Se Acabó La Fiesta, la agrupación de electores liderada por Alvise Pérez, cuenta con peculiar jefe de seguridad: un guardia civil en excedencia que es, además, hermano del activista, cuya formación acaba de colocar tres representantes en el Parlamento Europeo. También ejerce de escolta personal del fundador y cabeza visible de la organización. Y su cambio de destino previo al cese voluntario al que se acogió como miembro del Instituto Armado resultó ser el detonante de las invectivas del ya eurodiputado electo contra José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, quien mantiene en los tribunales hasta seis demandas presentadas contra el agitador reconvertido en político por delitos contra el honor y la intimidad, entre otros.
El hermano de Alvise estaba destinado como agente en el aeropuerto de Madrid-Barajas la noche de enero de 2020 en que Ábalos se desplazó al aeródromo por orden de Pedro Sánchez con el pretendido objetivo de impedir que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, accediera a territorio nacional.
Poco después de aquel episodio, por razones no especificadas, el hermano de Alvise fue trasladado a otro destino que, según participó a su entorno, no reunía las condiciones de comodidad de que había disfrutado hasta entonces. La casualidad de que el cambio se produjera con inmediata posterioridad a esa noche que tuvo a Ábalos como principal protagonista llevó al hoy líder de Se Acabó La Fiesta a atribuirlo a una orden directa del entonces todopoderoso ministro y hombre fuerte del PSOE.
Los encontronazos entre ambos se retrotraen a esa etapa de asesor de Ciudadanos que Alvise Pérez desarrolló en la ciudad del Turia a las órdenes del entonces diputado autonómico Toni Cantó, cuando Ábalos se desempeñaba como secretario general del PSOE en la provincia de Valencia y diputado en el Congreso tras haber cubierto casi una década como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de la capital valenciana.
Un rosario de bulos
El hoy diputado adscrito al Grupo Mixto tras su abrupta salida de las filas socialistas a raíz de la eclosión del llamado 'caso Koldo' ha sido víctima de la difusión por parte de Alvise Pérez de fotografías en su domicilio o en estancias privadas en hoteles, de insinuaciones sobre su estado mental y de presuntos tratos con mafiosos del exministro, quien, de acuerdo con las acusaciones vertidas por el hoy eurodiputado electo, con documentación gráfica incluida, también habría mantenido reuniones con un supuesto abogado de narcotraficantes. En este último caso, en esa fotografía publicada por Alvise Pérez, la persona que aparecía junto a Ábalos era el presidente de una empresa pública relacionada con la fabricación de los combustibles que abastecen las centrales nucleares operativas en España y en otros países.
En la propia campaña de las elecciones europeas, el candidato de Se Acabó La Fiesta siguió cargando contra a Ábalos, por ejemplo para atribuirle la sustracción de millones de euros del erario público. Lo dijo en el mitin de cierre de campaña que protagonizó el pasado 7 de junio en la madrileña plaza de Colón.
Alvise Pérez ha asegurado que una de sus motivaciones para presentarse como candidato al Europarlamento es conseguir un cierto blindaje judicial, en concreto el aforamiento que obliga a que sea juzgado ante el Tribunal Supremo (TS) en las múltiples causas que tiene abiertas, en la presunción de que el TS le ofrece mayores garantías.
Pero, paradójicamente, si algo caracteriza a las instancias del Parlamento Europeo es su exigencia en términos de transparencia con respecto al comportamiento de los eurodiputados y al desempeño de sus actividades, cuyos fines y medios materiales deben justificar de forma concienzuda.
En este sentido, precisamente no casa con esa rectitud a que estará obligado en Estrasburgo y Bruselas el uso que ha hecho Alvise de alguna que otra treta procesal, como la de eludir las notificaciones giradas por los tribunales para luego alegar indefensión respecto al demandante. Ese 'truco' le libró precisamente de tener que indemnizar a Ábalos con 60.000 euros tras ser condenado en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia de Madrid optó por revocar el pago y ordenar la repetición del juicio al detectar defectos en la notificación que, según la Audiencia, generaban esa indefensión en el demandado.
Del mismo modo, ha recurrido a la recusación de algunos de los jueces encargados de sustanciar sus procesos con el objetivo de dilatarlos en el tiempo todo lo posible. Así, el recurso presentado por Ábalos contra el criterio de la Audiencia madrileña de anular la condena inicial que incluía el pago de esos 60.000 euros no se abordará en vista hasta enero de 2025.
