Pido a Margarita Robles que resista, que aguante. No lo ha dicho el ministro del Interior, el presidente del Gobierno o miembros del Ejecutivo de coalición. Quien ha pronunciado esta frase es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el caso del espionaje a independentistas catalanes. Sorprende que lo haga un líder de la oposición y que no se escuche, con declaraciones públicas y notorias a su propio Gobierno, incluidos los del bloque de Podemos. Pedir explicaciones y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones del país es de demócratas, pedir que rueden cabezas sin más y reclamarlo desde el seno del propio Gobierno del que forma parte, como ha hecho Ione Belarra, choca con las mínimas formas de respeto y lealtad que deberían brillar en política.
Las declaraciones definen a las personas. Mientras que en el escándalo de las comisiones por las mascarillas, el alcalde de Madrid defiende a muerte al cargo administrativo del Consistorio que hizo la gestión, en el caso del espionaje han abandonado a su suerte a la ministra Robles. La han dejado sola. Ella misma ha asegurado que muchos de los que hablan se quedarían asombrados si conocieran la información clasificada. Desde las tribunas, del Congreso y del Parlamento catalán se lanzan declaraciones de uno y otro color en base tan sólo a una información periodística, cuando deberían esperar a que el asunto se trate en la Comisión de Secretos Oficiales que no funciona desde el 2019, pese a que debería reunirse cada seis meses, cuya misión es que los grupos parlamentarios fiscalicen la labor de los servicios de inteligencia.
La misión del CNI es la de proteger nuestra seguridad y los políticos deben velar porque así sea. Y debe hacerse sin ningún tipo de sectarismo ni de introducir vetos
Además, quienes participan en dicha comisión firman un compromiso de confidencialidad, penado bajo ley en caso de incumplirlo. Por ello, pese a que la titular de Defensa ha demostrado nuevamente su capacidad como magistrada al insistir por activa y por pasiva en que todo lo que hace el CNI lo hace cumpliendo la ley, cabría esperar que, además de su comparecencia voluntaria ante el Congreso, se produjera una intervención conjunta de las tres carteras con responsabilidades en la materia -Interior, Defensa y Justicia-, y que se acaben los vetos, se forme la comisión y se estudie el caso en el ámbito que la ley señala.
Comprensible es que en medio de una pandemia puedan dejarse apartados aspectos fundamentales del engranaje del Estado de derecho pero no es admisible la parálisis total. Se deben dar explicaciones donde corresponde, ante los representantes que se señale, de acuerdo con la normativa vigente, bajo el estricto cumplimiento de no revelar ningún tipo de información. La misión del CNI es la de proteger nuestra seguridad y los políticos deben velar porque así sea. Y debe hacerse sin ningún tipo de sectarismo ni de introducir vetos a determinadas fuerzas políticas. Pónganse a trabajar que falta hace. Por ahí hay una mesa de diálogo que acumula ya toneladas de polvo, los meses pasan y el parón político del verano está a la vuelta de la esquina. Cuídense.
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RafaR
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Vaya cacao mental que tiene la que escribe esto. Vamos a ver, ni la existencia de una pandemia justifica que se dejen de lado aspectos del estado de derecho (el mismo estado de derecho provee de los mecanismos que se han de seguir para tomar determinadas medidas de acuerdo a derecho -aunque, vomo ha quedado demostrado, el gobierno se las ha saltado a la torera-), ni el veto que menciona debe ser eliminado sin más para permitir que los enemigos de la nación la dinamiten desde dentro. No hay que ser tan simplista ni tan buenista, señora. Que luego, cuando esta pandilla de indeseables haya acabado con nuestro estado de derecho (que es lo que pretenden), vendrán las lamentaciones. Me cuidaré, eso seguro. Pero espero que me dejen.
Sin_Perdon
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Cualquiera que a estas alturas pertenezca al Gobierno es cómplice de todos y cada uno de los desatinos que el mismo comete. Margarita ha callado, cuando no dado su apoyo, ante medidas anticonstitucionales como los dos Estados de Alarma. Una jurista de prestigio como ella, si encima fuera decente, habría DIMITIDO el mismo día que salieron las sentencias del TC. Imaginarse a estas alturas que Margarita es mejor que el resto, cuando no es más que un peón en manos de Sánchez, es darle una altura moral de la que claramente carece. Ahí la vemos, sola y abandonada por el resto del Gabiente, dando explicaciones ante los enemigos de España (y por increíble que parezca, socios de su propio Gobierno). Y resistiendo como pide Inma, aunque no se sabe bien para qué ni para quién, para España y los españoles desde luego que no. No estaría de más que algunos periodistas recapacitaran antes de escribir según qué cosas y sobre qué personas. Los denigra a ellos.
Viriatus
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Robles ha dicho verdades como templos, pero aun falta por llamar a las cosas por su nombre. Y en este sentido, creo que las fuerzas políticas constitucionalistas no saben ni responder ni contraatacar. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre: lo de PegasusGate, o CatalanGate, no es espionaje (a lo que deberían en todo caso, anteponer como presunto), sino investigación. Porque todo estado de derecho tiene eso, el derecho, y el deber, de investigar lo que hacen aquellos que quieren acabar con él. Espionaje es otra cosa, por ejemplo lo que hace la Generalidad de Cataluña. Para los que vivimos en Cataluña, sabemos que nuestros hijos, niños, NIÑOS, han tenido que contestar una encuesta sobre nuestras costumbres en casas, como qué idioma hablamos, entre nosotros, padres con hijos, entre niños, en el patio del recreo, en qué idioma vemos la tele, o leemos habitualmente... ¿con qué objetivo? No se sabe. ¿Fue anónima la encuesta? En principio parece que sí, pero le pregunté a mi hijo mayor y me dijo que la hicieron por ordenador, sin poner nombre... pero claro, conectándote a la red del instituto con usuario y contraseña... vamos, que el informático del cole ya habrá pasado datos al departamento correspondiente sobre nuestras inclinaciones políticas en función de nuestros usos lingüísticos. El "honorable president" exige explicaciones porque presuntamente le han espiado. Yo le exijo lo mismo porque ha espiado a nuestras familias, empleando NIÑOS. Y esto no es una presunción. En en cuanto a compartir secretos... bueno, espero que los proetarras socios de gobierno compartan secretos para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Ante todo, espero de los políticos constitucionalistas que contestaran esto.