La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para determinar si el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, incurrió en un delito de injurias y calumnias cuando llamó "prevaricador" al juez instructor del llamado caso Dina en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid ha adoptado esta decisión tras ser alertada de estos hechos a través del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y de la Fiscalía General del Estado por si las declaraciones que realizó Iglesias en una entrevista en abril hubiesen sido constitutivas de delito.
Según informó en su día el diario El Mundo, la fiscal jefe inspectora de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, remitió a la de Madrid un decreto que recogía frases de la citada entrevista en la que Iglesias hizo referencia a "supuestas manifestaciones del magistrado a un periodista relativas a que iba a acabar con Pablo Iglesias (...) dicho con un elemento de satisfacción y alegría».
El exvicepresidente del Gobierno continuaba diciendo que García Castellón era "un juez mediocre" y consideraba por ello que podía "pasar a la historia como un prevaricador en el contexto de una supuesta guerra judicial ilícita contra Podemos". La fiscal jefe inspectora optó por dirigirse a la Fiscalía de Madrid al considerarla "territorialmente" competente para investigar estos hechos -que calificó de un posible delito de injurias o calumnias con publicidad contra funcionario público-, por estar en la capital la sede judicial en la que este magistrado presta servicio.
Las criticas del exlíder de Podemos a García Castellón surgieron a raíz de que el magistrado decidiera retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina, una pieza separada del caso Villarejo relativa a la sustracción de la tarjeta de memoria del móvil de una asesora de Iglesias, Dina Bousselham.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión al dudar de la veracidad de las versión que ofreció Iglesias sobre lo ocurrido con esta tarjeta, cuyo contenido descubierto en un pendrive intervenido en el domicilio del excomisario José Villarejo a raíz de su detención en 2017.
Tras descubrir que desde la revista Interviú se le devolvió a Iglesias la tarjeta sustraída y, que tras poder acceder a su contenido, resultó que estaba inservible cuando fue puesta a disposición del juzgado, el magistrado se dirigió al Tribunal Supremo, al estar aforado como miembro del Gobierno, para que se le abriera una investigación por descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación al robo del móvil de su exasesora.
El magistrado, en su exposición razonada al Supremo, llegó a considerar que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.
El Supremo sin embargo rechazó imputar a Iglesias y remitió de nuevo la causa a García Castellón, que finalmente, y tras intentar determinar sin éxito si los desperfectos en la tarjeta fueron intencionados, optó por cerrar la instrucción y mantener únicamente como investigados a los periodistas de Interviú que obtuvieron la tarjeta de Dina, después de que esta exonerara al que fuera su jefe señalando que tenía permiso para acceder a su móvil.
