La concesión de los indultos a nueve condenados por el procés ha dado paso a una nueva etapa política en la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca acercar posturas con el independentismo catalán. El perdón otorgado a los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont ha provocado que, irremediablemente, el foco se ponga en la figura del exmandatario huido en Bélgica desde octubre de 2017 y en la posibilidad de que pudiera retornar a España.
Sin embargo, ni la declaración de intenciones del Ejecutivo de Sánchez ni la petición de Junts de buscar una "solución política" a la situación de Puigdemont van a provocar un cambio en su condición. Al menos en el corto plazo. La vía judicial para el expresidente de la Generalitat apenas se ha modificado en España. El Tribunal Supremo, que le procesó por su implicación en el procés, está a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada en relación a los exconsellers huidos a Bélgica y Suiza.
El magistrado Pablo Llarena no quiere volver a toparse con una negativa de extradición de Europa y, por ese motivo, aguarda a las conclusiones del tribunal europeo antes de decidir sobre las euroórdenes. De no cambiar la situación, si Puigdemont decidiera volver sería detenido para su ingreso en prisión ya que la Justicia española le considera en rebeldía. No obstante, fuentes de su entorno consultadas por Vozpópuli descartan este escenario. El retorno no se haría efectivo pese a los reclamos del independentismo catalán o del propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que esta misma semana le conminó a regresar para ser juzgado.
Pendientes de Europa
El presidente de Junts per Catalunya sostiene que las euroórdenes no prosperarán. A su favor concurre la inmunidad que, aunque de manera provisional, goza de nuevo en calidad de europarlamentario tras el veredicto de la Justicia Europea. A ello hay que sumarle los recientes pronunciamientos que llegan de Europa en relación a su proceso de extradición. El Consejo de Europa se pronunció a comienzos de semana a favor de que decayeran las órdenes de detención así como de la excarcelación de Oriol Junqueras y el resto de indultados por el Gobierno.
Sin embargo, la Justicia española se mantiene firme en su posicionamiento. El Tribunal Supremo sigue viendo motivos para mantener su acusación contra el político independentista que se fugó de España junto con otros exconsellers tras la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI). No obstante, hasta que no se resuelva el suplicatorio cursado para retirarle la inmunidad que acaba de recuperar, es difícil que se produzcan avances de calado. El pronunciamiento final de la Justicia europea es determinante para la causa que se sigue en el alto tribunal por los mismos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés.
En el seno del Tribunal Supremo aguardan la respuesta con cierta desconfianza y especial descontento con la gestión que ha hecho el Ejecutivo del asunto. Las declaraciones de Pedro Sánchez un día antes de conocer el informe del tribunal contrario a los indultos del procés no sentaron nada bien en la Sala de lo Penal. Fuentes del alto tribunal consultadas por este diario razonan que su mensaje de evitar la "revancha y la venganza" abriendo la puerta a los indultos no dejó en muy buen lugar a la Justicia española.
Máxime teniendo en cuenta que lo pronunció la misma semana en la que se esperaba el informe contrario de los magistrados que juzgaron el procés y que lo hizo en Bélgica, país que tienen que tiene en su mano la respuesta final sobre la extradición de Puigdemont. Con todo, el Gobierno sigue adelante en su intento por recobrar el diálogo con Cataluña. En ese contexto continúa trabajando para modificar el delito de sedición. Este cambio legal no afectaría a los indultados por la deriva independentista en Cataluña pero sí al exmandatario catalán al no haber sido juzgado todavía por el 1-O.
El Tribunal de Cuentas
Pese a ello, sus problemas con la Justicia no terminan en el Supremo. Esta misma semana el Tribunal de Cuentas les ha emplazado para formalizarles la investigación abierta en el órgano fiscalizador. Según adelantaba El País y confirman fuentes del ente a Vozpópuli, el próximo martes están citados todos los implicados en este expediente abierto para esclarecer el gasto público que pudo ocasionar la promoción del 1-O fuera de nuestras fronteras y que superaría los cuatro millones de euros. Entre los demandados se encuentran los expresidentes Artur Mas y Puigdemont.
Se trata de una instrucción complementaria que abrió el órgano por el gasto del procés en el exterior y que viene a adherirse a la que se siguió en su día contra Mas y otros exconsejeros de su gobierno por la consulta del 9-N. En 2019 el Tribunal confirmó las condenas impuestas al exlíder de Convergència por los gastos en los que incurrieron para esta consulta. La sanción alcanzó los 4,9 millones de euros y se les obligó a responder solidariamente. Además de Más fueron condenados Francesc Homs y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.
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