La casualidad de existir dos ministras del Gobierno con igual apellido puede provocar una confusión acerca de a cuál de ellas se refiere el título de este artículo. Aunque bien podría ir referido a las dos, pues ambas han vuelto a demostrar la ausencia de preparación que les caracteriza en la promoción de sendas leyes con graves defectos, esta pieza va destinada a la ministra de Hacienda toda vez que el "sin Dios" de la de Igualdad, provocando la rebaja de condenas e incluso la excarcelación a múltiples agresores sexuales con su ley del "solo sí es sí" es ya de sobra conocida por la sociedad española. Por ello, la torpeza que vamos a tratar aquí y ahora es la que he tenido M. J. Montero en el diseño del ínclito Impuesto sobre las Grandes Fortunas.

Recordemos que ya, cuando se hizo realidad la propuesta de crear el impuesto, sorprendió el vehículo con el que nació. Crear un impuesto a través de la presentación de una enmienda a una ley en tramitación constituye una relevante creatividad en la producción de normas tributarias. Pero que el impuesto así creado tenga el mismo hecho imponible, el mismo sujeto pasivo, el mismo objeto tributario, y la misma base impositiva que otro ya existente como es el Impuesto sobre el Patrimonio, entra en los anales de la imaginación mas febril puesta al servicio de la Hacienda Pública. Todo ello sin dejar de considerar que el nuevo impuesto de Montero invade las competencias autonómicas en materia fiscal y pretende dejar sin efecto el ejercicio de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, dado que su auténtico objetivo no es otro que eliminar de facto en el Impuesto sobre el Patrimonio la bonificación instituida por los gobiernos regionales de Madrid, de Andalucía y de otros del Partido Popular.

Sucede que cuando una ley se hace al "corre, corre" la probabilidad de equivocarse aumenta, y ese riesgo se ha concretado en el caso de M. J. Montero al menos en dos cuestiones ciertamente relevantes. Una que lamentablemente perjudica a un conjunto de españoles que no son merecedores del perjuicio, y otra que beneficia al grupo de contribuyentes a los que la ministra Montero quería a toda costa perjudicar.

El Gobierno ha dejado sin efecto las bonificaciones autonómicas a los discapacitados, eliminando el escudo fiscal que protegía su patrimonio, como ha denunciado la plataforma que los agrupa

El primero de los errores afecta a un colectivo de los llamados vulnerables como es el de los discapacitados. En función de lo dispuesto en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, las Comunidades Autónomas pueden establecer beneficios fiscales a su favor en el Impuesto sobre el Patrimonio, posibilidad que han ejercido un buen número de gobiernos regionales, entre ellos varios de tinte socialista. Pero al deducirse del importe a pagar en el Impuesto a las GG. FF. la cuota efectivamente pagada del Impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno ha dejado sin efecto las bonificaciones autonómicas a los discapacitados, eliminando el escudo fiscal que protegía su patrimonio, como ha manifestado CERMI, la plataforma que aglutina a la mayoría de las personas afectadas por esta problemática. Fuera cual fuese el número de los afectados, y fuese cual fuera la dimensión del perjuicio en cada caso, la gravedad social del error es evidente. Ministra, vaya con su sensibilidad.

Hacer bien las cosas

El segundo error va en sentido opuesto al anterior. Es sabido, porque así se deduce de lo manifestado explícitamente por el propio Gobierno, que su pretensión al crear el nuevo impuesto es suprimir de facto el trato fiscal dado a sus contribuyentes por las Comunidades gobernadas por el Partido Popular en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante el cual los residentes en las mismas eran exonerados total o parcialmente de su pago, diferenciándose así del que recibían aquellos que residen en otras Comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Socialista. Sin embargo, el "corre, corre" de la ministra Montero ha provocado que, al definirse legalmente el límite de la cuota del nuevo impuesto sobre las GG. FF. se haya establecido su límite conjuntamente con los de otros dos -el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio-, pero considerando las respectivas cuotas íntegras de los tres. Quiere decirse que, en contra de lo pretendido por la ministra, el importe bonificado por algunas Comunidades en el Impuesto sobre el Patrimonio sí que va a reducir la cifra que los beneficiados por esta bonificación hayan de pagar en el nuevo impuesto creado por el Gobierno. En definitiva, frente a lo pretendido por el Gobierno, muchos de los residentes en Madrid o en Andalucía -por poner dos ejemplos- van a ser gravados patrimonialmente con menor intensidad que los que residan en las Comunidades gobernadas por el PSOE. Mala suerte ministra. Es lo que tiene no saber hacer bien las cosas.

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