El Consejo de Estado es posiblemente una de las instituciones más desconocidas para el conjunto de la ciudadanía. Pese a que sus dictámenes son requeridos por el Gobierno central y las comunidades autónomas para que las normas que van a aprobar respeten los principios constitucionales y no contengan lagunas jurídicas, es un órgano que rara vez está presente en los titulares de prensa y su trabajo se caracteriza por la discreción.
Es una institución que aporta autoridad, experiencia y conocimientos en cualquier cuestión que se le someta a consideración y sirve de gran ayuda al legislador en la orientación y eficacia de las normas que promulga. No obstante, esos informes no son de obligado cumplimiento para los diferentes gobiernos.
El “supremo órgano consultivo del Gobierno”, como así lo define el artículo 107 de la Constitución Española, ha saltado a las portadas de los medios informativos con ocasión del informe emitido en relación con el accidente del Yak-42, en el que 62 militares perdieron la vida cuando regresaban de Afganistán.
Ese informe apunta la responsabilidad del Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo, en aquella tragedia aérea. Paradójicamente, Trillo es letrado por oposición del Consejo de Estado y últimamente se ha hablado mucho de la pretensión del exministro de volver a este órgano, una vez terminada su etapa de embajador de España en Londres.
Con anterioridad, el Consejo de Estado también ha emitido informes de relieve, como el que le pidió en 2004 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma de la Constitución. Otros dictámenes importantes se centraron en el Estatuto de Cataluña, la ley de matrimonios homosexuales o la del aborto.
Composición, cometidos y estructura
¿Quiénes componen el Consejo de Estado? ¿Cuáles son sus cometidos concretos? ¿Cómo estructuran su trabajo? A continuación, aportamos algunas claves para conocer mejor el funcionamiento de este órgano consultivo.
El pleno del Consejo de Estado está formado por el presidente, José Manuel Romay Beccaría, 8 consejeros permanentes, 11 consejeros natos -aquellos que lo son por razón del cargo que desempeñan-, 9 consejeros electivos y el secretario general.
También hay una Comisión Permanente, formada por el presidente, los consejeros permanentes y el secretario general, y una Comisión de Estudios, integrada por el presidente, dos consejeros permanentes, dos natos y otros dos electivos.
Los consejeros permanentes son Landelino Lavilla, expresidente del Congreso (1979-1982); Miguel Rodríguez-Piñero, jurista; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los “padres” de la Constitución de 1978; Fernando Ledesma, exministro de Justicia (1982-1988); Alberto Aza, ex secretario general de la Casa Del Rey; José Luis Manzanares, magistrado del Tribunal Supremo; María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno, y Enrique Alonso García, letrado del Consejo de Estado.
Entre los consejeros natos se encuentran, entre otros, el director de la Real Academia Española, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el presidente del Consejo Económico y Social, y el fiscal general del Estado.
Ningún expresidente
Los consejeros electivos son nombrados por el Gobierno a través de un decreto. Desde la modificación de la ley en 2004, los expresidentes del Gobierno pueden formar parte del Consejo de Estado con carácter vitalicio.
Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo declinaron ocupar un sillón en la institución. José María Aznar sí lo hizo, pero lo abandonó en 2006 para entrar en News Corporation, empresa de Rupert Murdoch.
José Luis Rodríguez Zapatero también fue consejero hasta que en 2015 lo abandonó para desempeñar el cargo de presidente del consejo asesor de la fundación alemana Instituto de Diplomacia Cultural.
El secretario general del Consejo de Estado es nombrado entre los letrados mayores y es el jefe directo del personal y del régimen interior de los servicios y dependencias del Consejo. De él dependen los distintos servicios del Consejo Estructura Administrativa.
Los letrados, que constituyen un cuerpo al que se accede por oposición entre licenciados universitarios en Derecho, desempeñan las funciones de estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo.
Para organizar mejor los trabajos, el Consejo de Estado se divide en secciones:
- Primera: Despacha los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la Presidencia y de Política Territorial y Administración Pública. Asimismo, se ocupa de los asuntos relativos a conflictos en materia de autonomía local.
- Segunda: Asuntos procedentes de los ministerios de Justicia, de Trabajo e Inmigración.
- Tercera: Ministerio del Interior.
- Cuarta: Ministerios de Defensa y de Industria, Turismo y Comercio.
- Quinta: Ministerio de Economía y Hacienda.
- Sexta: Ministerio de Fomento.
- Séptima: Ministerios de Educación, de Cultura y de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Octava: Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y de Ciencia e Innovación.
Desde su creación, el Consejo de Estado ha sido presidido por Antonio María de Oriol y Urquijo (1973-1979), Antonio Jiménez Blanco (1980-1982), Antonio Hernández Gil (1982-1985), Tomás de la Quadra Salcedo (1985-1991), Fernando Ledesma (1991-1996), Íñigo Cavero (1996-2002), José Manuel Romay Beccaría (2003-2004), Francisco Rubio Llorente (2004-2012) y otra vez José Manuel Romay Beccaría (2012-).
Los gastos de funcionamiento del Consejo de Estado figuran recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, dentro del programa 912N, relativo al Alto asesoramiento del Estado. En los últimos presupuestos, la cantidad asignada al órgano consultivo del Gobierno alcanzó los 10,6 millones de euros.
El presidente de la institución recibe una anualidad que ronda los 80.000 euros anuales, mientras que los consejeros perciben más de 70.000 euros repartidos en doce mensualidades.
