En el PSOE han seguido esta semana atónitos el nivel ensordecedor de ruido que está dispuesto generar su socio de coalición Podemos y empiezan a dudar de que sea solo una estrategia para forzar a Yolanda Díaz a negociar las listas a las elecciones generales antes de la presentación de su candidatura a la Presidencia del Gobierno bajo la sigla Sumar, el dos de abril.

”Estos van a por Pedro, no solo a por Yolanda”, empieza a escucharse por los pasillos de La Moncloa y en la sede socialista de la calle Ferraz. Y eso ha desatado las alarmas ante la posibilidad de que tanto conflicto interno deje sin representación en muchas autonomías y ayuntamientos a todo ese espacio a la izquierda del socialismo -en Madrid, por ejemplo, los sondeos dan a Podemos entre el 4 y el 6% de voto, al borde del 5% necesario para tener representación-, imprescindible para que el PSOE siga gobernando en muchos sitios o desaloje al PP.

Si eso ocurre, si Alberto Núñez Feijóo logra teñir de azul el mapa de España la noche del 28 de mayo, ganando las elecciones municipales en voto y quitando alcaldías y algunos gobiernos autonómicos emblemáticos para el socialismo, tipo Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura, después de la derrota en Andalucía, ”luego, en las generales, ya habrá poco que Sumar entre ellos y con nosotros”, ironiza con pesar una fuente.

Según esta tesis recogida por Vozpópuli en diferentes ámbitos federales y territoriales del hoy primer partido del país, a sus socios morados no les ha gustado ”nada” que a Vox le haya ido tan mal la moción de censura con Ramón Tamames de candidato y, menos aún, que la presentación del ticket electoral Sánchez/Díaz haya salido ”tan bien”, porque eso amenaza su posición preeminente en el difícil equilibrio de fuerzas interno del socio minoritario. ”Solo había que ver las caras de Irene Montero y Ione Belarra durante el debate”, apunta una fuente ministerial.

Iglesias no solo no ha logrado adelantar elecciones generales, sino que ha propiciado un efecto colateral negativo: amalgamar aún más al resto de socios de Sumar, en contra de que Yolanda Díaz dé un trato bilateral, de tú a tú, a una fuerza menguante como Podemos

Podemos, y en particular su fundador y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a través de sus plataformas mediáticas de La Base y Canal Red, lleva semanas presionando a Pedro Sánchez para que adelante las elecciones generales de diciembre a este 28 de mayo y las convoqué junto a las autonómicas y municipales. La tesis de Iglesias, que puede acabar siendo una profecía autocumplida de seguir este camino de confrontación y ruido, es que esa es la única vía para que la coalición progresista se reedite otros cuatro años más.

Y esta semana, el exvicepresidente se ha empleado a fondo desde sus plataformas para atacar directamente a su socio donde más le duele al PSOE tras del estallido el Caso Mediador y las andanzas con prostitutas y droga del exdiputado canario Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni: la corrupción.

Sin embargo, lejos de sumar adeptos con tanta presión a todo lo que le rodea, lo que ha logrado Iglesias es un efecto colateral negativo para sus intereses: amalgamar aún más al resto de socios de Sumar, Izquierda Unida, Más País, En Comú Podem, Compromis, Chunta Aragonesista y el sector canario del exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en contra de que Yolanda Díaz negocie ahora bilateralmente, de tú a tú, las listas a las generales con una fuerza menguante como Podemos; y que lo va a ser más tras el 28M.

“Hay que aguantar como sea hasta el martes 4 de abril”, parecen haberse conjurado tanto los socialistas como los eventuales socios de Sumar. Ese día, 48 horas después de la presentación en sociedad de la plataforma y su candidata en el polideportivo Magariños de Madrid, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el Real Decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales, y no el de las generales… A Podemos se le habrá acabado la excusa para el ruido salvo que quiera ”inmolarse” el 28M, dicen en el PSOE.

No obstante, casi nadie en La Moncloa o Ferraz se llama a engaño: la guerra seguirá por otras vías; por ejemplo, la Ley de Familias, que la ministra de Agenda Social, Ione Belarra, insiste en llevar al Consejo de Ministros, a pesar del duro informe en contra de sus propuestas emitidas esta semana por el Consejo de Estado, o la Ley de publicidad de alimentos infantiles, también bloqueada.

Si Belarra insiste en llevar la Ley de Familias al Consejo de Ministros, los socialistas la frenarán en Comisión de Subsecretarios, por ”invasión de competencias de otros ministerios, además de que propone un sistema de ayudas imposible de llevar a la práctica”

Si Belarra insiste en llevar la Ley de Familias al Consejo de Ministros, los ministerios socialistas la frenarán en la Comisión de Subsecretarios, antes de que llegue a la mesa de Moncloa, por ”invasión de competencias de otros ministerios, además de que propone un sistema de ayudas imposible de llevar a la práctica”, señala a Vozpópuli una fuente ministerial conocedora de ese expediente administrativo.

La parte socialista del gobierno no está dispuesta ya a pasar ”ni una decisión” que suponga enfrentamiento social, después de la experiencia traumática en el seno de la coalición con la Ley del solo sí es sí, y vigilará con lupa en este año electoral decisiones que puedan crear más malestar; en leyes como esa de familias, pero también en la Ley de Vivienda, respecto a la cual PSOE y Podemos siguen cruzándose papeles en busca de un consenso mínimo.

De momento, Belarra y los suyos no han aceptado el tope del 3% al alquiler entre particulares, que proponía la vicepresidenta Nadia Calviño, que no quiere que una regulación excesiva de ese sector acabe en otro aumento de precios porque la oferta se contraiga debido a que los pequeños propietarios que tienen en ese ingreso una segunda jubilación se nieguen a poner sus pisos en el mercado.