España

Pedraz inadmite la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal

El juez escucha a Anticorrupción y desestima la querella al considerar que la denuncia anónima no tiene base suficiente para abrir causa

  • Pedro Sánchez

Santiago Pedraz ha inadmitido la querella del Partido Popular contra el PSOE por presunta financiación ilegal. El magistrado de la Audiencia Nacional actúa en consonancia con lo expuesto por la Fiscalía Anticorrupción y rechaza investigar una presunta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz. Además, descarta poner el libertad al líder de esta red, Víctor de Aldama. 

El Partido Popular interpuso la querella en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra una trama de hidrocarburos. Pedraz abrió diligencias para investigar al cabecilla Aldama, por impulsar esta red con la que habría defraudado al fisco más de 180 millones de euros.

Se da la circunstancia de que Aldama se ha convertido en pieza clave del caso Koldo por el nivel de influencia que tenía en el Ministerio de Transportes, así como por sus vínculos con Air Europa (que le contrató para recuperar una deuda de 200 millones de dólares de Venezuela) y con el Gobierno de Venezuela. El juez Pedraz acordó su ingreso en prisión el pasado 10 de octubre por su implicación en la trama y la gravedad de los delitos que se le imputan. 

Falta de indicios

En el marco de este procedimiento (que está bajo secreto de sumario), el PP interpuso querella en la que se solicitaba que se abriera una pieza separada para investigar si un empresario anónimo implicado en esta trama de hidrocarburos habría efecutado pagos en 'B' al PSOE. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se amparó en una información publicada por The Objective según la cual este empresario, que sería socio de Aldama, llevó a Ferraz bolsas con 90.000 euros en metálico. 

Además del PSOE, la querella iba dirigida también contra Aldama, Koldo García, el empresario Claudio Rivas (socio de Aldama) y la mercantil Villafuel por los delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y tráfico de influencias. En su respuesta, Pedraz explica que las denuncias anónimas tienen "plena validez" para iniciar una investigación, siempre y cuando vayan avaladas por datos que así lo corroboran. 

La jurisprudencia determina al respecto que las informaciones de prensa aportadas "deben sustentarse en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica"; en este caso, una presunta financiación irregular del PSOE. En ese sentido, Pedraz determina que ese "algo más" necesario no se aprecia en la querella de los populares. De hecho, indica que de lo actuado hasta la fecha en esta causa de fraude "no aparece vinculación alguna con lo denunciado".

Tras el rastro de 74 millones

"Incluso aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Misterio Fiscal, al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas D. Previas del Juzgado Central de Instrucción 2 y contradice también a dichos denunciante", reza Pedraz en su auto. Por el contrario, sí admite su personación al igual que la de Vox, Manos Limpias y Hazte Oír previo pago de una fianza de 10.000 euros.

Además, el magistrado descarta admitir el recurso de Aldama contra su ingreso en prisión. Según razona, se han acordado múltiples diligencias algunas de las cuáles, de hallarse en libertad "pudieran no llegar a su fin". Además, recuerda que aún queda por analizar todo lo localizado en los registros y seguir el rastro de cerca de 74 millones de euros que podrían haber sido desviados al extranjero.

Según precisa, esta cuantía supone una parte importante de lo defraudado y es necesario localizarla y bloquearla. Por ello, descarta aplicarle medidas menos gravosas (como la prohibición de salir de España) porque a día de hoy, con los medios telemáticos, podría seguir operando con las presuntas comisiones desviadas al extranjero. Por ello concluye que, una vez se aseguren las medidas acordadas, revisará su situación actual. 

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