Sí, ya sé que con la que está cayendo, con el país en shock tras la decisión del canallita que nos preside de adelantar generales porque “pa chulo yo y pa puta la novia del sevillano y si no quieres caldo, taza llena”, con la ciudadanía consciente de que el 23 de julio nos vamos a jugar el futuro de España para un par de generaciones al menos, con todo eso por delante, digo, escribir sobre una más de las golferías cometidas en los últimos cinco años por la cofradía de Sánchez y su banda puede parecer a algunos una excentricidad fuera de contexto, casi una boutade, incluso una broma pesada. No lo es. Y no lo es porque el intento de colocar a uña de caballo a Dolores Delgado, exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, como fiscal de sala de Memoria Democrática, ese invento siniestro de Sánchez, antes de que un eventual cambio de Gobierno en la fecha citada chafe a la doña el chollo o enchufe, me ha parecido una de las operaciones más desvergonzadas de las muchas que llevamos contemplando en silencio con este Gobierno, una nueva demostración de esa desahogada corrupción de que viene haciendo gala la elite política socialista y la prueba del nueve del grado de postración de unas instituciones a las que el inquilino de Moncloa ha arrastrado por el barro hasta dejarles tiritando. Con un corolario: la constatación, una vez más, de la inmoral catadura de esta gente y la certidumbre de que hay que emplearse a fondo, echar el resto para poner a esta banda en la calle en la fecha citada, en poco más de 50 días.

Lo contaba aquí Gema Huesca este martes 30: “El adelanto de las elecciones generales ha propiciado que el fiscal general del Estado acelere con el Consejo Fiscal previsto para el 19 de junio. Álvaro García, en efecto, lo ha adelantado para el 8 de ese mes con un único orden del día: efectuar nombramientos discrecionales. Entre las vacantes a nombrar se encuentra la de la Fiscalía de Memoria Democrática, plaza para la que se postula oficialmente Dolores Delgado y para la que siempre sonó como favorita desde su cese como fiscal general”. Conviene aclarar que el actual FGE, el citado Álvaro García, fue número dos de Delgado cuando ella ocupaba ese cargo y ambos son íntimos amigos y residentes en esta plaza, satélites menores dispuestos a girar en la órbita de ese astro mayor llamado Baltasar Garzón, el ex juez expulsado de la carrera por prevaricación y hoy letrado de lo mejorcito que en materia política y delincuencial se mueve por Sudamérica. Parte, en suma, de “la banda” de Sánchez, mucho más numerosa que la que, en el terreno estrictamente político, conforman PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu y compañía.  

Escribir sobre una más de las golferías cometidas en los últimos cinco años por la cofradía de Sánchez y su banda puede parecer a algunos una excentricidad fuera de contexto

Es verdad que Delgado, que abandonó la FGE en julio de 2022, compite con otras tres candidaturas, aunque en la carrera fiscal todos dan la plaza por adjudicada, puesto que la última palabra la tiene el señor García. “Las fuentes consultadas por este medio dan por hecho que García adelanta el calendario precisamente para que Delgado pueda jurar su cargo como fiscal de Memoria Democrática antes de que se disuelva el Gobierno y se le cese a él mismo como fiscal general”, concluía Gema Huesca en su pieza. Blanco y en botella o política de hechos consumados. Todo el recorrido de este nombramiento adquiere los perfiles de una operación quizá legal, desde luego, porque la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ese intento revanchista de cambiar la historia para reescribirla desde el punto de vista de los supuestos vencidos de la Guerra Civil, lleva más de medio año publicada en el BOE y en ella se contempla la creación una “Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática” que corresponde cubrir al FGE en uso de sus prerrogativas, pero es también una operación profundamente inmoral.

Todos los pasos dados en los últimos meses por el FGE en relación a su amiga Lola Delgado, “la que bebe de mi copa” que decía Garzón, la compañera de confidencias del comisario Villarejo (“Marlaska, maricón”), han ido orientados a asegurar para la susodicha un cargo que, además de significar su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal, supone una especie de retiro dorado desde el que se encargará teóricamente de investigar “los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura de Franco”. Ocurrió que la lentitud y los problemas burocráticos surgidos en torno a esa adjudicación obligaron al FGE a “proteger” a su amiga, promoviendo su ascenso inmediato para evitar que se viera obligada a volver a su plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde “la Lola se va a los puertos” se desempeñaba antes de su nombramiento por Sánchez como titular de Justicia. De modo que, en septiembre, el señor García nombró a Lola fiscal jefe en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, eso sí,  con el voto mayoritario del Consejo Fiscal en contra, puesto que solo logró el apoyo de 4 de los 12 vocales del organismo. 

Todos los pasos dados en los últimos meses por el FGE en relación a su amiga Lola Delgado, “la que bebe de mi copa” que decía Garzón, la compañera de confidencias del comisario Villarejo (“Marlaska, maricón”), han ido orientados a asegurar para la susodicha un cargo

Ahora, nueve meses después de “aparcar” a su amiga en la Sala Militar del Supremo, ¿qué sabrá ella al respecto? El fiel García volverá a intentar asegurar su nombramiento al frente de esa fiscalía “de Derechos Humanos y Memoria Democrática” y hacerlo con la mayor rapidez posible, de modo que pueda jurar su cargo antes de su propio cese como consecuencia directa de la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes. No lo tendrá fácil, porque el Consejo Fiscal no es muy “partidario” del atropello, por decirlo suavemente, y, como prueba, baste el botón de la carta que ayer mismo los vocales del citado Consejo dirigieron a García, en la que aseguran que “ese apresurado cambio de fechas da la apariencia de que las personas que serán nombradas ya están en la cabeza del fiscal general del Estado, con independencia de lo que diga el Consejo Fiscal (…) Consideramos que no existen razones de urgencia que avalen la necesidad de cubrir las plazas contenidas en el expediente gubernativo 305/2023 (…) por lo que “solicitamos la suspensión de los plenos del Consejo Fiscal a los que hemos sido convocados los días 8 y 19 de junio de 2023”. 

Otrosí ha escrito el fiscal Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien, tras un demoledor recorrido por los “favores” con los que el señor García ha distinguido a su amiga Lola, le pide que se abstenga de tomar parte en la resolución del citado expediente “en caso de que se den las causas para que la imparcialidad objetiva de V.E.” pueda quedar en entredicho por culpa de su “interés personal” en la resolución de la plaza. Alguien podrá decir, y con razón, que no merece la pena gastar pólvora en salvas de un cargo, el de Doña Lola, y una Ley, la mal llamada de Memoria Democrática y que no pasa de ser la del Resquemor Histórico, que cualquier gobierno democrático que suceda al que encabeza el sátrapa Sánchez deberá enviar a la papelera al día siguiente de tomar posesión, cierto, pero el entero asunto es revelador de la pésima salud que hoy luce nuestra democracia, del grado de desvergüenza de ciertos clanes que se han hecho fuertes en el aparato de Justicia, y de la radical inmoralidad de un presidente y su “banda” a la hora de concebir el Estado y las instituciones como una especie de gran finca, “prao” o cortijo de los que disponer a su antojo, con total desprecio de las conductas que rigen el comportamiento de los servidores públicos en cualquier democracia digna de tal nombre. Razón de más para mandarles a todos al basurero de la Historia el próximo 23 de julio.