El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha admitido la denuncia presentada por la Fiscalía del propio tribunal contra el exjuez Fernando Presencia por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra las altas instituciones del Estado por las acusaciones lanzadas contra magistrados del Tribunal Supremo (TS), acordando asimismo el cierre cautelar de su página web.
En un auto de este mismo martes, recogido por Europa Press, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha accedido cerrar el sitio www.acodap.com a petición del Ministerio Público y con apercibimiento para Presencia de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al requerimiento.
En este contexto, el magistrado también ha acordado tomar declaración como investigado a Presencia al tiempo que ha ofrecido la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados afectados, entre los que se encuentran el presidente del CGPJ y del TS Carlos Lesmes y los jueces del Alto Tribunal Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela, Vicente Magro, Ángel Luis Hurtado, Susana Polo y Andrés Martínez.
En la resolución, Gadea explica que a través de la citada web "se solicita a los usuarios de internet que efectúen donaciones en favor de la Asociación Acodap y de su presidente Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción".
En relación con el cierre de la misma, Gadea argumenta que hay que ponderar los intereses en conflicto -de un lado el derecho a la libertad expresión y de otro la salvaguarda del orden público- y que procede la medida, especialmente "cuando existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran" la página.
Poner fin a los delitos denunciados
A juicio del magistrado, "el ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, tampoco puede menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona". La medida de acordar el cierre cautelar de la web es por tanto, según Gadea, necesaria "para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecie otra opción menos gravosa e igualmente efectiva".
Adicionalmente el magistrado ordena también oficiar a la Guardia Civil para que investigue los hechos de la denuncia, identifique todos los presuntos perjudicados e informe sobre las aportaciones que se realicen a Acodap.
Estas diligencias llegan después de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, presentase una denuncia en la sede judicial después de que así se lo solicitaran los magistrados del Tribunal Supremo anteriormente mencionados.
Un magistrado pidió la intervención de la Fiscalía
La Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a investigar después de que el pasado día 6 Sánchez Melgar compareciera solicitando la intervención del Ministerio Público por una publicación donde se le acusaba de poseer dinero supuestamente obtenido de sobornos en un paraíso fiscal.
Los demás comparecientes, relataba Alonso en la denuncia, pusieron de manifiesto hechos "similares". Y "en todos los casos se hace referencia igualmente a la existencia de una trama delictiva en la FGE y en el TS en la que los citados magistrados constituyen pieza esencial", resumía, haciéndose eco de dichas publicaciones web.
La Fiscalía detallaba que, en un vídeo difundido por YouTube, el propio Presencia "imputa a diversos magistrados de la Sala Segunda del TS la aceptación de sobornos supuestamente en razón a actuaciones jurisdiccionales y la posesión de cantidades económicas importantes en diversos paraísos fiscales".
Cabe recordar que el pasado 10 de junio el TS denunció a Presencia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no guardan relación alguna con la "verdad" de la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.
Ya avanzaba que estaba previsto que el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, remitiera la documentación a la Fiscalía para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, actuara contra Presencia, que fue expulsado de la carrera judicial, condenado en dos ocasiones por sendos delitos de prevaricación judicial e inhabilitado para ejercer como juez.