La Cámara de Representantes de Filipinas (cámara baja) ha aprobado la reinstauración de la pena de muerte en el país para delitos relacionados con drogas, lo que deja en manos del Senado la decisión final sobre el castigo capital. La medida se ha aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención en el polémico Proyecto de Ley 4727 apoyado por el presidente del país, Rodrigo Duterte, como parte de su política de línea dura contra las drogas.
Filipinas suspendió la pena de muerte en 2006 durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo (2001-10), quien se encuentra en la actualidad entre los principales aliados políticos de Duterte. El Proyecto de Ley 4727, cuya aprobación en la Cámara de Representantes ha requerido tres sesiones de votación, contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos relacionados con drogas.
La pena capital se reserva, entre otros, para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para los asesinatos cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo el uso de éstas en un agravante.
La propuesta inicial incluía 21 delitos, entre ellos secuestro, asesinato y violación, pero la cámara baja decidió limitarla a los citados ocho casos relacionados con drogas para agilizar su tramitación y con la intención de incluir los cargos retirados más adelante, según su portavoz, Pantaleon Alvarez.
El Proyecto de Ley 4727 pasa así al Senado, formado por 24 escaños, donde se prevé un debate más disputado que el vivido en la Cámara de Representantes. El presidente filipino prometió durante la campaña electoral que le llevó al cargo el 30 de junio pasado que uno de sus principales objetivos era reimplantar la pena capital para un amplio espectro de crímenes, entre ellos los relacionados con las drogas.
Duterte encabeza una dura campaña contra el tráfico y consumo de estupefacientes que ha causado la muerte de más de 7.000 presuntos traficantes o adictos en los primeros siete meses desde que empezó su mandato. Organizaciones de defensa de derechos humanos, así como la Iglesia Católica de Filipinas, han realizado múltiples peticiones al Gobierno para que abandone el plan de reinstaurar la pena de muerte.
