Más protagonismo para el Ministerio de Cristóbal Montoro en el caso Púnica. Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, encargara a los expertos de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ambos dependientes de Hacienda, la investigación de las supuestas irregularidades en las inversiones del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, ahora les toca asumir otra pieza de la causa. En concreto, la número 11, que engloba las pesquisas sobre los numerosos 'pelotazos' en la construcción de colegios concertados que permitieron a la trama presuntamente encabezada por Francisco Granados embolsarse hasta 900.000 euros por cada centro educativo en cuya licitación mediaban. La causa se centra en los últimos meses en tres levantados en la Comunidad de Madrid: dos de Valdemoro, auténtico epicentro de la red de corrupción, y uno de Torrejón de Velasco. La empresa clave en este supuesto fraude es Alfedel Espacios Educativos, dedicada a promover dichos colegios para luego venderlos a las cooperativas de profesores que los gestionaban. El dueño de esta sociedad, Alfonso Ferrón del Río, está imputado.
El juez Velasco abrió una pieza específica del sumario, la número 11, para investigar la 'trama escolar' de Púnica que ahora lleva Hacienda
Hasta hace sólo unos meses, el papel del departamento de Montoro en el caso Púnica había sido secundario al limitarse a la elaboración de diversos informes sobre la situación fiscal de investigados y empresas. En uno de ellos, elaborado en junio de 2014, cuando aún no se había producido las primeras detenciones, los expertos de Hacienda ya proponían al juez Velasco "indagar" el pago de más de medio millón de euros realizado por la cooperativa que levantó un centro educativo en Valdemoro a Deloya Gestión SL, una de las empresas de David Marjaliza, el socio Granados. El aquel documento, La Agencia Tributaria no encontraba "la razón" de dichos abonos y ya sugería la existencia de una supuesta 'mordida' ya que la mercantil bajo sospecha fue creada el mismo año en el que recibió la primera entrega y sólo había facturado trabajos a dicha empresa. En otro de julio de ese mismo año, la AEAT concluía que empresas ligadas a la trama habían participado en levantar una veintena de este tipo de centros. Un año más tarde, un tercero cifraba en 223 millones de euros el dinero conseguido por seis empresas de la trama con la construcción de estos colegios.
Pese a dichos informes, la investigación de la 'trama escolar' de Púnica era una de las 15 piezas en las que está dividido el 'caso Púnica' que avanzaba más lentamente ya que, como indicaba un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "la amplitud de la investigación y la limitación de medios afectados a esta investigación" sólo le habían permitido hacer "ciertas indagaciones", pero sin entrar en el análisis detallado de la abundante documentación sobre dicha 'trama escolar' intervenida en los registros. De hecho, el pasado 18 de mayo, los responsables policiales enviaban al magistrado un oficio en el que adjuntaban los expedientes de tres de los colegios bajo sospecha. En concreto, Helicón y Valle del Miro, de Valdemoro, y El Catón, de Torrejón de Velasco. Días después, el magistrado ordenaba remitir todo ello, que ocupa siete tomos de sumario, a Anticorrupción para que ésta, a su vez, encargara su análisis a las unidades de la AEAT y la IGAE adscritas a la propia Fiscalía. Entre esa documentación figuran enajenaciones de terrenos, convenios de cesión de parcelas para la construcción de los centro educativos, licencias de apertura de actividad para una piscina climatizada, licencias de primera ocupación y el convenio de colaboración que en su día firmó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco para la levantar uno de estos colegios concertados.
También con Arpegio
La de los colegios concertados es la segunda línea de investigación que el juez Velasco pone en manos de Hacienda después de que hace unos meses le encargara las pesquisas de una de las piezas con más conexiones políticas. En concreto, el análisis de la la abundante documentación que reclamó el pasado mes de julio al Gobierno de Cristina Cifuentes sobre la empresa pública Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA. El magistrado pidió entonces a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera "urgente e inmediata" toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y a un sin fin de contratos de obras públicas incluidos en el llamado Plan Prisma ante la sospecha de que el presunto cabecilla de la trama, el ex consejero Francisco Granados, amañó los mismos para lucrarse. Esta es la pieza el sumario que salpica a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cifuentes, a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de estas presuntas 'mordidas'.
La AEAT ya tenía encomendada otra línea de investigación del sumario: las supuestas irregularidades en las inversiones del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid
En concreto, el juez pidió entonces a los expertos de la Agencia Tributaria que analizasen nueve documentos que había pedido a la Comunidad de Madrid relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica, así como el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También que estudiasen los acuerdos por los que Granados designó a González Taboada como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos y el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. Todo ello, junto a los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se designaba a los integrantes de la Mesa de contratación.
El magistrado también encargo a Hacienda que rastrease las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Para ello, le ha entregado los expedientes de adjudicación de ocho contratos a dicha sociedad por los que ésta se embolsó 9,8 millones de euros. Otros contratos cuya documentación ya está analizado la Agencia Tributaria son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevaron a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente también rastrea las copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata.
