El Gobierno ha concentrado la aprobación definitiva de nueve leyes en el Congreso de los Diputados, incluidos los Presupuestos, en la recta final del año. Las Cortes viven una actividad frenética después de que algunas normas permanecieran en la nevera durante meses. Uno de los motivos de esta "prisa", según fuentes consultadas por Vozpópuli, es las dificultades que PSOE y Unidas Podemos prevén en la negociación de algunas iniciativas que se han aparcado para 2022. Y que puede afectar desde las pensiones hasta la reforma laboral o la ley de Vivienda.
Nueve normas se encuentran en su última fase de tramitación en el Parlamento. El Gobierno ha dado un empujón a varias leyes varadas en el olvido desde hace meses. Además de los Presupuestos, el Congreso pretende dar luz verde de aquí a final de año al segundo tramo de las pensiones -acordado sin la patronal-; la nueva ley de Seguridad Ciudadana; ley de Memoria Democrática; ley de Convivencia Universitaria; ley contra la Temporalidad en el Empleo Público; ley de Formación Profesional; ley de Protección a las personas huérfanas por la Violencia de Género; y el proyecto de ley que desarrolla el Ingreso Mínimo Vital.
Leyes de Amnistía y Presupuestos
La carga de trabajo para los diputados ha sido doble, porque todos los proyectos se están debatiendo a la vez que los Presupuestos. Esta situación ha provocado confusión, una ingente cantidad de vetos del Ejecutivo, errores y cierto guirigay en algunas enmiendas o que se mezclen debates como la ley de Amnistía de 1977 con las cuentas públicas.
Los grupos minoritarios de la Cámara dicen que prácticamente "no les da la vida para llegar a las sesiones". "Se pasan meses sobando una ley y de repente de un día para otro quieren aprobarla en cuestión de semanas", reconocía un diputado de uno de estos grupos a este diario.
Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso aseguran a este diario que el atasco de trabajo no es una casualidad, porque "se lleva meses trabajando en muchas de estas leyes a la vez". "La velocidad de trabajo es la misma desde que empezó la legislatura. Lo que pasa es que hay muchas leyes que no están en el foco, pero llevamos muchos meses trabajando muchas ponencias al mismo tiempo", explican desde el PSOE.
Otras voces, dentro del partido, creen que Pedro Sánchez ha pedido un acelerón por varios motivos. Por un lado, quiere todas estas leyes aprobadas para presentar un alto grado en el cumplimiento de los compromisos pactados por el Gobierno de coalición. Sánchez presentará la "auditoría" anual de su Gobierno a final de año. Por otro, el jefe del Ejecutivo es consciente de que en 2022 es año electoral en Andalucía, y quizá en otras comunidades, y preelectoral para las autonómicas, municipales y generales del 2023.
Podemos tiene leyes pendientes
La aprobación de los Presupuestos a finales de este año será un punto de inflexión para la coalición PSOE-Unidas Podemos. Fuentes de ambos partidos reconocen que agotar la legislatura hasta finales del 2023 será un camino de espinas. En Ferraz son conscientes de que necesitan un cambio de estrategia -el giro socialdemócrata-, que se ve permanentemente torpeado por los aliados separatistas y nacionalistas del Gobierno.
Desde el lado morado también se resta importancia a la acumulación de leyes. "Se trata de sacar los acuerdos de la coalición adelante y en algunos ya vamos tarde teniendo en cuenta que ha transcurrido ya casi la mitad de la legislatura", reconocen en Podemos. El socio minoritario de Gobierno sostiene que 2022 no tiene porqué ser más complicado que 2021 en su relación con el PSOE, y que todavía quedan muchas leyes pendientes de aprobar. Todo ello en un contexto de turbulencias a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aspira a liderar una plataforma de diversos partidos y movimientos de cara a las próximas elecciones.
PSOE y Podemos han exhibido en público sus diferencias por la nueva legislación laboral. El compromiso del Ejecutivo es lograr un acuerdo al que se sumen sindicatos y empresarios. El año que viene se abordará la nueva ley de Vivienda, que incluye la regulación de los precios del alquiler. Y el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, también está pendiente de llevar dos leyes a las Cortes Generales: una sobre protección animal y otra de diversidad familiar.
