La sentencia que ha ordenado restituir en su puesto al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos desvela que la decisión de cesarle se adoptó en las más altas esferas del Gobierno. “La decisión está tomada por Moncloa”, le dijo la directora de la Guardia Civil al que era su número dos, Laurentino Ceña, horas antes de comunicar al afectado su destitución como responsable de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.
La resolución desvela la intrahistoria que rodeó aquella polémica decisión en plena crisis por la investigación judicial sobre la manifestación feminista del 8-M de 2020, autorizada cuando la pandemia de coronavirus ya era una realidad. Por esos hechos estaba imputado el entonces delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Las pesquisas salpicaron también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Era una investigación que preocupaba al PSOE, a la cúpula de Interior y al Ejecutivo como acredita la sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 8. Dedica parte de sus 72 folios al testimonio que prestó el que era aquellos días director adjunto operativo Laurentino Ceña. Era el máximo cargo uniformado solo por debajo de la directora general, María Gámez, nombrada por el ministro Fernando Grande Marlaska.
En una reunión difícil se le hizo partícipe de la firma del cese del coronel Pérez de los Cobos por no haber informado
Según el relato ofrecido por Ceña, él ejercía de puente entre la directora general y la cadena de mando. Así, el domingo 24 de mayo a las 21.33 le llamó Gámez y le preguntó si sabía algo relativo a unas diligencias entregadas a la juez que investigaba el 8-M. Le contestó que no sabía nada, pero que preguntaría a sus subordinados para enterarse. Por medio de su segundo, se le contestó a la directora general que Diego Pérez de los Cobos no sabía nada. Tan solo dos días antes, El Confidencial había publicado que las investigaciones señalaban a Simón.
La respuesta que le dio Pérez de los Cobos a la directora General a través de sus superiores jerárquicos fue que la juez había ordenado “cautela extrema al equipo investigador para evitar posibles filtraciones”. A las 21.53 Ceña llamó a María Gámez para trasladarle este mensaje. “En una conversación de 13 minutos (Gámez) le dice que se va a cesar al coronel; el testigo (Ceña) le pidió parar el cese para llevar a cabo investigaciones sobre las circunstancias y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo que rechazó aquélla porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar”.
Las versiones de Interior
A primera hora del día siguiente, lunes 25 de mayo, Ceña pidió audiencia con la directora general. Acudió acompañado de su segundo en la Dirección Adjunta Operativa, el teniente coronel Santafé. “En una reunión difícil se le hizo partícipe de la firma del cese del coronel Pérez de los Cobos por no haber informado de la entrega de esas diligencias de más de 80 folios. La Directora General de la Guardia Civil le entregó la orden de cese para su traslado y firma del recurrente a presencia del DAO”, concluye este relato de hechos destacado por el juez Celestino Salgado.
Las versiones ofrecidas por Interior y el Gobierno sobre el cese fueron diversas. Lo enmarcaron en una cuestión de confianza sin ofrecer más detalles. Luego se explicó como una remodelación general del Cuerpo. Después se justificó por la filtración del informe a la prensa. Según avanzó Vozpópuli, no fue hasta después del cese cuando el Ministerio ordenó investigar esa presunta fuga de información en el seno de la Comandancia de Madrid. Además, el presidente Pedro Sánchez identificó al mando cesado con las cloacas del Estado heredadas del PP. Las pesquisas internas para dar con el origen de la filtración no se materializaron en ninguna acusación concreta, según fuente de Interior.
A consecuencia del cese de su compañero, Ceña presentó su dimisión tal y como adelantó este periódico. Eso ahondó más si cabe la crisis en el Ministerio dirigido por Grande Marlaska que ahora ha recibido un varapalo judicial al verse obligado a restituir en su puesto a Pérez de los Cobos. La resolución del juez dice que su cese fue “ilegal”. La orden de cese firmada por Gámez y ratificada después por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Martínez, argumentaba que se le destituyó por no informar de la investigación.
“Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, sostiene la sentencia contra la que Interior ya ha anunciado un recurso a través de la Abogacía del Estado.
