La infiltración de un policía nacional en movimientos okupas y anticapitalistas de Cataluña suscitó la indignación en los colectivos independentistas, toda vez que cinco mujeres con las que mantuvo relaciones en el transcurso de su misión presentaron una querella al entender que esos contactos “sexoafectivos” no fueron consentidos por no conocer su verdadera identidad. El caso llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde diputados separatistas registraron una batería de preguntas sobre la intervención del infiltrado, conocido en algunas esferas con el sobrenombre de Dani, el Poli Cupido. El Gobierno, por su parte, se pone de perfil en su respuesta y asegura que serán los jueces quienes dictaminarán el caso.

Los movimientos de Dani entre los movimientos anticapitalistas se remontan al año 2020, cuando se instaló en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Con el objetivo de entrar en esos entornos, se puso en contacto físicamente con algunas mujeres de la zona, aunque también empleó una aplicación de contactos llamada OkCupid; esa es la razón por la que ahora se le conoce con el sobrenombre de Poli Cupido.

Pasó cerca de dos años infiltrado, un periodo de tiempo en el que habría mantenido relaciones con varias mujeres de estos colectivos. Al menos, así lo denunciaron cinco mujeres tras desvelarse la verdadera identidad del agente. Todas ellas presentaron una querella asegurando que, al no conocer quién era realmente Dani, las relaciones no estaban realmente consentidas.

La información suscitó un gran revuelo en partidos y colectivos independentistas, así como en otras formaciones políticas catalanas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo explicaciones sobre la infiltración del agentes. También lo hizo el consejero de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, de ERC.

Las preguntas

Y la polémica llegó hasta el Congreso de los Diputados. La parlamentaria Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, registró una batería de preguntas relacionadas con el caso para que el Gobierno manifestara su postura. “¿Considera aceptable el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Igualdad, que un policía encubierto utilice las relaciones sexoafectivas con mujeres activistas […] para obtener información e infiltrarse?”.

La diputada de Junts también interpeló al Gobierno y a Igualdad sobre si consideraba este episodio como un “caso de violencia sexual institucional”, y si la actividad de Poli Cupido no supondría un “ataque frontal” a las políticas del Ministerio que dirige Irene Montero, al considerar que las mujeres denunciantes fueron “utilizadas sexualmente”, “cosificándolas” y “degradándolas”.

La respuesta del Ejecutivo

El Gobierno, en su respuesta, opta por ponerse de perfil ante todas las preguntas de la diputada de Junts: no manifiesta su opinión respecto a la actuación del agente, pero tampoco expresa su apoyo a las investigaciones de la Policía Nacional en el caso. En cualquier caso afirma que la Justicia será quien tome cartas en el asunto para determinar si la infiltración del policía fue acorde a la ley.

“En relación con sus preguntas, en primer lugar y dado que estamos en un Estado de Derecho, se señala que el Gobierno respeta, como no puede ser de otra forma, la separación de poderes, por lo que serán los Jueces los que dictaminen sobre el caso concreto”, afirma el Ejecutivo en su valoración por escrito, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes de este martes.

De forma tangencial, y sin entrar a valorar la actividad de Dani, el Poli Cupido, Moncloa asegura que “la erradicación de la violencia contra las mujeres es un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas de este Gobierno”. Y manifiesta su “rechazo a cualquier forma de violencia”, así como su compromiso “con la protección de los derechos humanos para todos” y “la no discriminación entre mujeres y hombres”.

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