La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a crear empresas para regularizar migrantes y blanquear sus beneficios con criptomonedas. Su cabecilla era el dueño de un prostíbulo de Elche, donde tenían la sede social decenas de sociedad fantasma, y tenía en nómina a un funcionario de Hacienda que le facilitaba el acceso a las bases de datos, según han informado a Vozpópuli fuentes de la investigación.
Los detalles de esta gran operación han sido explicados este martes en una rueda de prensa por el comisario Carlos Rio-Miranda Iglesias, jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y el resto de responsables del operativo.
La investigación 'Yerza', nombrada así por el nombre de los cabecillas de la organización, comenzó en octubre de 2020 en Elche. Se desarrolló en cuatro fases por la gran dimensión que tenía esta banda. Las pesquisas se iniciaron porque los agentes comprobaron como el dueño de un prostíbulo local estaba una hora en un cajero automático sacando dinero en efectivo.
Un contrato de trabajo desde 3.000 euros
Así, descubrieron que este hombre repartía el dinero entre diferentes personas que formaban parte de su entramado ilegal. Contaba con una treintena de empresas ficticias, con testaferros, algunas de ellas tenían asentadas su sede social en el prostíbulo que dirigía.
Otras de sus acciones criminales era emitir facturas falsas y también daba de alta a personas migrantes para facilitar su acceso a los papeles. Para ello estos inmigrantes debían pagarle entre 3.000 y 6.000 euros por un contrato de trabajo falso.
No se quedaba ahí su afán delincuencial ya que también pidió una Línea ICO por un importe de 40.000 euros que no tenía ninguna intención de devolver. Para sus hechos contaba con el respaldo de un despacho de abogados que también se encontraba inmerso en la trama.
Granja de criptomonedas
Otros de sus aliados era un funcionario de la administración general del Estado que inclusó dio el aviso al empresario de que estaba siendo investigado por la Policía Nacional. Estaba a nómina por los miembros de la organización.
El alto volumen de dinero con el que contaba era después blanqueado a través de las criptomonedas. Tenían una granja de minado que estaba enganchado a la luz. Los agentes lograron incautar 112.000 euros en este dinero virtual.
Finalmente los agentes desarrollaron la operación, en la que han participado más de 100 agentes de distintas unidades. Durante la primera fase se realizaron las entradas y registros en domicilios en los que se intervino abundante documentación, 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y cinco equipos informáticos.
Durante la segunda fase se practicaron las detenciones de las personas que se habían beneficiado de la actividad ilícita de las empresas, mediante el cobro de prestaciones indebidas del sistema de la seguridad social, o bien mediante su regularización fraudulenta en territorio nacional. En la tercera fase se llevaron a cabo las detenciones de los titulares de las empresas que habían adquirido facturas falsas a la organización desarticulada y con las que se defraudaba a la hacienda pública.
125 detenidos
En la cuarta y última fase se procedió a la detención de seis personas por delitos de cohecho y revelación de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público del que se acreditó su presunta pertenencia a la organización investigada, así como que cobraba cantidades económicas a cambio de información procedente de bases de datos oficiales.
La investigación policial ha finalizado con un total de 125 detenidos por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a las prestaciones de la Seguridad Social y delitos relativos a la prostitución.
Además del material intervenido en los registros, se han bloqueado un total de 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros, 24 vehículos y se ha anotado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.
Todos ellos ya han pasado a disposición judicial y solo el dueño del prostíbulo, lider del entramado, entró en prisión provisional, según estas mismas fuentes. La organización ya se da por desarticulada. Gracias a que se ha cerrado el grifo de la financiación. "Las personas se pueden cambiar, el dinero no es tan fácil", aseguran los investigadores.
