Ignacio González no declarará como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel. La acusación en representación del PSOE de Madrid ha entregado al Tribunal el listado de los diez altos cargos de la Comunidad de Madrid a los que quiere interrogar durante la vista para que aclaren quién dio las órdenes para que se fraccionaran de modo supuestamente irregular las facturas de los cientos de actos que la red de Francisco Correa organizó para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En la relación de personas aparece un antiguo viceconsejero, Arturo Canalda, cuatro directores generales, tres secretarios general técnicos, un subdirector y un técnico. El que fuera sucesor de la 'lideresa', y que si aparecía incluido en el listado de medio centenar de responsables del Ejecutivo regional que en un primer momento pidió el representante legal de los socialista madrileños, no figura finalmente en la misma. Ahora el Tribunal debe dar el visto bueno a dichos testigos.
El viceconsejero Arturo Canalda es el cargo de mayor nivel cuya presencia se reclama para aclarar las supuestas irregularidades en las facturas de la trama de Correa
La relación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, arranca con Arturo Canalda, que cuando ocurrieron los hechos era viceconsejero de Asistencia sanitaria. Junto a él figuran cuatro directores generales. En concreto, Eladio Tesouro, que ocupaba ese cargo en la la Consejería de Sanidad; Antonio Garde, que lo era de Deporte en la Consejería de Cultura; Fernando Martínez Vidal, de Relaciones Externas en la Consejería de Presidencia; y Patricia Flores Cerdán, de la Consejería de Empleo y Mujer. A ellos se une Pilar de Navascués Benlloch, quien ocupaba el cargo de subdirectora general de Museos en la Consejería de Cultura. Además aparecen tres secretarios generales técnicos -Mar Pérez Merino, Gonzalo Cerrillo y Lourdes Manovel- y un técnico de apoyo en la Consejería de Sanidad, Tomás Criado.
La declaración de Jordán
La decisión de que vengan a declarar diez altos cargos de la Comunidad de Madrid la tomò el Tribunal después de que el abogado del PSOE madirleño, Wilfredo Jurado, y varias de las defensas la reclamasen tras escuchar la declaración de una de las procesadas, Isabel Jordán, ex administradora de varias sociedades de la trama. Ésta aseguró de manera reiterada que eran los diferentes organismos del Gobierno autónomo los que daban las instrucciones para cometer diversas irregularidades con las facturas que la trama Gürtel remitía para el cobro de los 686 actos que las empresas de Francisco Correa organizaron para el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre los años 2004 y 2008 con un coste de 6,48 millones de euros, según la investigación sumarial.
El Tribunal aceptó citar a diez altos cargos después de que una acusación y varias defensas lo pidiesen tras oír las declaraciones de Isabel Jordán
Entre esas supuestas irregularidades estaba fraccionar los pagos para eludir los controles. Según detalló Jordán dichos eventos tenían casi como único objetivo "el posicionamiento de la señora Aguirre a nivel político". De hecho, recalcó que la entonces presidente madrileña"opinaba y mucho" sobre los mismos, lo que provocaba continuos cambios, a veces de última hora, con los consiguientes extras en el precio que eran facturados posteriormente "fuera de contrato". La ex administradora única de cuatro sociedades de la trama aseguró también que el importe de una parte de los mismos se troceaba en contratos de menos de 12.000 euros para así no convocar concursos y eludir los controles administrativos. Eso sí, siempre siguiendo las instrucción de "funcionarios" del propio Gobierno autónomo, según recalcó. La acusada puso como ejemplo de estas irregularidades un evento celebrado en marzo de 2004 con motivo del 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Su coste, 121.015 euros más IVA, fue 'troceado' en once contratos menores de alrededor de 11.000 euros cada uno.
Otras irregularidades
En su testimonio, Jordán detalló otras supuestas irregularidades en las facturas que las empresas de la Gürtel hacían presuntamente a instancias de la propia Comunidad de Madrid. Desde cambiar el año de la factura a poner conceptos falsos o hacer que fueran proveedores los que las cursaran. Por todo ello, el abogado de la acusación del PSOE madrileño pidió al tribunal que estudiara de nuevo su petición de citar como testigos a todos los cargos y funcionarios regionales que esta acusación considera que tuvieron que ver, de un modo u otros, con las supuestas facturas irregulares. Ese mismo día varias defensas de acusados se sumaron a la petición. La lista completa incluía más de medio centenar de nombres de "personas que participaron directamente en el fraccionamiento de los contratos de la Comunidad de Madrid y conocían perfectamente la mecánica de dicha ilegal práctica", según el escrito de acusación que presentó en su día.
El listado original de altos cargos de la Comunidad incluía 56 nombres. De ellos, en un primer momento los magistrados sólo aceptaron el de Aguirre y otro. Ahora se sumarán estos diez
En concreto, dicho documento identificaba a 56 personas, entre los que se encontraba la propia Esperanza Aguirre y el que durante años fuese su mano derecha, Ignacio González, además de dos antiguos consejeros, Santiago Fisas y Juan José Güemes. Sin embargo, en febrero pasado el tribunal consideraba que de todos ellos sólo debían comparecer en el juicio como testigos la propia 'lideresa' y uno de sus hombres de confianza, Alejandro Hafflter, quien ocupò el cargo de secretario general técnico de Presidencia. La presencia en la vista de Aguirre también había sido solicitado por las defensas de la propia Isabel Jordán y del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también en el banquillo de los acusados. Entonces, los magistrados dejaron claro que la comparecencia de la hoy líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid debía quedar circunscrita a los hechos que se enjuician sin tener en cuenta su condición política. Ahora, a ella se pueden sumarse estos diez altos cargos.
