar, muy afectadas en este caso, donde viven más de 100.000 personas.
¿Qué hacer?
1. Prevención. Zonas inundables:
- Autonomías: censo y datos de contacto de personas que viven en plantas bajas y primeros pisos, residencias de ancianos, hospitales, escuelas. Actuación preferente. Realizar ensayos de evacuación acotada a zonas concretas y de salvamento como hacen en otros países para evitar males mayores.
- Sistema de alertas (Aemet): informar de nivel rojo a autoridades y ciudadanos a través del móvil (no sólo avisar, sino qué hacer: no colapsar carreteras, no bajar a garajes, subir lo más alto posible…). Si la alerta afecta o puede afectar a zonas inundables, el Estado decreta de inmediato el Estado de Alarma y se activan los medios de acción rápida. Se desactivan cuando proceda.
En la crisis actual hubo tiempo para haber evacuado días antes a personas vulnerables habida cuenta de la trayectoria, pero no está en el marco mental de nuestros políticos. El conocimiento va por un lado y la gestión por otro mediatizada por los intereses de poder. Mejor prevenir que curar.
2. Gestión de la crisis.
- En zonas indudables, mando único estatal y coordinación de todos los efectivos estatales, regionales y locales. La eficacia exige rapidez en la respuesta.
- Protocolo de gestión eficaz sin burocracia, con responsables y funciones claras (publicado y en conocimiento de los habitantes de zonas inundables): salvamento y seguridad de las personas, restablecimiento de bienes y servicios. En esta inundación la oscuridad, caos, robos, carencia de lo básico de las primeras 48 horas se hubieran evitado.
- Retomar el plan de 2007, dejado en un cajón y actualizarlo en las medidas a tomar y costes, vinculado con la Confederación del Júcar.
Seguiremos teniendo riadas e inundaciones, la cuestión es saber con qué estrategias de prevención y de gestión eficaz contamos para evitar, muy especialmente, episodios irreparables. Como las muertes. En este caso no ha sido así. Ha quedado en evidencia lo peor del sistema dual Estado-Autonomías.
