El 'caso Cuarteles' se reactiva en los tribunales. Tras meses de parón en la investigación que indaga amaños en las obras de acuartelamientos de la Guardia Civil, la juez ha movido ficha y ha fijado el 20 de septiembre como fecha para interrogar al teniente coronel imputado en el procedimiento, Carlos Alonso Rodríguez.
Así consta en una providencia de la magistrada, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que fija para ese día también la comparecencia de todos los investigados en esta causa, entre los que se encuentra el teniente general Pedro Vázquez Jarava. Se trata de una diligencia que se iba a practicar el pasado 17 de mayo pero que se tuvo que suspender ese mismo día a tenor de la huelga de funcionarios.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid les citó a todos ellos junto con sus abogados para informarles de que transformaba esta investigación penal en un procedimiento ante tribunal de jurado. El motivo del cambio, solicitado por la Fiscalía, reside en que se les imputa delito de cohecho, además de malversación de caudales públicos y falsedad continuada en documento oficial.
Las obras de los cuarteles
La declaración del teniente coronel que ahora se fija para septiembre se produce a petición propia. El mando de la Guardia Civil solicitó a la juez María Isabel Durántez que le permitiera declarar a tenor de todo el revuelo mediático que generó el estallido de este caso. El mismo saltó a la prensa a tenor de su vínculo con la trama Mediador, liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo 'tito Berni'.
El enlace entre ambas causas lo ejerce el empresario Ángel Ramón Tejera de León, quien aparece a lo largo del sumario de la causa canaria por sus vínculos con los imputados y que, a su vez, está imputado en el caso Cuarteles. Este último asunto nació en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila a raíz de un atestado de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba la posible actuación ilícita por parte de Carlos Alonso Rodríguez, entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila y Ramón Tejera de León.
Este empresario canario se adjudicó a través de sus empresas Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L, trabajos de pintura y de impermeabilización de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila entre 2016 y principios de 2017. Los agentes destacaron lo "inusual" de que estos trabajos recayeran en un empresario canario ya que "lo habitual" es que este tipo de obras las realicen empresas locales.
Contratos troceados e inflados
Asuntos Internos advirtió de que estos trabajos se pagaron muy por encima de su precio real y que en algunos casos incluso no se llegaron a realizar. Además, en su mayoría rozaban el límite de los 40.000 euros para evitar problemas legales.
En su declaración en los juzgados de Ávila el teniente coronel explicó que se contrató con estas empresas por orden del teniente general Pedro Vázquez Jarava, entonces al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid. Por ello Asuntos Internos inició una nueva vía de investigación que reveló contratos sospechosos con las empresas de Tejera de León en trece comandancias de la Guardia Civil (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid).
La dimensión del asunto hizo que el juzgado de Ávila se inhibiera en favor de Madrid en diciembre de 2021. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 3, el cual asumió estas diligencias sobre pufos en los acuartelamientos de toda España. Hasta la fecha la investigación ha puesto bajo sospecha unos 200 contratos, mientras que cifra en 3,3 millones de euros el presunto desvío de fondos. Además se ha ampliado el foco a otras dos empresas más de Tejera de León: Canarycorck S.L, Impermercorck S.L.
Pendientes del peritaje
Al respecto Asuntos Internos pidió recabar los datos fiscales de estas mercantiles y también de algunos de los imputados y sus negocios. Al hilo, la juez ordenó realizar un peritaje en amplitud de todas estas obras, pero la arquitecto que realizó la evaluación inicial en Ávila declinó el encargo por la dimensión y dificultad que entrañaba.
Así pues se apuntó a otros entes para peritar las obras si bien el encargo lo asume finalmente Patrimonio del Estado, tal y como desveló este medio. Al respecto ni la Fiscalía ni la Abogacía General del Estado (personada en esta causa por un posible perjuicio al erario público) se han opuesto a que sean peritos de la Dirección General de Patrimonio del Estado quienes comprueben la certificación de las obras bajo sospecha.
En paralelo, la juez ha activado las diligencias para interrogar Alonso Rodríguez, el cual en su solicitud de comparecencia apuntó que quería aclarar "su falta de conocimiento y participación en los hechos denunciados". "Con objeto de aclarar la falta de conocimiento y participación venimos a interesar que se vuelva a recibir declaración, con los apercibimientos de evitar filtraciones que dañan injustamente su imagen", expuso su defensa.
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