ERC ha reclamado este miércoles el traspaso de Rodalies y El Prat al Gobierno catalán, la regularización de todos los migrantes y una reducción del gasto militar en las propuestas de resolución presentadas en el marco del Debate sobre el estado de la nación.

En concreto, el partido ha instado al Gobierno a traspasar la financiación, la ejecución y la titularidad del conjunto del sistema ferroviario al Gobierno catalán, lo que también incluye los trenes de Media Distancia y Alta Velocidad, con la vista puesta en "garantizar la transformación hacia la movilidad sostenible y la priorización del transporte público". En cuanto al Aeropuerto de El-Prat, ERC justifica que el traslado aseguraría que su futuro se decide sobre consenso territorial y condicionado a criterios ambientales y sociales.

En esta resolución, en la que el partido catalán se centra en lograr un transporte sostenible y eficiente, también pide fijar un calendario de ejecución por tramos de las obras del Corredor Mediterráneo que no supere la fecha límite de 2023, así como garantías para su desarrollo y priorizar el transporte de mercancías a través de servicios ferroviarios, sin que ello signifique reducir servicios de transporte de pasajeros.

Asimismo, reclama establecer mecanismos que garanticen la ejecución de las inversiones reales presupuestadas en los Presupuestos Generales del Estado no ejecutadas en 2021 para que se ejecuten a lo largo del presente ejercicio y establecer un mecanismo de compensación si la ejecución real de Cataluña queda por debajo de la media total.

Además, ERC insta al Gobierno a adoptar un papel activo en las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo para "reorientar" las propuestas y hacerlas "coherentes" con los Derechos Humanos y cumplir todos los estándares internacionales en esta materia en todos los procedimientos fronterizos que contempla el pacto actual.

Recorte en el gasto militar

ERC ha presentado otra propuesta, en este caso de resolución sobre el recorte de gasto militar en favor de la inversión social, en concreto políticas sociales y pensiones. Además, ha planteado la enajenación y cesión de cuarteles o instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas para proyectos municipales de uso social. ERC plantea la apertura de un período de diez meses para que los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de espacios.

En esta línea, reclama realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas, en el mismo período, para que los Ayuntamientos puedan solicitar directamente la enajenación o gestión a la cartera de Defensa, al tiempo que ha pedido una partida en los Presupuestos Generales del Estado que permita atender el proyecto de reforma de la infraestructura de estos terrenos.

Referéndum de autodeterminación en el Sáhara

Bildu y BNG se han sumado a ERC y han reclamado en sus propuestas de resolución en el Debate sobre el Estado de la Nación revertir el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental y restablecer la posición tradicional de España de apoyo al referéndum de autodeterminación en la zona.

Los republicanos y abertzales han registrado un texto conjunto para ahondar en la "responsabilidad histórica" y la "deuda moral" de España con el pueblo sahararui. En esta línea, las dos formaciones instan al Gobierno a emitir una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, para revertir el respaldo del jefe del Ejecutivo al plan de autonomía del país vecino.

También demanda otorgar el estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, y restablecer las relaciones "bilaterales horizontales" con las instituciones sahararuis. De esta forma, llaman a insistir, ante las instancias internacionales oportunas, en la "urgencia de culminar la descolonización" del Sáhara Occidental, acorde al derecho internacional.

Quitar el fuero a Juan Carlos I

Esquerra Republicana y Bildu se han aliado en el Congreso para presentar hasta ocho propuestas de resolución conjuntas en las que plantean, entre otras cosas, quitar el fuero a Juan Carlos I y su consorte, la Reina Sofía, que la Cámara investigue sus posibles actividades como comisionista y las cuentas que la Familia Real pueda tener en paraísos fiscales.

Además de insistir en la necesidad de que se derogue el delito de injurias a la Corona y se amnistíe a todas las personas perseguidas o condenadas en virtud del mismo, ambas formaciones independentistas piden que se cuantifiquen todos los gastos que genera la Corona. Entre las propuestas que someterán a votación este jueves en el Pleno del Congreso, figuran, asimismo, una nueva Ley de Fondos Reservados, reformar la del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También defienden modificar todos los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana "que atenten contra los derechos y libertades básicas de la ciudadanía", así como todos los contenidos en la Ley de Extranjería "que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas migrantes".

Cambios constitucionales para reconocer "la existencia de naciones"

De su lado, el PNV plantea que el Gobierno admita "la existencia de la naciones vasca, catalana y gallega" y se comprometa a impulsar "los cambios constitucionales pertinentes a fin de reconocer la existencia de diferentes naciones dentro del Estado Español declarando la plurinacionalidad del mismo".

Por su parte, Junts va más allá y pretende que la Cámara reconozca y respete "la voluntad de autodeterminación expresada mayoritariamente por el pueblo catalán" en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y condene la, a su juicio, "vergonzosa" represión ejercida entonces por el Gobierno de España.