El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición que supone luz verde para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para desatascar la Ley de Vivienda, tras casi un año de retraso.
El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de las nuevas cuentas y, en ese contexto, los 'morados' volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres de pisos residenciales incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.
El acuerdo final apunta a que el Gobierno central faculte a través de la ley de Vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan limitar, por su propia cuenta y cargo, los alquileres dentro de sus jurisdicciones.
La ley del Ejecutivo ampararía que las CCAA y ayuntamientos puedan obligar, bajo ciertas circunstancias, a que grandes propietarios (más de 10 casas) bajen de facto los precios, y a que los demás caseros no puedan subirlos.
La 'patata' caliente de la vivienda, a las CCAA
Como avanzó Vozpópuli, los agentes inmobiliarios ya contaban entonces con que el PSOE accediera a algún tipo de medida intervencionista sobre los precios, pero circunscrita a mercados tensionados, de forma ocasional y puntual.
El currículum de la nueva ministra catalana de Vivienda, Raquel Sánchez, hizo que los fondos, hasta hace no mucho 'tranquilos' con los mensajes del exministro José Luis Ábalos, volvieran a encender sus alarmas.
El acuerdo final apunta a que el Gobierno habilite finalmente la opción para que las Comunidades Autónomas sean quienes afronten los riesgos jurídicos, tanto de cara a los grandes propietarios (más de 10 casas) como de cara a los pequeños, de una regulación de los precios.
Y es que el Constitucional estudia todavía la legalidad de la primera experiencia de este tipo en el Estado, la de Cataluña, tanto por su posible falta de competencias como por el impacto en el derecho a la propiedad privada.
1.000 millones en vivienda social y bono joven
El ala socialista ha acordado también con el morado medidas de estímulo fiscal a los propietarios para que bajen los precios, en línea con lo que se había trasladado desde el propio PSOE a los agentes inmobiliarios. También se abrirá una línea de nuevas ayudas de hasta 250 euros mensuales al alquiler por parte de gente joven, menor de 35 años, que ingrese menos de 23.725 euros al año.
El Gobierno ha acordado comprometerse a asumir una inversión de 1.000 millones de euros en favor de la promoción de 20.000 pisos de alquiler social en todo el Estado.
El propio ramo de Vivienda socialista ha estimado que en España hacen falta entre uno y dos millones de unidades de vivienda en alquiler para bajar los precios a la media de la Unión Europea.
