El pasado 22 de septiembre, la bandeja de entrada del correo electrónico del máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, recibía un mensaje de Pascal Gossin, jefe de la Unidad de Asistencia Judicial de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (el equivalente a nuestro Ministerio de Justicia). Era la respuesta del alto cargo helvético a la consulta que dos días antes le había hecho su colega español para que le aclarara en qué punto concreto estaba la solicitud para poder utilizar durante el primer juicio de la trama Gürtel que se iba a iniciar dos semanas más tarde los datos bancarios aportados en las distintas comisiones rogatorias cursadas. Una autorización clave para acusar de delitos fiscales a Luis Bárcenas y otros cinco acusados. La contestación de Berna llevaba adjunta una carta en la que se aseguraba que esta petición española había superado la segunda instancia judicial en el país centroeuropeo y estaba ya sólo a la espera de recibir el visto bueno del Tribunal Penal Federal (órgano similar a nuestro Tribunal Supremo) para que dicha información bancaria sirviera "para la acusación por delitos contra el Tesoro Público". Una decisión que la propia misiva auguraba que se produciría en poco más de tres semanas.
Berna asegura en la misiva que una segunda instancia judicial suiza ya había dado permiso para utilizar los datos bancarios "para la acusación por delitos contra el Tesoro Público"
La carta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, fue incorporada por las representantes de la Fiscalía a la causa de Gürtel el pasado martes, primera jornada de la vista. Una anuncio que provocó la airada reacción de varias de las defensas, que veían como con ella se hundía buena parte de su estrategia para torpedear una parte relevante de las acusaciones que pesan sobre sus clientes. En el caso del ex tesorero del PP, los 17 delitos fiscales de los que se le acusa representan 26 de los 42 años y seis meses que le pide Anticorrupción en su escrito de acusación. Más de la mitad de la condena. Los otros cinco afectados son el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo; el supuesto testaferro de Bárcenas, el 'broker' Iván Yáñez; y los alcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo García Panero, 'El Albondiguilla' (este último es el único que no se sienta en el banquillo en el juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel' iniciada esta semana ya que está procesado en otra pieza de la causa).
Dos fallos a favor
La carta, firmada por el propio Gossin, recuerda que laOficina Federal de Justicia había admitido el pasado 29 de junio "la demanda del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional" cursada el 16 de abril de 2015 y completada el 5 de octubre de ese mismo año. De este modo, ese organismo autorizaba a la Justicia española "la utilización de la documentación transmitida anteriormente a las autoridades españolas en el presente procedimiento de asistencia judicial para la acusación por delitos contra el Tesoro Público" contra los implicados al considerar que no se trataban de una simple evasión fiscal, sino que los hechos contenían elementos de lo que la Justicia helvética denomina escroquerie. Es decir, la existencia de una trama con falsedades documentales y sociedades pantallas para defraudar a Hacienda. El alto cargo de Berna señalaba que esa decisión, que se había demorado quince meses, había sido recurrida el pasado verano por varios de los implicados en la trama que llevan años pleiteando en Suiza para impedir, precisamente, que dicha autorización llegue a España. Un recurso que el Tribunal Federal tumbó el pasado 16 de septiembre al volver a fallar a favor de la Justicia de nuestro país, según recalcaba la reciente misiva.
Suiza advierte en la carta que aún debe pronunciarse el Tribunal Penal Federal, aunque augura que éste puede tomar su decisión "rápidamente".
No obstante, la carta dirigida advertía al jefe de Anticorrupción que la decisión de este último tribunal podía ser objeto aún de un nuevo recurso. En este caso, ante el Tribunal Penal Federal. Una medida para la que Bárcenas y el resto de implicados tenían diez días desde que se les comunicara la anterior decisión judicial. Eso sí, el Jefe de la Unidad de Asistencia Judicial del Gobierno de Berna auguraba en su texto que este último tribunal "dicta, en principio, su decisión rápidamente". En concreto, "durante las dos semanas siguientes a la recepción del recurso si no hay intercambio de escritos entre las partes". La misiva concluía haciendo dos advertencias. La primera, que "nuestra decisión de autorización sólo podrá ponerse en su conocimiento una vez entrada en vigor". La segunda, que no le podía comunicar por ahora qué posición iba a adoptar la Fiscalía suiza en ese último obstáculo judicial "dado que no la hemos puesto en conocimiento de las partes del procedimiento".
El origen del litigio
El origen del litigio sobre la utilización la información bancaria de Bárcenas y los otros cinco imputados en Gürtel se remonta al 2 abril de 2014. Ese día, el entonces juez instructor, Pablo Ruz, remitió a Berna a petición de la Fiscalía Anticorrupción una comisión rogatoria reclamando una autorización para utilizar los datos bancarios en un juicio. Doce días después, la Unidad de Asistencia Mutua de la Oficina Federal de Justicia helvética daba su visto bueno a la petición. Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante las autoridades del pequeño país europeo por Bárcenas y Yáñez, quienes alegaron que la misma se había tomado sin que se les escuchara. Ello motivó que el 6 de junio de aquel año, el Tribunal Penal Federal suspendiera en primera instancia dicho permiso mientras estudiaba el caso antes de tomar una decisión. Ésta llegó en noviembre y fue para anular la autorización y ordenar que se iniciase de nuevo todo el proceso. Eso sí, escuchando los argumentos del ex tesorero y el resto de afectados.
El 2 de abril de 2014 el entonces juez instructor, Pablo Ruz, pidió a Berna la autorización. Entonces, Bárcenas y su presunto testaferro iniciaron en Suiza el pleito que dura hasta hoy
De este modo, la Oficina Federal de Justicia tenía que volver a pronunciarse, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en abril, antes de enviarlo a la Audiencia Nacional, debía dar la oportunidad a los abogados de Bárcenas para presentar sus alegaciones. Con estas últimas en la mano, este organismo helvético tomó una decisión en enero de 2015 que sorprendió a la Justicia española: negaba la posibilidad de utilizar datos bancarios del extesorero del PP, del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, y de otros implicados para acusarlos de fraude fiscal. "Las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal", concluían.
Facturas como pruebas
Un fallo que, sin embargo, no cerró el proceso ya que dejaba abierta la puerta para que la Justicia española aportara nueva documentación. El juez Ruz encargó entonces un informe a la Agencia Tributaria sobre algunas facturas intervenidas a la trama de corrupción para intentar convencer a sus colegas helvéticos de que los sobornos supuestamente recibidos por el extesorero y otros imputados en la Gürtel nunca fueron declarados a Hacienda, como creían entender las autoridades suizas según se deducía de su última negativa. No fue la última iniciativa del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El 17 de abril de 2015 dictaba un nuevo auto en el que pedía otra vez a las autoridades helvéticas que levantasen el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios.
Ruz remitió a Suiza en abril de 2015 un informe con facturas para convencer a los jueces helvéticos que el dinero evadido por Gürtel estaba ligado a delitos de corrupción
En dicho documento, Ruz volvía a reiterar que de dicha información se derivaban más infracciones que el simple delito contra la Hacienda Pública y hacía suyos los argumentos que Anticorrupción había esgrimido en anteriores escritos. Además, la Fiscalía había hecho un viaje secreto sólo un mes antes para reunirse con su colega suizo y conseguir el apoyo de éste para eliminar el veto de las autoridades suizas al uso en el juicio de los datos bancarios remitidos en las diferentes comisiones rogatorias. Un viaje que Bárcenas y su presunto testaferro, Iván Yáñez, denunciaron, pero que finalmente encontró el respaldo explícito del juez De la Mata, quien ya entonces había relevado a Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Ahora la misiva vuelve a echar un nuevo jarro de agua fría sobre la estrategia de los seis implicados en Gürtel. El ex tesorero se juega nada menos que 26 años de cárcel en ello.
