Como es habitual, el impuesto sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas aumenta cada año. A finales del mes de noviembre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una subida del 5 por 100 en alcohol, un 2,5% en cigarrillos y un 6,8% en el tabaco de liar. Pero además, junto a estas subidas que ya entraron en vigor el pasado 3 de diciembre, Montoro sorprendió a todos con el anuncio de un nuevo impuesto: el de las bebidas azucaradas y carbonatadas.
¿La excusa? La salud. Según Montoro se trata de “un instrumento de lucha contra la obesidad y contra todo lo que significan los problemas del exceso del azúcar”. Una fórmula ‘maestra’ con la que el Gobierno estima que podrá recaudar alrededor de 200 millones de euros y, de paso, ayudar a mejorar los niveles de obesidad entre la población española, sobre todo la infantil.
Pero… ¿qué hay de incongruente en el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas? Si nos fijamos en los últimos datos arrojados por el informe bianual de obesidad infantil, conocido como el informe ALADINO que publica el Ministerio de Sanidad, la preocupación por la salud de los pequeños españoles tiene poca justificación a la hora de lanzar este nuevo impuesto. Resulta significativo que, según el estudio, el 53% de los niños nunca consume refrescos con azúcar y únicamente el 1,1% realiza un consumo diario de refrescos azucarados y el 2,4% lo realiza casi todos los días. Además, las conclusiones del estudio reflejan datos positivos este año puesto que la tendencia temporal del exceso de peso en niñas y niños de 6 a 9 años es en la actualidad decreciente en comparación con estudios anteriores. Es decir, que las bebidas con azúcares añadidos no son el actual problema de la obesidad infantil en España.
¿Entonces cuál es la explicación para que esta idea salga a la luz? Por un lado, la OMS (Organización Mundial de la Salud) está de parte del Gobierno y este nuevo impuesto. La agencia sanitaria asegura que en España 1 de cada 3 adultos y casi 1 de cada 4 niños es obeso o tiene sobrepeso. Así en sus conclusiones manifiesta que subir el impuesto sobre los refrescos supondría un freno para esta problemática. Por otra parte, Montoro puede haberse guiado por la ‘ley del espejo’. Y es que países como México, Filipinas, Reino Unido, Irlanda, Francia, Noruega, Dinamarca, Hungría y en algunos estados de EEUU ya lo aplican.
Al tratarse de un nuevo gravamen, el Gobierno tiene que tramitar un proyecto de ley, que a su vez, deberá de ser debatido en el Parlamento y negociado con los diferentes grupos para sacarlo adelante. La previsión es que se presente junto con los nuevos Presupuesto de 2017.
Sin embargo, también hay detractores de la nueva medida, fuera pero también dentro del propio Ejecutivo. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha unido a la postura del sector agrícola y ha rechazo frontalmente el futuro nuevo impuesto. En su opinión es “ilógico poner puertas al campo” y esta propuesta supondrá un golpe para sector. Apoyan que el azúcar es un producto saludable y lo lógico sería incentivar los consumos responsables del mismo.
