La reforma del Camp Nou, con la que Joan Laporta pretende salvaguardar la viabilidad futura del Barça, se tensa. El equipo del presidente trabaja estos días al límite para conseguir que sus socios financieros en esta empresa, Goldman Sachs y JP Morgan, consigan colocar la financiación de las obras este mes para que el proyecto pueda comenzar en plazo, al cabo de la actual temporada, a un precio asumible para el club.
"Un 10% de interés o más", advertían a principios de año fuentes financieras próximas a inversores interesados en entrar en el proceso de la reforma. La Ejecutiva de Laporta ha buscado trocear la financiación en tres tramos de 500 millones para abaratar la operación, para lo que además se ha visto obligada a ofrecer el 55% de los ingresos futuros del estadio como garantía. Los bonos se colocarían entre inversores institucionales en Wall Street.
El primero de los tramos habría de cancelarse en 2032 con un nuevo préstamo de 525 millones para el que se promete un interés del 6%
El primero de los tramos habría de cancelarse en 2032 con un nuevo préstamo de 525 millones para el que se promete un interés del 6%, según la documentación sobre el proyecto. El último de los tramos vencería en 2052, con el Barça pagando un total estimado en torno a 2.600 millones, según estimaciones del mercado.
La adjudicación de las obras a la turca Limak -la que ofreció el precio más accesible y cerrado, entre otras garantías- pende ahora de la consecución de la financiación, que incluiría un fondo de unos 250 millones para imprevistos.
Las dudas que busca capear Laporta
"El proceso va regular", apuntan a este diario fuentes financieras, incidiendo en que el interés ofrecido por el proyecto es bajo tomando en cuenta comparables, a día de hoy. En los contactos, según las fuentes consultadas, el club no está detectando apetito por hacerse con la deuda con una rentabilidad cercana al 6%. Un escenario en el que confluyen la subida de tipos de interés y la situación propia del Barça, cuya incertidumbre supera máximos históricos tras el estallido del 'caso Negreira'.
La investigación de 17 años de pagos de la entidad culé al número dos del arbitraje en España amenaza al Barça con una exclusión temporal de competiciones europeas, un descenso de categoría e incluso la inhabilitación para competir por hasta cinco años. En este sentido, fuentes financieras consultadas por este diario apuntan al "factor reputacional" que puede disuadir a inversores de entrar en el proyecto e incluso empujar a actuales acreedores del club a reclamar cambios de condiciones.
El Barça afronta dos posibles hitos judiciales este mes: la activación del caso Negreira en sede penal, y la resolución del TJUE sobre la Superliga
"Quien va a querer poner tanto dinero con semejante riesgo", alerta una fuente financiera próxima a las conversaciones. Por lo pronto, la Fiscalía de Barcelona avanza en las investigaciones que salpican a la primera presidencia de Laporta y que apuntan a desembocar en la presentación de una querella este mes. Si así no fuera, la patronal de los clubes, LaLiga, tiene previsto hacerlo o bien personarse en cuanto un juez abra investigación judicial, toda vez que ya se ha presentado en los tribunales una querella a título particular de un exárbitro, Xavier Estrada Fernández.
Paralelamente, la entidad blaugrana tiene motivos para la esperanza ante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevista para esta primavera sobre el proyecto de Superliga europea. En ella, los blaugrana y el otro grande de España, el Real Madrid, van de la mano, precisamente, del banco JP Morgan.
Una sentencia favorable a la Superliga no disiparía la amenaza del caso Negreira -ya que las consecuencias deportivas podrían impedirle temporalmente participar- pero sí compensaría, en buena parte, el ansia potencial de ingresos de los inversores. Y ello, dadas las todavía elevadas posibilidades de que el Barça consiga, antes o después, hacerse un hueco deportivo en el torneo llamado a relanzar su negocio.
