El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto el sumario sobre el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola, en Alicante, en el que murieron un jubilado de 57 años y una niña de 6 y que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002, y ha instado a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que le remitan todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.
En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado que se aporte toda la información obrante de los que fueran jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y Ainhoa Múgica, 'Olga'; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza, 'Navarro'; del aparato político Mikel Albisu, 'Mikel Antza', del aparato internacional Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo' y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'.
El magistrado justifica su decisión ante la existencia de "nuevos elementos o circunstancias a valorar" y que pueden guardar "directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal". "En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal", asegura.
Fue el pasado 11 de marzo cuando el juzgado acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección, el ZUBA, en el momento del ataque. Unos días mas tarde, el Ministerio Fiscal presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la presenta causa además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Reapertura de otros casos
La decisión del magistrado se produce semanas después de que admitiese a trámite otra querella de Dignidad y Justicia contra nueve exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP de la localidad guipuzcoana de Ermua Miguel Ángel Blanco, cometido entre el 10 y el 12 de julio de 1997. En paralelo, otros jueces de la Audiencia también están investigando la presunta responsabilidad de exdirigentes de la banda terroristas en crímenes de ETA, como el del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995. Dignidad y Justicia ha impulsado estos procedimientos al considerar que se puede condenar a los querellados en concepto de comisión por omisión porque podrían haber impedido los atentados dada su capacidad de mando en la organización terrorista. Sería la figura, dice la querella, del "autor detrás del autor". En el caso de la acción terrorista de Santa Pola, la querella indica que los seis querellados presuntamente integraban la cadena de mando intermedia y el comité ejecutivo y que omitieron las contraórdenes para que el atentado no fuese realizado.
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