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Los estibadores endurecen su guerra: "necesitamos soldados como una piña"

El Gobierno prepara un real decreto para liberalizar el sector más de dos años después de que los tribunales europeos condenaran al Estado por mantener un sistema que va contra los principios comunitarios de libre mercado. Y que le cuesta a los puertos 520 millones al año, unos veinte puntos porcentuales más que en Europa.

  • Los estibadores recrudecen su guerra: "necesitamos soldados como una piña"

Los estibadores de los puertos españoles elevan la tensión con el Gobierno que está promoviendo un real decreto para liberalizar el sector y acabar con los privilegios de  la estiba. Los estibadores de Algeciras, reunidos en asamblea, aseguran haber colocado "al gobierno donde lo queríamos tener". El responsable de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha informado a sus compañeros, que este viernes se va a reunir con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para consolidar "que el PSOE vote no" a ese decreto. "El PSOE tiene la llave -señala-. Y el PSOE andaluz nos está diciendo que está con nosotros". 

A pesar de esa visión favorable para los intereses de los estibadores, Goya amenaza: "si alguien nos engaña, que ninguno tenga la duda que el único sitio donde lo vamos a poder arreglar es reventándolo todo". De esta forma ha pedido a sus compañeros unidad: "necesitamos soldados que sepan lo que tienen que hacer en cada momento, que todos funcionemos como una piña y sigan las instrucciones". 

Durante su discurso, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por aplausos y vítores, el propio Goya ha pedido que no se filtre el contenido de la asamblea, como sí ha ocurrido finalmente. "Que no salga de aquí. Arreglamos las cosas en asamblea, no en el Facebook, ni internet", ha pedido. Posteriormente, el resto de trabajadores reunidos en el puerto de Algeciras ha coreado reiteradamente "ni un paso atrás". 

Dos años de retraso

El Ejecutivo prepara esta reforma legal más de dos años después de que los tribunales europeos condenaran al Estado por mantener un sistema que va contra los principios comunitarios de libre mercado. Y que le cuesta a los puertos 520 millones al año, unos veinte puntos porcentuales más que en Europa.

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