El Grupo Parlamentario Socialista de Andalucía ha presentado una moción que se debatirá en el Parlamento, relativa a las políticas de lucha contra la desinformación, impulso democrático y buen gobierno. Parece que el documento presentado por el PSOE-A es tan sólo la antesala de la ley que prepara Sánchez, y es que se centra principalmente en los temas relacionados con los medios de comunicación y la lucha contra la desinformación, siguiendo las directrices del líder de los socialistas.
Pedro Sánchez, aseguraba hace unos días que para luchar contra la “máquina del fango” va a poner en marcha una nueva ley con tres premisas principales. Exigirá a los medios que aclarar sus dueños y accionistas, quiere acabar con la publicidad institucional dirigida a medios que difunden bulos y también quiere el presidente del Gobierno, mayor transparencia en la medición de audiencias, para lo que va a estandarizar los barómetros que sirven para distribuir esa publicidad pública.
En estos tres principios se basa el documento presentado por los socialistas andaluces y que se va a debatir en el Parlamento de Andalucía. Especialmente significativos son los puntos 11 y 12 del documento presentado por la portavoz socialista, Ángeles Férriz a la mesa del Parlamento. En el punto 11 se insta al Consejo de Gobierno a estudiar una legislación “antibulos” similar a la promulgada en Francia en 2018, destinada a combatir aquellos bulos que son difundidos masivamente y de forma deliberada con el ánimo de alterar la paz pública. A excepción de los supuestos de contenido de opinión que tiene que ver con el derecho fundamental a la libertad de expresión.
En el punto número 12, destaca que se pide solicitar al Gobierno de España el impulso de los cambios legislativos necesarios para la persecución del uso de la desinformación y la mentira cuando tenga por objeto generar odio o la quiebra de la convivencia, procurando una mayor agilidad de la Justicia en el examen y en su caso sanción de estas conductas, siempre con respeto al ejercicio de la libertad de prensa.
Publicidad y dueños de los medios
Siguiendo todos los principios de la ley que anunció Sánchez en su lucha contra la “máquina del fango”. El grupo de los socialistas andaluces también ha incluido en el documento puntos relacionados con la publicidad institucional y con los dueños de los medios y sus accionistas, amparándose en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación
Así reza en el punto número 7 que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar una nueva Ley de Publicidad Institucional conforme el Estatuto del 2007. En el número ocho se insta al Consejo de Gobierno a incluir una “cláusula de transparencia obligatoria” en los contratos de agencia de publicidad institucional que las distintas Consejerías y sus empresas públicas, celebren, para que toda la información de los contratos, adjudicaciones, beneficiarios, importes, plazos, objeto de las campañas de publicidad institucional, así como los medios de comunicación en los que se realicen, en ejecución de aquellos contratos de agencia, sean de libre conocimiento para el Parlamento, debiendo la Agencia o Agencias adjudicatarias de los mismos, remitir mensualmente al Parlamento de Andalucía dicha información para su traslado y conocimiento de los Grupos Parlamentarios. También solicitan en otro punto sobre publicidad institucional, en cumplimiento de lo dispuesto Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado este año, y de las resoluciones de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España en este sentido, a no conceder ayudas, subvenciones o contratar publicidad institucional a aquellos medios de comunicación y periodistas condenados por sentencia judicial por mentir o difamar; por no cumplir los códigos deontológicos de la profesión y/o por no respetar e incumplir los derechos laborales y económicos de los trabajadores.
Precisamente con respecto al en cumplimiento de lo dispuesto Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado este año, piden que aquellos medios que reciban dinero público, estarán obligados a publicar la identidad de las personas y/o grupos que componen sus consejos de administración. Además, piden una campaña de difusión para dar a conocer entre los profesionales y la ciudadanía los contenidos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación que tiene como finalidad proteger la independencia de los periodistas y aportar transparencia a los medios de comunicación, que tendrán la obligación de revelar quiénes son sus dueños y la publicidad estatal recibida.
El documento también recoge la necesidad urgente de alfabetización mediática y digital del conjunto de la población andaluza en todos los tramos del sistema educativo público andaluz (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad). Asignatura que debe ser impartida por profesionales del periodismo.
IA, conciliación y mejoras para los periodistas
Con respecto al mundo del periodismo el documento recoge numerosas peticiones de mejoras en las condiciones laborales de los propios profesionales de los medios. Piden los socialistas que se solicite al Gobierno de España reforzar las inspecciones laborales a las empresas periodísticas. Además de la creación de líneas de apoyo económico para que los jóvenes egresados de las Universidades públicas andaluzas puedan poner en marcha nuevos medios de comunicación, con especial atención a aquellos proyectos que sean cooperativas, y establecer incentivos para que las empresas periodísticas instauren planes de igualdad y medidas de conciliación familiar.
Otra de las medidas sería la de implementar un Plan de formación y reciclaje para profesionales del periodismo mayores de 50 años en desempleo, para que no queden desconectados del mercado laboral, entre otras muchas como la especial atención a la formación privada de periodistas y con respecto al uso de la Inteligencia Artificial, que obliguen a las empresas a advertir qué contenidos han sido elaborados mediante la misma, impidiendo, que puedan concurrir a ayudas o contrataciones públicas a aquellas que infrinjan las normas sobre uso de la IA.
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