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Ciudadanos quiere que 70 diputados puedan promover el cese del Fiscal General

El partido de Albert Rivera realiza esta propuesta dentro de su proposición de ley de reforma de la Fiscalía. La destitución requeriría, no obstante, el voto favorable de dos tercios de la Cámara baja.

  • El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Ciudadanos ha planteado este miércoles en el Congreso de los Diputados que una quinta parte de los diputados de la Cámara baja (70 de 350) puedan pedir el cese del Fiscal General del Estado por "por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad". El líder naranja, Albert Rivera, ha realizado esta propuesta durante la presentación de una proposición de ley de reforma del Ministerio Público.

Rivera ha explicado que tras la petición de cese suscrita por 70 diputados, sería luego el Pleno del Congreso el que votaría la destitución del Fiscal General, siendo necesaria una mayoría de dos tercios (233 diputados). Previamente, el Fiscal General habrá tenido que comparecer en Comisión para dar explicación, señala Ciudadanos. 

Conforme al actual reparto de fuerzas y siguiendo esta propuesta de Ciudadanos, PSOE y Podemos estarían en condiciones ahora mismo de solicitar el cese del fiscal general. La formación de Rivera no podría al tener sólo 32 diputados. El sistema vigente establece que la potestad del cese del fiscal general del Estado recae en el Gobierno y no requiere ningún trámite parlamentario. 

En lo referente a su nombramiento, el partido centrista ha cambiado la propuesta que venía defendiendo desde finales de 2015 y que llevó en su programa electoral para los comicios del 26 de junio: "Una Comisión del Congreso seleccionará una terna de candidatos por mayoría reforzada entre los que el Gobierno elegirá al Fiscal General del Estado". Rivera ha comentado en rueda de prensa que si bien él cree personalmente que la idea de la terna es "constitucional", su partido ha preferido eliminarla para curarse en salud, tras escuchar a las asociaciones de fiscales, y evitar de este modo que otras fuerzas llevaran este punto al Tribunal Constitucional. Así, Ciudadanos ha abogado por que sea el Gobierno el que proponga finalmente al candidato, tal y como está recogido en la Constitución, y ha mantenido lo de la validación o "ratificación" parlamentaria, requiriendo el voto favorable de dos tercios de la Cámara para dicho nombramiento.

Precisamente, Podemos anunció este lunes que quiere que el fiscal General del Estado salga de una terna aprobada por mayoría cualificada del Congreso, lo mismo que había defendido Ciudadanos hasta el día de hoy.El partido de Pablo Iglesias, que defenderá esta propuesta en la moción de censura de la próxima semana, dijo que dejaría al Gobierno que eligiera a uno de los aspirantes -uno tendría que ser una mujer por una cuestión de igualdad de género- para no quebrantar la Constitución.

Además, Rivera ha planteado que la duración del cargo del fiscal general del Estado pase de 4 a 6 años para romper el "cordón umbilical" con el mandato del Gobierno. También propone que se exijan 25 años de ejercicio y no los 15 actuales. "Queremos que el Fiscal General de los Estado sea el de todos los españoles y no del Gobierno de turno, que pueda luchar contra la corrupción sin cortapisas y sin instrucciones", ha subrayado Rivera. Otra de las medidas expuestas ha sido que cualquier comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno sea "por escrito", lo que habría evitado, ha dicho Rivera, que tuviéramos "el caso Maza" (por el fiscal general del Estado) o el "caso Catalá" (por el ministro de Justicia). Tanto Catalá como Maza y el exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix han sido reprobados por el Congreso.

Ciudadanos también defiende que el Fiscal General "no podrá dar instrucciones concretas para un caso determinado", sino sólo sobre cómo perseguir los delitos genéricamente. Con esta medida, ha enfatizado Rivera, no habría ocurrido un episodio como el del caso Pedro Antonio Sánchez, donde el fiscal general del Estado "ordenó que se levantara la acusación contra el dirigente del mismo partido que el Gobierno". "El objetivo de esta ley no es partidista, sino estadista", ha rematado Rivera.

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