La segunda sesión de juicio por el caso Villarejo queda marcada por las peticiones de nulidad de la macrocausa de espionaje y la solicitud de que se expulse a Podemos de la vista oral. La defensa de Gemma Alcalá, actual esposa del comisario jubilado, ha arremetido duramente contra el partido y ha requerido al tribunal de la Audiencia Nacional que aparte a esta acusación popular por el "uso electoral" que ha hecho de toda la investigación.
La defensa de Alcalá -que ejerce el abogado Sergio Nuño-, ha defendido en su turno de palabra que el partido se ha aprovechado de la causa para sacar rédito político y ha apelado a otra de las piezas del caso Tándem, relativa al presunto robo y difusión en prensa de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham, para insistir en que han hecho uso del procedimiento en sus campañas electorales. "Vamos a solicitar la expulsión efectiva de la acusación popular, como se hizo con el PP en Gürtel", ha defendido su defensa letrada en este segundo día de vista oral.
Si el primero estuvo marcado por el acceso a las agendas del comisario jubilado, en esta segunda sesión el foco se pone en la presunta invalidez de las pruebas recabadas por los investigadores sobre las tres piezas que ahora juzga la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Se trata de la primera vista oral por la gran causa de los encargos de espionaje del agente encubierto que arrancó en noviembre de 2017 en la Audiencia Nacional. Por estas tres líneas de investigación (proyecto Iron, Land y Pintor) se sientan en el banquillo un total de 27 personas.
En esta sesión han tomado la palabra los abogados de los implicados en la pieza Iron. La misma consistió en la contratación del entramado de Villarejo por parte del despacho de abogados Herrero y Asociados para espiar a otros exempleados del bufete de quienes sospechaban que les hacían competencia desleal. La defensa de Rafael Redondo (socio del comisario en el Grupo Cenyt) de Gemma Alcalá o del policía retirado Antonio Bonilla han cuestionado el principio de legalidad de la cadena de custodia en relación a todo lo incautado por los agentes en los registros de noviembre de 2017.
A ello se añade que los delitos que se investigan (en su mayoría revelación de secretos y prevaricación) estarían prescritos, ya que se cometieron principalmente en 2013. "Esta es una investigación absolutamente prospectiva", ha dicho el abogado de Alcalá, el cual también ha apuntado a una invalidez de las grabaciones insinuando que se podrían haber manipulado. Las escuchas, que el comisario efectuó durante decenas de años y que han permitido abrir una treintena de piezas en el caso Tándem, se han convertido en una prueba estrella para la Fiscalía Anticorrupción.
"Condena previa al juicio"
Frente a ello, los acusados cuestionan la validez del material. El más incisivo ha sido el abogado de la mujer del comisario, el cual ha defendido la principal tesis del policía, acerca de que el CNI está detrás de todo este procedimiento. "Nos consta que han sido aprehendidas grabaciones de su época como agente del CNI y todo ello aderezado de una terrible campaña informativa, tóxica, para vulnerar el derecho de defensa de los aquí acusados y generar un clima de condena previa a la celebración de este juicio", ha expuesto.
El letrado sostiene que la mujer de Villarejo no tuvo nada que ver ni con el encargo de Iron ni con Land (relativo al espionaje a una rama de los García-Cereceda por una pugna familiar). Solo por el primero de ellos afronta 46 años y nueve meses de prisión. Sobre el segundo, ha insistido en que nunca manejó el tráfico de llamadas de las presuntas víctimas del espionaje y que durante la instrucción no se practicaron pruebas en aras a acreditar los indicios delictivos. "Nunca participó en los proyectos que hoy se enjuician. Las acusaciones sorpresivas están prohibidas", ha recalcado.
David Macías, abogado defensor de Antonio Bonilla y de sí mismo, ha apuntado a la prescripción de los delitos y a la ausencia de incriminación. Pese a que Anticorrupción le sitúa en las reuniones con Villarejo y Redondo para acometer el proyecto Iron, Macías asegura que actuaron "en condición de abogados" y que las reuniones se produjeron después de presentarse la denuncia y no antes. También se ha desligado de Cenyt aclarando que él ejerció como letrado para Stuart&McKenzie (una de las empresas del entramado de Villarejo) y ha cuestionado la validez de los audios de la causa. "Son nulos", ha dicho.
"Expedición de pesca"
Tras ellos han tomado la palabra la defensa del exinspector de la Policía Constancio Riaño; del subinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez; y del funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque. Fiscalía les implica por facilitar presuntamente información confidencial y privada de los espiados (socios todos ellos del despacho IP Balder) vulnerando de este modo sus derechos fundamentales. Por su parte, los abogados de dos de los contratantes de Villarejo han defendido la legalidad del encargo llegando incluso a subrayar que el perjudicado en todos estos hechos ha sido Herrero y Asociados y no el despacho objeto del trabajo.
Además de los 27 acusados, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo también juzga a mercantiles como personas jurídicas por ser las que abonaron los pagos al entramado del comisario. Esteban Mestre, defensor de Herrero y Asociados, no solo se ha referido a la nulidad de las actuaciones, sino que también ha denunciado que Asuntos Internos se habría excedido en los registros acometidos tras el estallido de la operación en noviembre de 2017.
"Lo que hizo la policía en esas entradas y registros fue lo que se denomina expedición de pesca. Vamos a llevarnos todo lo que tengamos al alcance de la mano, tenga o no relación con los delitos que estamos investigando. Y una vez que nos llevamos la documentación vamos a ver qué aparece", ha denunciado. Del mismo modo se han pronunciado los abogados de las otras tres firmas (vinculadas a la constructora Procisa e implicadas en la pieza Land), los cuáles han apelado a la prescripción de los delitos que ahora se juzgan en este juicio.
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