"Caso Auditorio. Puerto Lumbreras. Todo el dinero de la subvención está en la obra". Así comienza el argumentario que el PP de Murcia ha distribuido entre sus cargos públicos después de que el pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia de la región decidiera investigar al presidente autonómico, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, por la construcción de un complejo cultural en este municipio cuando era su alcalde. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge buena parte de los respuestas que el propio dirigente autonómico esgrimió ante los periodistas en una comparecencia de este viernes, en la que anunció que no piensa dimitir aunque sea citado a declarar como imputado. También uno de los argumentos que Génova 13 utilizó al poco de conocerse la decisión judicial para mantener su respaldo a su dirigente regional: que no es un caso de corrupción, sino un error administrativo.
El documento, en el que no figuran las siglas del PP, alaba la "honestidad e inocencia de Pedro Antonio Sánchez" y carga contra el PSOE y Podemos
El documento cuenta con tres apartados introductorios y una parte final en la que confronta "hipótesis de la acusación" con lo que denomina como "hechos". En el texto, repleto de 'negritas', mayúscula y frases a un tamaño mayor para destacar, no figuran las siglas del PP, aunque diversas fuentes consultadas por este diario confirman la autoría. De hecho, en el mismo se carga contra el PSOE y Podemos por su actuación en el 'caso Auditorio' y se destaca "la honestidad e inocencia de Pedro Antonio Sánchez".
En la primera parte del mismo, que encabeza la frase "información clave sobre el auditorio", sus autores hacen un resumen de la licitación y construcción del auditorio de la localidad después de que en diciembre de 2006 la Comunidad Autónoma, también gobernada por el PP, concediera una subvención de 6 millones de euros para tal fin. En ella se destaca que "una vez iniciadas las obras [...] surgieron incidencias técnicas que elevaron los costes y obligaron a la modificación del proyecto", aunque recalca que ello no supuso "un incremento del gasto inasumible en ese momento".
"Informes favorables"
De hecho, destaca que el consistorio que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez "aprobó y ejecutó un proyecto modificado para poder culminar dos de los tres edificios del complejo" y que los mismos están listos para su uso. En este sentido destaca que "tras los terremotos de 2011 en la vecina localidad de Lorca, dichas instalaciones se utilizaron para impartir las clases del Conservatorio Superior de Música y exposiciones entre otros usos". Finalmente recalca que todo el proceso contó con "los informes favorables del Ayuntamiento" y pasó "los controles y fiscalizaciones que establece la ley". "Hasta el último euro de la obra está debidamente certificado", concluye.
El argumentario hace referencia a los terremotos de 2011 en Lorca para asegurar que el complejo cultural ya ha tenido utilidad para acoger diversas actividades
El segundo punto del argumentario es lo que denomina "origen del 'caso Auditorio de Puerto Lumbreras", que sitúa en "una denuncia, la número 16, del PSOE" de esta localidad y en la que también está como acusación particular Podemos Región de Murcia. Aquí, el escrito destaca que las quince anteriores "fueron archivadas, acreditando la honestidad e inocencia de Pedro Antonio Sánchez". También recuerda que dicha denuncia va contra "más de una veintena de funcionarios, técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad, así como arquitectos y responsables técnicos de la obra".
"El perito principal"
A continuación, el escrito destaca los "informes que avalan las actuaciones realizadas" y hace referencia, en primer lugar, a un informe de la Intervención General de [la Administración] del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que "identifica sólo posibles errores administrativos que están por demostrar". También destaca que "el perito principal de la Fiscalía" señaló en las diligencias que "los seis millones de euros de la subvención están en la obra" y que un "prestigioso catedrático de derecho administrativo", Santiago González-Varas, ha elaborado tres informes que "avalan la inexistencia de ilícitos penales y respaldan las actuaciones".
El texto del PP insiste en que sólo existe un "error administrativo" que, además, tilda de "secundario y sin relevancia en el ámbito penal"
La segunda hoja del argumentario se centra en rebatir seis "hipótesis de la acusación". Así, asegura que frente a la de que "se pudo incurrir en delito de prevaricación" hay una sentencia en firme de 2012 que "respalda la legalidad de la adjudicación del proyecto". También niega que se incumpliera la ley al no publicarse en el Boletín Europeo. En este punto, insiste que ello "tan sólo podría considerarse un error administrativo, de carácter secundario y sin relevancia en el ámbito penal". En tercer lugar recalca que "no se eligió a dedo a la constructora" del Auditorio, ECISA, como denuncia la acusación y pone como prueba de ello que la otra empresa que aspiraba al contrato "no presentó recurso".
"Más de 300.000 euros"
El documento intenta refutar también el pago, por parte del Ayuntamiento, de "más de 300.000 euros" a la constructora "por unas supuestas obras complementarios que la Fiscalía no considera justificado". Para ello, recurre de nuevo al "perito principal" del Ministerio público que, según el PP, "acredita que todo el dinero de la subvención está en la obra", además de recordar que "el contrato aún no se ha liquidado". También niega que la Consejería de Cultura del Ejecutivo regional no hubiera "fiscalizado ni controlado el destino de la subvención". Para ello reitera que "hasta el último euro de los seis millones están legalmente justificados".
El documento repite en varias ocasiones que "todo el dinero de la subvención", 6 millones de euros, "está en la obra" del Auditorio
Finalmente, también niega la acusación de que se diera "visto bueno para recepcionar la obra que no estaba concluida". El argumentario asegura que el documento al que se dio luz verde era la "recepción del modificado y no es un final de obra" para inmediatamente después volver a insistir en el supuesto destino transparente de la millonaria subvención. El documento que intenta 'salvar' a Pedro Antonio Sánchez insiste al final en que "toda la actuación es legal y únicamente está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente" para concluir con una frase muy similar a la que servía de titular al inicio del texto: "Todo el dinero está en la obra". El Tribunal Superior de Justicia de Murcia tiene dudas sobre ello y, por ello, va a comenzar a investigar al presidente de Murcia.
