El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudiará si la Generalitat cometió un delito al interrumpir la vacunación de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, según informa este viernes el diario 'El Mundo'.
Solo un 15% de los agentes de estos cuerpos han recibido el fármaco, mientras que la media nacional llega al 80%. El sindicato policial Jupol solicitó medidas cautelarísimas para exigir al Ejecutivo autonómico que reanudara el plan de vacunación.
El TSJC ha dado el traslado de la Abogacía de la Generalitat y estudiará la legalidad de las actuaciones del Ejecutivo catalán.
Preocupación en los cuerpos
La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) remitieron un escrito al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, advirtiéndole de la baja vacunación en Cataluña de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hasta la fecha, según CEP y AEGC, sólo han sido inoculados 545 policías nacionales de más de 3.800 en plantilla en Cataluña y poco más de 600 guardias civiles de una plantilla de 3.500 efectivos. "No se entiende cuando otros colectivos esenciales con dependencia de la Administración autonómica", dicen citando a Mossos d'Esquadra, "han sido vacunados en un porcentaje significativamente superior, cuando no en su totalidad".
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