El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto juicio oral al exgerente del PP en Madrid Beltrán Gutiérrez y al exconsejero madrileño Francisco Granados por delito electoral en los comicios autonómicos de 2011.
A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación.
Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio.
En el auto en el que abre juicio oral por esta pieza del caso Púnica, la número 9, el magistrado rechaza también la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos.
Rechaza citar a Aguirre
Al igual que rechaza la de la Fiscalía de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, quienes figuraron en esta causa como investigados hasta que meses después se les eximió.
Además de a Granados y a Gutiérrez, García Castellón acuerda también enviar a juicio a la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola y al ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás.
También al propietario de las empresas de reputación 'online' EICO y Madiva, Alejandro De Pedro, considerado "conseguidor" de Púnica, así como a Diego Mora, María Luisa De Madariaga y Francisco Lobo. Todos ellos por delitos de prevaricación y malversación.
ADADE sustentaba su petición de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados autonómicos de esta formación que resultaron electos en esos comicios (y/o sus sustitutos) en que sus candidaturas se vieron beneficiadas del exceso de gasto electoral y de su ocultación.
Sin embargo para el juez, estas pretensiones de responsabilidad civil, formuladas "en los genéricos términos" expresados en el escrito de la acusación popular ADADE, no pueden prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción, sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes enumerados.
La misma conclusión debe extenderse, indica el juez, respecto de solicitud del Ministerio Fiscal de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a Aguirre y González.
La decisión adoptada, añade el juez, es congruente con el criterio seguido en el auto de apertura de juicio oral dictado en la pieza separada 7 de este caso Púnica, cuando se resolvió en el mismo sentido ante una petición idéntica de la acusación popular personada en nombre de ADADE-PSOE y que no fue apelada por ninguna de las partes personadas, por lo que devino firme.
“Entiende este magistrado que la sujeción de las partes a este criterio exige ser coherente, manteniendo la misma posición en esta resolución. En consecuencia, se desestiman las solicitudes de responsabilidades a título lucrativo”, concluye.
El pasado noviembre, la Audiencia Nacional avaló la decisión de García Castellón de archivar esta pieza para Aguirre y González, al confirmar el auto por el que en octubre de 2022 propuso juzgar a Granados y a los otros siete investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento 'online' de altos cargos.
El magistrado les dejó fuera de la causa, en sintonía con el criterio de Anticorrupción, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos. Un año antes, el juez ya había decretado el archivo para la también expresidenta Cristina Cifuentes.
De este modo, tras una década de investigación desde que estallara la operación Púnica en 2014, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho.
Los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que solo se juzgará el relativo a 2011.
