La Generalitat y el secesionismo han celebrado un varapalo a la sentencia del 25% de castellano escolar que no ha sido tal. El martes, un informe elaborado por un comité de Expertos para el Consejo de Europa —organismo no dependiente de la Unión Europea— juzgaba que los fallos que establecen un mínimo de horas en castellano en las comunidades bilingües conculcaban los compromisos adquiridos por España para proteger las “lenguas regionales o minoritarias”. El dosier se refería a la Carta sobre la cuestión firmada por España en 2001, y que países como Francia o Italia no han suscrito. Y aunque el documento admitía que la protección a estos idiomas está “bien desarrollada” en nuestro país, mostraba una “gran preocupación” por el 25% aludido.
El informe fue celebrado sin dilación por el conseller de políticas lingüísticas de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en una entrevista en RAC1. Éste, que ocupaba un cargo similar en el Ejecutivo de Pere Aragonès y que recientemente exhortó a los catalanes castellanohablantes a que abandonasen la “comodidad” de hablar un “lengua de Estado hegemónica”, ponderó que el estudio era “contundente” y ayudaba a “encarrilar” la situación. “Demuestra que ese porcentaje indiscriminado y sin consideraciones pedagógicas [por el 25%] es una mala idea que no gusta a nadie”, aseguró.
Sin embargo, pese al crédito que le ha otorgado al dosier tanto la Generalitat como los medios nacionalistas, distintas voces han matizado que el Consejo de Europa no forma parte de las instituciones de la UE ni guarda relación con el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo, fundados a posteriori. Así, este ente creado en 1949 carece de la relevancia y prestigio de los anteriores y ha sido cuestionado por contar entre sus 46 socios a países poco confiables como Rusia, Bielorusia o Kazajistán. Por otra parte, el texto ha sido confeccionado por un comité de expertos “cuyos nombres no aparecen y que siguen una metodología de la que no hablan”, como ha indicado el investigador de la UNED José Javier Olivas.
Reunión de expertos
Lo que sí se sabe es que dichos expertos se reunieron en enero con las entidades separatistas Òmnium Cultural y Plataforma por la Llengua, que les trasladaron su inquietud por la “vulneración de derechos” cometida por España en un “escenario de sentencias que imponen el castellano en la escuela”. De hecho, los informes que elabora cada tres años el equipo de peritos del Consejo Europeo sobre el respeto del Gobierno español al plurilinguïsmo se basan en gran medida en la documentación que viene remitiéndole Plataforma per la Llengua desde hace décadas. Así lo reconoció la autodenominada ONG del catalán hace un par de años, cuando se felicitó en un comunicado de las enormes similitudes entre sus memorias y las del citado comité.
Conviene recordar que esta plataforma recibe cuantiosas subvenciones públicas —más de tres millones de euros desde 2018— y es conocida por alentar escraches contra los comercios que atienden en castellano o espiar el idioma de los escolares en el patio.
Por lo demás, como ha referido a Vozpópuli la presidenta de Asamblea por la Escuela Bilingüe, Ana Losada, choca la consideración que el catalanismo ha concedido a un informe que “no ha sido votado por nadie, en el que no se han consultado a todas las partes y ligado a entidades subvencionadas por la Generalitat que defienden la inmersión”. Mientras, contrapone Losada, las mismas voces tildaron de sesgada y “ultraderechista” la misión del Parlamento Europeo a Cataluña, que “visitó in situ el foco del problema, en este caso los colegios, se reunió con diferentes expertos y autoridades, y cuyo informe fue presentado en la Eurocámara, donde se pudieron hacer alegaciones y fue sometido a votación por los partidos políticos”.
