En los últimos días ha aumentado la percepción en el seno del Partido Popular de que, apenas seis meses después de dar comienzo, la legislatura haya llegado a tal punto de agotamiento y bloqueo que aconseje a Pedro Sánchez una inminente convocatoria de nuevas elecciones generales. Los cálculos del PP, y en particular los de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no pasan tanto por la idea, también manejada en círculos de la oposición, de que las generales pudiesen celebrarse en otoño de forma conjunta con una repetición de los comicios catalanes si Salvador Illa no lograse ser investido presidente de la Generalitat.

En el PP apuestan más por un nuevo e insospechado giro político de Pedro Sánchez, y sospechan que esté sopesando realizar 'in extremis' una pirueta similar a la del año pasado, cuando la debacle que supuso para el PSOE la pérdida del mayor poder municipal y autonómico de su historia, en las elecciones del 28 de, mayo abocó a Sánchez a tomar la drástica decisión de convocar comicios generales el 23 de julio, en pleno verano.

En el manejo de tiempos y razones del PP influyen los siguientes factores. El día 29 está previsto que Sánchez presida el Consejo de Ministros en el que, como ha anunciado, España reconocerá al Estado de Palestina, junto a Noruega e Irlanda, lo que está generando un conflicto diplomático inédito con Israel. Se da la circunstancia de que el 29 de mayo es la fecha en la que habrá transcurrido un año desde que Sánchez disolvió el Parlamento para convocar elecciones generales, con lo cual, legal y constitucionalmente, ya es posible citar a los españoles a las urnas de nuevo. Hasta antes del 29 de mayo, Sánchez tenía vedado por ley volver a disolver las Cortes.

Junto a la mera cuestión de calendario, el PP maneja otros indicios. Por eso, el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, preguntó expresamente a Sánchez en el Pleno extraordinario del pasado miércoles si estaba seguro de que la ley de amnistía iba a ser definitivamente aprobada en el Congreso el próximo día 30, votación que se ha previsto ya para el orden del día de esa jornada, cuando la Cámara Baja está convocada para levantar el veto a esa norma aprobado días atrás en el Senado.

El futuro de la amnistía es incierto a efectos de su aplicación práctica. Se abren diversos escenarios jurídicos.

De disolver las Cortes el día 29, esa votación decaería, la amnistía no podría ser ratificada con una mayoría mínima de 176 votos y, en definitiva, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todos los teóricamente beneficiados por la amnistía quedarían en su actual situación procesal a todos los efectos. En el PP dan valor a que no hubo una respuesta contundente de Sánchez en la que diese por hecho taxativamente que ese día se aprobará la amnistía. Tampoco hubo respuesta de Sánchez cuando, una segunda vez, ya en el Pleno de control al Gobierno posterior, Feijóo insistió en la misma cuestión. No es sintomático de nada, pero el PP sí lo interpretó como un argumento más para alentar la tesis de un inminente adelanto electoral.

Futuro incierto de la amnistía

Además, el futuro de la amnistía es incierto a efectos de su aplicación práctica. En este sentido, se abren diversos escenarios jurídicos, como la eventual presentación de una o varias cuestiones prejudiciales por parte de magistrados españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para aclarar aspectos sobre el alcance de su aplicación en España y su beneficio a personas concretas. En particular, sobre si lo previsto en la ley de amnistía respecto al terrorismo y a la malversación de caudales públicos choca directamente con la interpretación que el TJUE hace en su doctrina respecto a esos delitos y sobre si, en su caso, la amnistía sería ilegal. En cualquier supuesto, de presentarse una o varias cuestiones prejudiciales, la aplicación amnistía quedaría automáticamente bloqueada durante meses -hay cálculos de hasta año y medio- hasta que el TJUE se pronunciase sobre el fondo de la cuestión.

Tampoco fue inocente una segunda pregunta lanzada por Núñez Feijóo a Sánchez respecto a la condición procesal de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. A priori, aparece como investigada en el procedimiento penal abierto por presunto tráfico de influencias en los Juzgados de Instrucción de Madrid. Y de hecho, para no generar indefensión, el juez instructor Peinado ha consentido la personación de la representación legal de Begoña Gómez, con el que fuera ministro del Interior y fiscal en excedencia, Antonio Camacho, como letrado.

En el PP interpretan que el 'factor Begoña Gómez' no es fácilmente manejable para La Moncloa, ni a efectos políticos ni a efectos reputacionales para el propio Pedro Sánchez en el exterior.

Es cierto que no está legalmente imputada, pero también lo es que los indicios aparentes que se han aportado en el Juzgado apuntan en una sola dirección: si llegase a ser citada en próximas semanas, difícilmente podría hacerlo bajo la condición de testigo porque con toda probabilidad las preguntas que se le formulasen deberán ser incriminatorias. Y necesitaría acudir con abogado, y por tanto, como formalmente investigada.

El PP, sobre el 'factor Begoña Gómez'

En el PP interpretan que el 'factor Begoña Gómez' no es fácilmente manejable para La Moncloa, ni a efectos políticos ni a efectos reputacionales para el propio Pedro Sánchez en el exterior -donde tiene aspiraciones de presidir alguna gran institución en el futuro- ni a efectos personales y familiares ni, tampoco, a efectos jurídicos. La sombra de un eventual 'paseíllo' de Begoña Gómez ante un Juzgado de Instrucción sería, llegado ese momento, una imagen demoledora.

Si a estos factores de inestabilidad en torno a la acción de gobierno de Sánchez se une lo ocurrido esta misma semana, con una nueva grieta abierta con sus socios de Ejecutivo, Sumar, pero también con sus aliados parlamentarios, el escenario dibuja un Parlamento prácticamente en parálisis legislativa. El martes el PSOE sufrió la derrota parlamentaria de ver tumbada su proposición de ley contra el proxenetismo y la prostitución. Y el jueves se vio forzado a retirar su reforma de la ley del Suelo por no encontrar ni siquiera en sus socios los apoyos necesarios para sacarla adelante.

El balance de los seis meses de legislatura es pobre para el PSOE: apenas ha conseguido convalidar un puñado de decretos y la ley de amnistía.

Legislativamente, Sánchez necesita mucho más que la clásica ‘geometría variable’, bautizada así en su día por José Luis Rodríguez Zapatero por la disparidad de apoyos que debía aglutinar en sus votaciones. Necesita el ‘sí’ continuo de todos sus socios y eso ha empezado a tambalearse. Es cierto que fuentes del PP lo achacan a una estrategia coyuntural de Sumar desmarcándose del PSOE por la campaña de las elecciones europeas. Pero también lo es que Sánchez está teniendo cada vez más dificultades para poner de acuerdo a la vez a PNV, ERC, Junts o Bildu en proyectos legislativos.

El balance de los seis meses de legislatura es pobre para el PSOE: apenas ha conseguido convalidar un puñado de decretos y la ley de amnistía, además de la investidura. El calvario legislativo para las pretensiones de Sánchez empieza a ser una evidencia.

Sobreactuación del Gobierno de Pedro Sánchez

Incluso, hay quien analiza en el PP más factores favorables para un escenario compatible con la celebración de elecciones generales. El reconocimiento de Palestina, el sobreactuado enfrentamiento con el argentino Javier Milei -beneficiando en esta operación a Vox, y por tanto fracturando el voto de la derecha- y, en última instancia, la sobreactuación de su ‘retiro’ de cinco días en La Moncloa, no irían orientados a la campaña del PSOE a las europeas, sino a pulsar la atmósfera social de movilización ante unas generales.

Con Sánchez, sostienen en el PP, cualquier improvisación, cualquier sorpresa, es posible en todo momento. Incluso otro “salto al vacío”, lo definen, como unas elecciones generales en las que Vox aguante el tipo al PP en un proceso de “resta mutua” y el PSOE reciba mucho voto descontento y ‘útil’ de Sumar, de Podemos y de ERC.

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