En plena polémica política por la situación de la familia que ha pedido para su hijo más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Gobierno se han dirigido a la Generalitat para intentar garantizar la protección del menor.
Después de que un juez reconociera a la familia el derecho a un 25% de enseñanza en castellano, el TSJC ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela para que "preserven la protección de la intimidad" del alumno y de los padres, así como "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".
Además, ha dado diez días a la consellería para que justifique las medidas para cumplir con la obligación de impartir un 25% de las clases en castellano al grupo de este alumno, mientras la Fiscalía de Barcelona ha decidido investigar si los mensajes vertidos en redes sociales contra esa familia pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación.
Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien le ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.
El Gobierno, por boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha expresado su rechazo y condena a "cualquier acoso que se haya podido producir", ha afirmado que "las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad" y ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".
A su vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, además de condenar "cualquier tipo de acoso", ha asegurado que no comparte el criterio que utiliza la familia porque no cree que el castellano esté en peligro en ninguna parte de España sino que, "de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas".
Declaraciones Alberto Garzón
La propia situación, pero sobre todo estas declaraciones de Garzón han propiciado un nuevo acaloramiento de la polémica política, en la que el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase una comisión de delitos de odio por una "presunta agresión homófoba que no fue tal" en Madrid y no lo haga cuando "acosan" a un niño y a su familia en Canet de Mar por "querer estudiar español".
En respuesta a la opinión de Garzón sobre el castellano, Almeida ha comentado que "si están amenazando, intimando, coaccionando, violentando a un niño de cinco años porque quiere estudiar en español y la Justicia en Cataluña pide que se le proteja, hombre, pues algo de peligro debe haber".
El PP, además, ha ofrecido de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña por este caso, mientras el presidente de Ciutadans (Cs) en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha adelantado que se querellará contra el conseller de Educación si "persiste" en no cumplir la sentencia que estipula un 25% de castellano en las escuelas.
"Dar autonomía" a los centros educativos es lo que ha defendido la portavoz del grupo PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, para que, "en función del entorno sociolingüístico, decidan" cómo aplicar "de la mejor manera posible" y con "criterios pedagógicos" la sentencia del 25%.
Entre tanto, las familias de la escuela implicada contrarias a que el centro imparta una cuarta parte de las materias en castellano han hecho público un comunicado en el que han negado "cualquier tipo de acoso" y han asegurado: "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante".
En el comunicado, los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos -subrayan-" y afirman estar "por encima de toda polémica política".
También han expresado su postura los sindicatos USTEC, Intersindical CSC y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que han pedido, junto a la entidad Plataforma per la Llengua, que la Generalitat asuma responsabilidades en favor del futuro de la lengua catalana en la educación.
