El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha cumplido con los pronósticos y ha centrado su discurso de la apertura del año judicial pidiendo a Partido Popular y PSOE que dejen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al margen de su "lucha partidista". En su tercera intervención como presidente en funciones del ente, Lesmes ha calificado de "insostenible" la parálisis en la renovación del órgano recordando que el Poder Judicial se encuentra en una "muy difícil situación".
El también presidente del Tribunal Supremo ha reivindicado la independencia de unos jueces especialmente molestos con la clase política no solo porque no han llegado a un acuerdo para desatascar la situación, sino también por las modificaciones legales para limitar las funciones del CGPJ. "Durante los últimos seis meses el Consejo no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo", ha reivindicado.
"La justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo de mandato establecido en la Constitución (...). Urge que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación", ha dicho Lesmes, recordando que ha hecho hasta seis llamamientos a este cambio sin que ninguno surta efecto.
Al mismo tiempo ha dejado claro que el cambio legal para limitar las funciones del CGPJ no es la solución al problema. Más bien al contrario, ha avisado que la reforma parlamentaria impulsada por PSOE y Unidas Podemos “ha venido a agravar la situación” ya que los 20 vocales que permanecen en funciones desde diciembre de 2020 no pueden convocar nombramientos discrecionales. Esta limitación afecta especialmente a las convocatorias de plazas en el Tribunal Supremo que siguen vacantes ante jubilación o fallecimiento de sus integrantes. Según ha precisado, hay 11 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.
Dardo a Sánchez: "No hubo rencor"
Con todo, la reforma del CGPJ no ha sido el único hecho que Lesmes ha afeado al Ejecutivo. El también presidente del Supremo ha entonado su discurso más reivindicativo contra la clase política desde que juró su cargo el 2013. Tanto es así que ha comenzado su alocución defendiendo la independencia de actuación de jueces y magistrados con especial guiño a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bajo la atenta mirada de su presidente ,Manuel Marchena, y de otros de sus miembros que juzgaron la causa del procés, Lesmes dejado claro que este órgano no actúa en modo alguna "con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor".
De este modo ha respondido de manera velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cual un día antes de conocer el criterio desfavorable de la Sala a la concesión de los indultos, apuntó desde Bruselas que "cumplir la ley no es venganza". Las palabras, que causaron un profundo malestar en la Sala Segunda de alto tribunal, han servido hoy a Lesmes para recordar que la Justicia "no ha sido nunca un obstáculo para la paz". "Es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional", ha reiterado.
Segundo año sin corrillos
El acto viene marcado por segundo año consecutivo por las restricciones impuestas por la pandemia. De este modo, se han suprimido los tradicionales corrillos con los periodistas que tenían lugar tras la celebración de la apertura y se ha reducido la presencia de asistentes. Como viene siendo tradicional Lesmes ha recibido al Rey Felipe VI en la entrada del Tribunal Supremo y tras, acceder a su interior, se han hecho la tradicional foto con los presidentes de las Salas del alto tribunal.
La primera en tomar la palabra ha sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La máxima responsable de la FGE ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía relativos al ejercicio de 2020. Tras ella ha comparecido Lesmes y seguidamente el Rey Felipe VI, el cual ha declarado inaugurado el curso judicial. En la tribuna se han sentado también la ministra de Justicia, Pilar Llop; y el presidente de la Sala Civil, Francisco Marín Castán, por ser el magistrado de mayor antigüedad del alto tribunal.
El acto también ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena; fiscales del alto tribunal además magistrados de las diferentes Salas del órgano. De la esfera política han acudido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Enrique López.
Se trata de la cuarta despedida que pronuncia Carlos Lesmes en los actos de apertura del curso judicial. En sus últimos discursos, ya como presidente en funciones, el jurista elevó el tono contra la clase política por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de jueces y dijo que constituía una "anormalidad inaceptable", como ha recordado este lunes. Además, avisó que, ante tal inusual situación, el órgano seguiría adelante con su agenda cumpliendo de este modo con la legalidad vigente.
Más de 1.000 días en funciones
Sin embargo, 365 días después de que pronunciara aquellas palabras el escenario es completamente diferente. El último intento fallido del Partido Popular y PSOE de alcanzar un acuerdo (el pasado mes de febrero) y la parálisis en las negociaciones llevó al Gobierno a impulsar una reforma legal para limitar las funciones de los vocales. El cambio normativo entró el vigor a finales de marzo y acarreó la suspensión en lo que a nombramientos discrecionales se refiere.
El Gobierno de Pedro Sánchez también se comprometió a rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el consejo y así no tener que necesitar el aval del PP. Sin embargo, la Unión Europea avisó que esa reforma de la LOPJ no solo iba en contra de las recomendaciones del GRECO, sino que ponía en jaque el desembolso de los fondos europeos. Sánchez frenó su propuesta pero no evitó el descontento de las asociaciones judiciales que ya han recurrido a Europa en varias ocasiones este año reivindicando que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a los 20 vocales que integran el CGPJ.
