Nuevo reproche de la Fiscalía Anticorrupción al BBVA por la investigación de sus contratos con José Manuel Villarejo. El Ministerio Público ha vuelto a reprender a la entidad por negarse a informar a la Audiencia Nacional de uno de los secretos mejor guardados en todos estos años de diligencias: cómo se produjo la salida del expresidente Francisco González (FG) o del que fuera jefe de Servicios Jurídicos Eduardo Arbizu.
Se trata de un nuevo episodio en el enfrentamiento que mantiene la principal acusación del caso Villarejo y el banco desde que se abriera esta pieza separada de la trama en 2018. En esta ocasión la Fiscalía ha reprendido al BBVA -imputado como persona jurídica- por negarse a informar de las salidas de estos dos exdirectivos, también investigados en el procedimiento. Según sostiene, los argumentos que aporta el banco para negar este material "carecen de todo sustento legal".
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 y al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Fiscalía avisa de que no se puede escudar en que esta información afecta a derechos de terceros ni tampoco al secreto del banco cuando consta que la Audiencia ha recibido del propio BBVA cajas "con ingente documentación" bancaria de clientes que nada tienen que ver con el caso Villarejo. "En este supuesto lo que se interesa, además de encontrarse basado en una comunicación anónima, únicamente afecta a personas investigadas en el procedimiento", reza la Fiscalía.
El BBVA puede atender o no lo acordado. Sin embargo, lo que no resulta lógico es que ante una diligencia diga al tribunal cómo ha de hacerla
Por eso el Ministerio Público emplaza al magistrado Manuel García Castellón a que se dirija al BBVA para que aclare si facilitará la información que le requiere la Audiencia Nacional o si, por el contrario, la negará. El objetivo de la Fiscalía es esclarecer si estas salidas de los directivos tuvieron algo que ver con el estallido en prensa de la investigación (ya que se produjo en esos momentos) o, por el contrario, no guardan relación con el procedimiento.
Las excusas del BBVA
Esta línea novena del caso Tándem encara tras cinco años de investigación su recta final y lo hace con el foco puesto en la contratación de las empresas del comisario jubilado. Los investigadores tratan de acotar quien fue el departamento o persona responsable de que se formalizasen más de una decena de contratos de espionaje entre 2004 y 2017 por las que pagaron 10,23 millones de euros a Villarejo, convirtiéndose en uno de sus clientes VIP.
Desde el arranque de las diligencias el banco ha señalado exclusivamente a dos exaltos cargos como los artífices de estas contrataciones: el que fuera director de Seguridad Julio Corrochano y el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y exjefe de Riesgos del BBVA Antonio Béjar. Estos dos, sin embargo, siempre han mantenido que cumplieron órdenes de la cúpula y, más en concreto, del entonces presidente Francisco González, quien, a su vez, insiste en desligarse por completo de Villarejo. Tanto es así que pidió declarar a finales del año pasado para reiterar que no supo nada de todo este asunto hasta que se publicó en prensa.
En ese contexto la Audiencia Nacional solicitó al BBVA que informase sobre el proceso de salida de FG (formalizado en marzo de 2019) y también de Arbizu, directivo este último a quien destituyó meses después tras abrirle un expediente interno que se acabó archivando por falta de pruebas. En concreto, los investigadores quieren tener en su poder las condiciones en las que se fraguó la marcha de estos dos altos cargos y la documentación final por la que se acordó tal escisión.
Documentos en poder del BBVA
La Fiscalía avisa al banco de que no puede acogerse al alegato de que no tiene cobertura legal para aportar esta información. Primero porque se piden papeles de personas ya imputadas y segundo porque no se pueden oponer a una diligencia que solicita la Justicia. "La alegación carece de todo sustento legal máxime cuando el BBVA, a través de sus múltiples escritos, ha presentado toda una suerte de documentos, incluso informes periciales, sobre exempleados que se encontraban declarados como investigados", reza el escrito que firman los dos fiscales responsables de esta investigación.
Al hilo añaden que la documentación requerida y que vendría a despejar muchas dudas sobre este asunto está en poder del BBVA "de forma íntegra y total" porque son documentos del banco. La Fiscalía Anticorrupción insiste a lo largo de su escrito en que el banco no puede cuestionar cómo dirige el juez esta investigación penal. "El BBVA, al igual que en anteriores ocasiones, puede atender o no lo acordado. Sin embargo, lo que no resulta lógico es que, ante una diligencia, diga al tribunal cómo ha de hacerla", replica.
FG y Arbizu también se oponen
El asunto, que ahora queda en manos del BBVA, también ha sido abordado por los otros protagonistas del requerimiento. Tal y como informó este medio, Francisco González se negó a que el juzgado contara con este material alegando que es "información delicada y sensible" y que él ni se jubiló ni fue despedido, sino que dimitió primero como presidente ejecutivo y posteriormente como presidente de honor.
La Audiencia quiere analizar las salidas de los directivos imputados desde marzo de 2018 para saber si guardan relación con la investigación por los contratos de Villarejo
En la misma línea se pronunció Eduardo Arbizu, quien entendió que esta solicitud es "injustificada", vulnera su derecho a la intimidad y no tiene vínculo alguno con el procedimiento. Sin embargo, los investigadores no lo entienden así. El requerimiento guarda relación con el proceso de salida del banco de Corrochano, despedido tras el estallido del escándalo. Su cese fue aparejado de una indemnización de 618.000 euros que cobró mientras el banco, en paralelo, le atribuía la responsabilidad penal de los hechos.
De hecho, para esclarecer si se produjeron episodios similares con otros directivos, el juzgado pidió inicialmente información del proceso de salida de todos los exaltos cargos imputados en el caso Villarejo, con excepción de los que se hubieran ido antes de marzo de 2018. La documentación debía incluir todo lo referente al despido, jubilación o prejubilación, mientras que en los casos en los que se produjo indemnización, se solicitaba la cláusula del contrato que recogía el pago de dicho monto. Sin embargo, por el momento, el juzgado sigue a la espera de que el BBVA aporte dicha documental.
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