Que el indulto es una medida cuya competencia corresponde al Consejo de Ministros es una realidad. Que constituye una medida inevitablemente excepcional pues supone dejar sin efecto una resolución judicial, también. Estas dos premisas han de considerarse a la hora de valorar la posible -parece que incluso probable- concesión del indulto a José Antonio Griñán.

Pero no son las únicas, porque en el caso reseñado deben tenerse en cuenta otras tres. Una, el signo político de quien ha de decidir el posible -probable- indulto. Se trata de un Gobierno integrado mayoritariamente por socialistas y presidido por el actual secretario general del PSOE, máximo líder del partido. Dos, el perfil -también político- del potencial indultado. Griñán ha sido dos veces ministro en los gobiernos presididos por los socialistas González y Zapatero, ha sido consejero de la Junta de Andalucía cuando la presidía el socialista Chaves, ha presidido la Junta con un Gobierno socialista y, en el plano de partido, ha sido presidente del PSOE. Es decir, de consumarse el indulto, supondría que unos socialistas, actualmente presentes en el Gobierno presidido por un socialista, utilizarían una potestad de la que disponen por los cargos que ocupan para favorecer excepcionalmente a otro socialista. Y tres, que el favor consistiría en evitar la entrada en prisión a alguien que ha sido condenado por la comisión de dos graves delitos vinculados con la corrupción política que han supuesto un cuantioso perjuicio económico al Estado y un enriquecimiento ilícito para varios socialistas.

Griñán mantuvo vigente el mecanismo -en realidad, truco- que permitió el ilegal y brutal vaciado de las arcas públicas pese a los numerosos informes contrarios del Interventor General

Convengamos que, por muy ajustada a la legalidad que pudiera resultar la concesión del indulto, en la perspectiva ética y moral no tiene un pase. Porque, además, por muchos esfuerzos que se realicen desde varios y señalados foros y a falta de conocer el texto de la sentencia, la culpabilidad de Griñán parece ser una cuestión de libro. Recordemos que la sentencia del Supremo por la que se ratifica su condena es la tercera resolución judicial dictada en el mismo sentido. Solo un dato: Griñán mantuvo vigente el mecanismo -en realidad, truco- que permitió el ilegal y brutal vaciado de las arcas públicas pese a disponer de numerosos informes del Interventor General de la Junta de Andalucía que reiteraban la absoluta ilegalidad del sistema aplicado. Es decir, conociendo que era contrario a la Ley, mantuvo un sistema de reparto de fondos públicos que, en vez de dirigirse a los que deberían haber sido sus destinatarios, acabó en los bolsillos de varios dirigentes del PSOE, de la UGT y de la Junta de Andalucía. Una corrupción como un castillo.

Con estas coordenadas, la posible -probable- concesión del indulto sería un auténtico escándalo. Qué digo, sería un verdadero ¡escandalazo! Sánchez y sus ministros -socialistas- utilizarían una medida excepcional para salvar a un condenado por corrupción -también socialista- cuyos delitos han permitido enriquecerse ilícitamente a otros condenados -socialistas también-. Me reitero: ¡Vaya escandalazo!

Para evitar, o al menos aminorar, el carácter escandaloso que he reseñado sólo cabría que la concesión del indulto fuera precedida de un amplio consenso político

Solo existe una posibilidad para evitar, o al menos aminorar, el carácter escandaloso que he reseñado y consiste en que la concesión del indulto fuera precedida de un amplio consenso político, consenso que debería incluir a una amplísima mayoría del arco parlamentario y, en especial y de modo imprescindible, al principal partido de la oposición. Solo de este modo, se rompería el esquema ya reseñado por el que mediante el indulto unos socialistas benefician a otros socialistas.

En función de las declaraciones y actitudes públicas -de antes y de ahora- que realiza y mantiene Núñez Feijóo, lograr el citado consenso aparece como algo posible. Lo que ocurre es que, con sus declaraciones y actitudes, la sanchezería parece empeñada en hacerlo imposible. Decíamos el pasado lunes que Sánchez, sus ministros y el resto de sus peones están instalados en la práctica del permanente insulto al líder del PP. Pero en esta última semana, los malditos de la sanchezería han arreciado en el cumplimiento de la orden de insultar a Feijóo. Como muestra, Adriana Lastra -para sus correligionarios, “Lastre”- le ha llamado “machista, retorcido y mala persona”, y la ínclita ministra de Hacienda lo ha calificado como “el señor Mopongo”. Sin duda, además de demostrar falta de cortesía y carencia de argumentos, los sanchistas están cercenando la posibilidad de lograr acuerdos con el PP, incluido que éste apoye la concesión del indulto a Griñán. Ellos sabrán por qué.

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