Vox vuelve a la carga por la gestión del Gobierno en la pandemia del coronavirus. La formación ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la negativa de la Justicia a admitir a trámite su querella contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El partido que lidera Santiago Abascal sostiene que se han vulnerado sus derechos al no practicarse ninguna diligencia en relación a la querella interpuesta hace más de dos años.
En un recurso remitido al tribunal de garantías, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el equipo jurídico de Vox explica que se han vulnerado sus derechos constitucionales. Indican que tanto el Juzgado de Instrucción número 15 en el que recayó la querella como posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid tumbaron la denuncia por delito de imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores sin practicar las diligencia debidas.
Vox argumenta que fue una decisión "arbitraria" puesto que existían "indicios más que racionales" de la comisión de delito. Sostiene, al respecto, que se ha violado el artículo 24 de la Constitución sobre la tutela judicial efectiva. "El hecho de no haberse producido actividad probatoria y diligencias de instrucción supone una infracción de los artículos 299 y 311 de la LECrim al negarse sin base alguna el derecho de acceso a la Justicia de esta parte", apunta el escrito.
Vox denuncia indefensión
De esta forma, la gestión del Gobierno relacionada con la covid vuelve al Tribunal Constitucional, después de que este órgano declarara inconstitucionales algunas de las medidas más restrictivas que acordó el Ejecutivo en los dos estados de alarma. En este caso, Vox actúa contra la decisión de un juzgado de Madrid de no admitir a trámite la querella contra Sánchez y el resto de miembros del Consejo de Ministros.
La misma se interpuso en el Tribunal Supremo en abril de 2020 por la condición de aforados de todos ellos. En concreto apuntaba que el Gobierno debía haber tenido conocimiento de la gravedad de la emergencia sanitaria en la que podría verse España al menos desde enero de 2020, esto es, dos meses antes de decretarse el estado de alarma. "No se puede descartar que tuvieran otros datos internos al respecto", reza el escrito, el cual apeló a la advertencia de la OMS de ese mismo mes de enero sobre las consecuencias de la covid.
El alto tribunal aglutinó todas las acciones presentadas en los primeros meses de pandemia y las resolvió de manera conjunta. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, que no vio base para actuar contra el Ejecutivo, rechazó abrir causa penal alegando que los delitos que les atribuían (prevaricación, homicidio imprudente o lesiones, entre otros) no estaban debidamente justificados.
No obstante, remitió a los juzgados de instrucción aquellas denuncias relativas al supuesto material defectuoso adquirido por Sanidad o las contrataciones de empresas que suministraron material de urgencia. En ese contexto, Vox trasladó su querella a los juzgados de Madrid. La acción recayó en el número 15, que en una misma resolución incoó diligencias y las archivó.
Sin responsables penales
El partido recurrió pero el juzgado se mantuvo firme. En su auto de diciembre de 2015, explicó que los indicios de criminalidad aportados por Vox era "nulos" y dejó claro que los resultados "tristemente lesivos" de la pandemia generada por la covid solo serían imputables a alguien si hubiera habido "medios técnicos, humanos y científicos" para luchar contra ella. También apuntó que no se podía atribuir a nadie una "intención clara" de inacción, en tanto faltaban los medios necesarios.
Vox recurrió en apelación y llevó el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados respaldaron el criterio inicial insistiendo en que el juzgado justificó su decisión a tenor de lo acordado por el Supremo. Según explicaron, la Sala no era ajena a lo ocurrido en las residencias de ancianos ni tampoco a los estragos causados por el virus. No obstante no veían motivos de peso para abrir causa contra una persona concreta por estos hechos.
"La mera atribución competencial de la gestión de una determinada materia al departamento, Ministerio o Consejería dirigido por uno de los querellados no es suficiente. Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron", concluyó la Audiencia de Madrid.
El partido acude ahora al Tribunal Constitucional alegando, por un lado, la trascendencia del tema en cuestión, y, por otro, que se han vulnerado sus derechos. Vox quiere que el tribunal de garantías estudie si se le produjo indefensión al tumbar de plano sus acciones contra el Ejecutivo. Al respecto aporta doctrina de este órgano al que se dirige, y también del Supremo, que vendría a probar que su motivación de los hechos es más que suficiente.
Los aforamientos
Al hilo, también razona que la prerrogativa del juzgado acerca de los aforamientos no es óbice para que el órgano pueda conocer los hechos ya que, en caso de que hubiera indicio de delito, el juzgado podría elevar el asunto al Tribunal Supremo. "Y es que en el presente caso la querella se interpone por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad", apuntan.
"Así, no es cierto ni admisible cuanto se expone en el auto de archivo, que indica que no se ha concretado qué acción típica, antijurídica y culpable han cometido los querellados", responde el partido en su recurso. Vox añade que el supuesto conocimiento que tenía el Gobierno de la gravedad del coronavirus ya lo manifestó algún ministro y, pese a ello, no se preparó ninguna medida de antelación para evitar el colapso del sistema sanitario.
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