Pedro Sánchez se ha quitado definitivamente la careta de demócrata, mostrando el auténtico rostro del autócrata dispuesto a poner en marcha un golpe de mano a libertades esenciales de nuestro régimen democrático. Hoy mismo ha despreciado al Congreso de los Diputados ausentándose de la sesión de control al Gobierno en cuanto respondió a tres preguntas, para refugiarse en la enésima ‘entrevista-masaje’ en RTVE, donde ha anunciado, con ultimátum incluido, una ofensiva contra el Poder Judicial y contra la Prensa.

Su amenaza es sencilla. O el PP accede a pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de finalizar junio, o forzará una reforma judicial en el Congreso que contemple la formación de un órgano de gobierno de los jueces destinado a controlar los Tribunales a su medida y la de sus socios. Haciendo tabla rasa de la previsión constitucional según la cual el CGPJ debe reformarse con un acuerdo de las tres quintas partes del Parlamento, Sánchez anuncia la imposición de las modificaciones “legales” necesarias para permitirle el control absoluto sobre todos los nombramientos en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Controlar el CGPJ para invadir el Supremo, el último bastión judicial que se le resiste.

Su argumento de que “la justicia está politizada y en manos del PP” es falso. Parte de la base errónea de que los jueces no son independientes y de que investigan o sentencian en función de criterios políticos. Por eso ha insinuado que la investigación por corrupción a su mujer o su hermano es una mera persecución política y periodística sin base alguna, razón por la cual procede modificar los mecanismos legales para impedirlo. No es sólo la búsqueda de inmunidad e impunidad. Es más grave aún. Es cambiar las reglas del juego por primera vez en 45 años de democracia para que la separación de poderes sea una entelequia, el Parlamento un órgano sumiso del Ejecutivo, y el Gobierno, o sea Sánchez, la auténtica democracia representada en el deseo de una sola persona, él mismo. El mensaje no puede ser más peligroso para nuestro régimen de libertades. Sostener que en España hay casos de 'lawfare' e insinuar que también existe contra él y su familia, es la última infamia que cabría esperar de un presidente del Gobierno.

"Es cambiar las reglas del juego por primera vez en 45 años de democracia para que la separación de poderes sea una entelequia, el Parlamento un órgano sumiso del Ejecutivo, y el Gobierno, o sea Sánchez, la auténtica democracia representada en el deseo de una sola persona, él".

Sánchez ha anunciado también que el Tribunal Constitucional “respaldará” la voluntad del legislador con la amnistía. No es la expresión de un deseo, sino la revelación de información privilegiada cuando, en teoría, aún no se ha iniciado ningún tipo de deliberación en el TC de Conde-Pumpido. Un político responsable en su situación disolvería las Cortes y llamaría a elecciones generales. Un autócrata como él sigue empeñado en el control total de las instituciones, de todas, cueste lo que cueste. Acorralado y víctima de su extrema debilidad parlamentaria, Sánchez se ha convertido en un peligro cierto para nuestra democracia. Primero, para el principio de igualdad, con una amnistía injusta que, con el mayor descaro, ya nos anuncia que pasará sin problemas el fielato de un TC de mayoría socialista, presidido por el comodín de Conde-Pumpido. Segundo, para la separación de poderes y la independencia judicial con este chantaje a la justicia. Y, desde luego, y tercero, también para la libertad de Prensa, atacada sin rubor en una entrevista en la que no hubo periodismo, sino transmisión de consignas. La maniobra de Sánchez para ahogar económica y editorialmente a lo que despectivamente llamó “tabloides digitales difusores de bulos y fango” estará en marcha en julio. Este era el “punto y aparte” del que habló tras tomar el pelo a la ciudadanía refugiándose cinco días en La Moncloa. Un “punto y aparte” a la democracia. Un aviso a navegantes. Una amenaza.

Pero, más allá de ser una ofensiva legislativa en toda regla contra la separación de poderes, la igualdad ante la ley o la libertad de Prensa, Sánchez dejó claro que nadie podrá luchar contra la corrupción mientras no sea él quien defina qué es la corrupción y señale quién es el corrupto. Es la cuarta pata de su “paquete de calidad y regeneración democrática”: buscar una abusiva legitimación parlamentaria con sus socios para acallar todo tipo de denuncias, jurídicas o periodísticas, contra conductas como las de su mujer o su hermano. Los jueces dirán si esas conductas son legales o no. Pero como mínimo son indecentes, arbitrarias y carentes de la ética pública que debería rodear a un presidente del Gobierno en una democracia como la española. Sánchez ya no está a la defensiva con su habitual ‘resiliencia’. Ha pasado definitivamente, ya sin máscara alguna, a la coacción contra algunos de los cimientos esenciales de una democracia. A una involución de nuestro sistema político, de nuestro Estado de derecho y de nuestro régimen de garantías. Tras la agresividad corrosiva de su mensaje, solo cabe esperar que las pocas instituciones que aún quedan libres de sanchismo se muestren a la altura de la gravedad del momento. Se trata de salvar la convivencia y las libertades democráticas.

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