"Hay que actuar ya". Con esa premisa, el Gobierno vasco mueve ficha para proponer una rebaja sustancial de la factura de la luz y un alivio a las empresas eléctricas. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha presentado este miércoles una propuesta para que el Estado asuma el 45% de la factura.

En primer lugar, Tapia mostraba este miércoles su esperanza ante la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez revise el ya famoso decreto de la ministra Teresa Ribera. A juicio del Ejecutivo autonómico, la decisión gubernamental está teniendo un efecto negativo en la industria debido a que las eléctricas están repercutiendo la penalización impuesta en los contratos a precio fijo con las grandes clientes.

Tapia destacaba que "el presidente, Pedro Sánchez, ha manifestado su voluntad de flexibilizar la normativa en su respuesta al representante del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso esta mañana". En dicho debate, el portavoz parlamentario peneuvista pedía al presidente del Gobierno que modifique el polémico decreto. "Sin competitividad no hay recuperación económica".

Además de recordar las palabras de Esteban, la consejera presentaba varias propuestas para solventar la crisis, entre las que destacaba, sobre todo, una petición al Estado para que asuma temporalmente, o al menos pueda aplazar, la parte fija de la factura ligada con cargos e impuestos. Una cifra que supone cerca del 45% del total. Una propuesta en línea con la senda marcada por la Comisión Europea.

La letra pequeña

La propuesta, más en concreto, consistiría en "una carencia temporal por la totalidad de los cargos eléctricos y que estos sean financiados por el Estado". Se trataría, ha explicado Tapia, de "eliminar o aplazar temporalmente aspectos recogidos en la factura como las primas a las renovables, los 'extracostes' no peninsulares, la anualidad del déficit tarifario… que pasaría a ser asumida directamente por el Estado"

"El 40-45% del precio de la energía son los 'extracostes' e impuestos. Si los quitamos de la factura, nos quedaríamos con un 60% del coste", ha dicho la consejera del Gobierno de un Urkullu que intenta mediar entre las eléctricas y el Ejecutivo de Sánchez, ahora enfrentados a raíz del decreto de Ribera que mañana se votará en el Congreso.

Esta propuesta está incluida en un informe de medidas técnicas que ultima el Gobierno vasco. El plan, detallado por Tapia tras la reunión del consejo de Gobierno, es que ahora el Ejecutivo presidido por Urkullu traslade dicho informe tanto al Ejecutivo central como a la Comisión Europea. Un informe en el que, además, Euskadi "asume también compromisos", que comprenderá "actuaciones para reducir la demanda, aumentar la oferta y compensar la volatilidad del mercado", con un planteamiento de actuación conjunta que "aporte estabilidad".