España tiene uno de los periodos de cotización más cortos de la OCDE para disfrutar de pensión completa y es de los países que cuenta menos años para calcular la pensión. A esto se suma que las pensiones son generosas y suponen un gasto creciente y que tiene altas tasas de sustitución incluso con carreras cortas. Es el escenario que muestra el informe bienal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Pensiones de un vistazo, que alerta del impacto que supondrá el envejecimiento de la población sobre la "sostenibilidad financiera" del sistema de pensiones español, y avisa de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que acaba de aprobar el Gobierno será insuficiente para contrarrestar este factor y el incremento de gasto que supone la propia reforma de las pensiones de Pedro Sánchez.
En concreto, el pasado jueves el Congreso aprobó la primera parte de la reforma y el citado Mecanismo, que supone de entrada una subida de 0,6 puntos de cotizaciones sociales entre 2023 y 2032 con el fin de aportar 42.000 millones para la jubilación de los 'baby boomers'. La OCDE advierte de que los fondos acumulados con el Mecanismo de Equidad ascenderían al 2,3% de PIB en 2032. El Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea estima que la sustitución del IRP por la indexación del IPC aumentará el gasto anual en pensiones en un 1,4% del PIB en 2030 y en un 2,6% del PIB anual a partir de 2050.
La institución con sede en París considera que las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación son "poco exigentes" si se comparan internacionalmente. Mientras que en 2027, un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45 años.
Además, la OCDE ha puesto el acento en que en la mayoría de países se tiene en cuenta el total de la carrera laboral para calcular la pensión. En la UE, sólo Francia, Eslovenia y España emplean un horizonte temporal de 25 años o menos.
En España, las personas que han cotizado durante al menos 37,25 años (ascendiendo a 38,5 años a partir de 2027) puede jubilarse a los 65 años con una pensión completa. Esta condición del período de cotización es poco exigente en comparación internacional, excepto Italia que temporalmente tiene 38 años para la Cuota-100. Grecia y Eslovenia también seguirá teniendo un período relativamente corto de 40 años.
El documento explica que los ingresos de los mayores de 65 años equivalen en torno al 96% de los ingresos medios del total de la población, lo que supone ocho puntos porcentuales más que en el conjunto de la OCDE. Además, en España esta ratio ha crecido en 11 puntos respecto al año 2000, lo que significa que los ingresos de los mayores han crecido a una mayor ratio que los de los demás. Esto es consistente con el aumento en el gasto en pensiones, en alrededor del 3% del PIB desde 2000 (y antes de la covid), que es uno de los más altos de la OCDE.
La demografía explica sólo la mitad de esto, avisa, y, como en Finlandia, Grecia, Portugal y algunos otros países, el gasto en pensiones por jubilado creció mucho más rápido que el salario promedio. En España, los cambios demográficos se retrasaron en relación con otros países de la OCDE, pero el envejecimiento ahora se acelerará a un ritmo muy rápido, ejerciendo una fuerte presión sobre la sostenibilidad financiera.
El ahorro del Factor de Sostenibilidad
El sistema de pensiones seguirá generando altas tasas de sustitución incluso con carreras cortas, avisa el informe. Para los trabajadores con salario promedio de carrera completa, la tasa de reemplazo neta futura habría sido del 80% al salario promedio con el Factor de Sostenibilidad que creó el PP en 2013 y que no se ha aplicado. Ahora que acaba de ser eliminado, es igual al 89% en comparación con el 62% de promedio. Esta alta tasa de reemplazo será elegible a los 65 años, mientras que el mismo nivel requerirá trabajar hasta los 69 años en Holanda, Italia tendrá el 82% a los 71 años y Dinamarca, el 84% a los 74 años, detalla el informe en su anexo para España.
El organismo también ha ejemplificado que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad y su sustitución por la indexación al IPC y por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, respectivamente, "ilustran que una política consistente en el tiempo requiere de amplios consensos políticos antes de su implementación".
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