La última sesión del Parlamento de Andalucía, celebrada este jueves, ha servido para dibujar un mapa de 'guerra' de cifras en la que se enzarzan el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas. Todo ello a cuenta de infraestructuras hídricas que deben ser acometidas por el Gobierno central y que deben tener refrendo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Durante la sesión de control a la que se somete Moreno Bonilla, cada quince días, el gobernante del Partido Popular ha denunciado "el recorte de un 12% de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en un año de sequía", algo que le resulta "incomprensible".

Moreno ha hecho alusión a la última reunión que mantuvo con Sánchez en Moncloa, el pasado mes de julio. A este respecto dice no explicarse cómo "después de hora y media de conversación sobre el agua ahora tengamos un doce por ciento de recortes para estas políticas y no haya la más mínima sensibilidad", ha dicho con enfado al dirigirse a Espadas y a la bancada del PSOE.

No puedo entender que Sánchez recorte a #Andalucía un 12% en inversiones para combatir la sequía cuando son fundamentales.

Pedimos un mínimo de sensibilidad.

Es necesaria una inversión poderosa de todos para garantizar la viabilidad de los sectores productivos andaluces. pic.twitter.com/Lf0NBZUh5V

— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 13, 2022

De hecho, ya este miércoles, durante la recepción de los Reyes con motivo del 12 de octubre, el barón autonómico aprovechaba un encuentro con periodistas para abordar esta cuestión."No es razonable, no es entendible este recorte, por lo que le voy a pedir al presidente del Gobierno que reconsidere eso, que haga una apuesta contundente por la inversión en obras para el agua en Andalucía, y que programemos junto con a las autoridades europeas los fondos para que podamos utilizarlos para algo tan importante como es el agua ahora mismo para Andalucía", dijo Moreno al referirse a Pedro Sánchez.

El martes, tras un Consejo de Gobierno al que Juanma Moreno asistió desde Bruselas, vía telemática, el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco cifraba en un 11,5% el descenso de las partidas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, medio punto por debajo de la cifra aportada por el presidente.

De forma simultánea a la petición que hacía Moreno desde Bruselas Pacheco reclamaba una actuación –de carácter urgente– para que los fondos europeos englobados en la categoría de Next Generation puedan dedicarse a la sequía. Existe, además, una resolución del Consejo de Gobierno andaluz, que será elevada a la Comisión Europea, para que se destine una partida extraordinaria a tales fines hídricos.

Fernández-Pacheco lamenta que Pedro Sánchez "esté faltando a su palabra" y "no permita" el reparto conjunto de tales fondos con las comunidades autónomos. El portavoz de la Junta fue más lejos al alertar sobre que los plazos puedan caducar, sin que se hayan utilizado estas partidas.

Tal y como informó Vozpópuli este martes, desde Bruselas, Moreno Bonilla trasladó al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, con cuyo jefe de gabinete se reunió este lunes –por enfermedad del comisario– que "haya planes específicos para las regiones más meridionales" de Europa, con el fin de hacer frente a la sequía. Fuentes del Gobierno andaluz, consultadas cifraron en unos 5.000 millones de euros los que tendrían que ser "reprogramados" para llevar a cabo inversiones en materia de agua. Se trataría de ejecutar canalizaciones, digitalizaciones de riegos, desoladoras e interconexiones.

Serían inversiones no ya "estructurales, sino coyunturales", ha aclarado Moreno, para que "podamos tener garantizada el agua". Las fuentes citadas apuntan a que Italia y, más concretamente, determinadas regiones del país transalpino, serían aliadas fundamentales de Andalucía, ahora mismo, a la hora de hacer fuerza ante las autoridades europeas en el contexto de "reprogramar" tales fondos.

Espadas contrapone 1.408 millones más invertidos por Sánchez con respecto a Rajoy en Andalucía

En el marco del cruce dialéctico parlamentario que han tenido este miércoles Moreno y Espadas el socialista ha calificado de "un poco desahogada" la visita del primero a Bruselas, "por el tema de pedir dónde quiere que vayan destinados los fondos", ha expuesto sobre la solicitud de Andalucía para reprogramar 5.000 millones de Next Generation para inversiones en materia de agua.

Poco después, durante un encuentro con periodistas en el Parlamento, Espadas ha contra puesto "1.408 millones de euros más" invertidos por Sánchez con respecto a Rajoy en Andalucía, concretamente en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Se trata de un total de 3.800 millones (durante el periodo 2022-2027) frente a los 2.392 del Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2018. El sucesor de Susana Díaz hace hincapié en "los 100 millones" presupuestados ahora por el Estado para acometer la infraestructura de Rules (Granada). Se trata de unas canalizaciones para llevar agua a la costa granadina que se demoran ya casi 20 años.

"Lo que no es razonable", replica Espadas al presidente de la Junta, "es que en plena sequía el señor Moreno no haya tomado ninguna medida para paliar sus efectos en nuestra tierra. Póngase ya a trabajar: ejecute las obras que tiene pendientes y asuma sus competencias. Andalucía necesita soluciones y no confrontaciones inútiles", ha sentenciado vía Twitter.

Lo que no es razonable es que en plena sequía el sr Moreno no haya tomado ninguna medida para paliar sus efectos en nuestra tierra. Póngase ya a trabajar: ejecute las obras que tiene pendientes y asuma sus competencias. Andalucía necesita soluciones y no confrontaciones inútiles. https://t.co/IhfzONbBrD

— Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) October 12, 2022

A pesar de la polémica que mantienen Moreno y Espadas a cuenta de la sequía el primero ha hecho una oferta de consenso al segundo, así como al resto de grupos parlamentarios, para llegar a un gran acuerdo en materia presupuestaria: "les pido un respaldo mayoritario", ha apelado el presidente al portavoz de Vox, Manuel Gavira, pero de forma extensiva al resto de partidos.

"Me gustaría que pudiéramos trabajar de aquí a diciembre para alcanzar una mayoría parlamentaria en torno a los presupuestos", más allá de los 58 escaños que garantizan al PP la mayoría absoluta. "Quizá haya que dejar la lucha de terminologías, y cambiar esa bronca permanente de terminología por el contenido", en alusión a las políticas de "perspectiva de género" que Vox pretende eliminar del nuevo articulado.

En el marco de los más de 45.000 millones de euros que recogen los Presupuestos de Andalucía Moreno anuncia que "serán de récord" en cuestiones como la sanidad, educación y políticas sociales.

El PP se queda solo en el Parlamento al convalidar el decreto sobre VTC en Andalucía

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este jueves, con los votos exclusivamente del PP-A, el Decreto-ley 8/2022, que modifica a su vez la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, regulador del servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que está en vigor desde el pasado 1 de octubre.

Vox se ha abstenido y PSOE y Por Andalucía han votado en contra. Estos dos últimos grupos habían pedido la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, pretensión que ha rechazado el PP por 57 noes frente a 51 síes.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido ante el Pleno del Parlamento este decreto que ha definido como "una norma con sello andaluz, diferente a la aprobada en la Comunidad de Madrid y en Cataluña".

La Junta ha remarcado que la elaboración del decreto ley es consecuencia de que el Gobierno dejase en manos de las comunidades autónomas la regulación de este asunto al suprimir el servicio urbano de VTC desde el 1 de octubre, informa Europa Press.

El Decreto ley convalidado fija zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación, y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, "en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios".

El decreto establece que los conductores de VTC "dispondrán de un plazo máximo de dos años para obtener la capacitación profesional computados desde la entrada en vigor" de esta norma.

Los conductores de vehículos adscritos a autorizaciones VTC deberán reunir, para la prestación del servicio, requisitos como "disponer de un permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial" y "certificado de capacitación profesional vigente para el ejercicio de la actividad expedido por la Consejería competente en materia de transporte".

También, "figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Seguridad Social", y "no desempeñar simultáneamente otros trabajos que afecten a su capacidad física para la conducción o que repercuta negativamente sobre la seguridad vial".

La norma establece que no habrá más autorizaciones que las concedidas por el Estado y "sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis".

El Decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad.

En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud; en concreto, un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco, y 4,5 metros para los cero emisiones. Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC, uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda.

Se aplicará el régimen sancionador del Estado y se otorga la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios contra las tarifas abusivas de los VTC en momentos de gran demanda y podrá establecer una tarifa máxima "previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios".

El decreto ley, ha defendido el Gobierno andaluz, "tiene como fin garantizar el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación".

La normativa andaluza ha buscado "que los VTC sigan trabajando, pero con unos requisitos para no dañar al taxi, y que este servicio público de interés general se vea también reforzado y asegurado", en palabras de la consejera. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha expulsado del Pleno a dos representantes del sector del taxi, quienes habían alzado la voz durante la intervención de Carazo y a quienes previamente había reclamado que guardaran silencio.