En su esfuerzo por combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, Hacienda ha implementado nuevas medidas que obligarán a las empresas que operan en España a identificar a sus titulares reales. Estas medidas, que entrarán en vigor a partir de febrero del próximo año, buscan mejorar la transparencia en la estructura de propiedad de las compañías, dificultando así las maniobras evasivas y las prácticas ilícitas.
Las empresas que se den de alta, modifiquen datos o se den de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, estarán obligadas a proporcionar información detallada sobre los dueños reales que controlan o poseen una participación significativa en las mismas. Esta nueva normativa se alinea con la Ley de 24 de mayo de 2023, que transpone la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y está diseñada para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
¿Qué información deberán proporcionar las empresas?
A partir de la fecha mencionada, cualquier entidad que realice una modificación en el Censo de empresarios deberá identificar y reportar a la Agencia Tributaria los siguientes datos de sus titulares reales:
- DNI o número de identificación extranjero (para titulares que no sean españoles).
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.
- País de expedición del número de identificación.
- País de residencia.
Este requisito aplica a cualquier empresario que desarrolle una actividad económica en España, ya sean residentes o no. Las empresas deberán utilizar el Modelo 036, un formulario utilizado para el alta en el censo, a través del cual se incorporará esta nueva información.
Un paso clave en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo
Con esta nueva obligación, la Agencia Tributaria tiene como objetivo reducir la opacidad en la propiedad de las empresas, algo que ha sido históricamente aprovechado por personas y organizaciones para ocultar fondos ilegales o eludir el pago de impuestos. La exigencia de proporcionar datos de identificación tan específicos pretende dificultar el uso de estructuras empresariales como vehículos para blanquear dinero o evadir impuestos.
Esto es especialmente relevante en un contexto global donde cada vez hay más presión para combatir el fraude fiscal a nivel internacional. De hecho, la normativa se enmarca dentro de la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC, por sus siglas en inglés), la cual busca que los países de la Unión Europea intercambien información de manera más eficiente, permitiendo a las autoridades fiscales de cada Estado miembro detectar posibles irregularidades con mayor facilidad.
Empresas afectadas
Este cambio en la normativa afectará a una amplia variedad de empresas y empresarios que operan en España, incluidos:
- Empresarios individuales y sociedades que desarrollen actividades económicas en territorio español.
- Aquellos que abonen rentas sujetas a retención o ingresos a cuenta, lo que incluye a sociedades que paguen salarios, alquileres, intereses, o dividendos.
- Empresas extranjeras que operen en España mediante un establecimiento permanente.
- Socios, herederos o partícipes de entidades que desarrollen actividades empresariales en régimen de atribución de rentas, como son las sociedades civiles o comunidades de bienes.
La implementación de estas nuevas obligaciones supone un reto administrativo para muchas empresas, pero a la vez refuerza la integridad y la transparencia del sistema fiscal español.
El papel del Modelo 036 en esta nueva obligación
El Modelo 036, que hasta ahora ya se utilizaba para gestionar el alta, modificación o baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, se adaptará para incluir los datos de los titulares reales.
De esta manera, cada vez que una empresa realice una modificación en el censo, deberá asegurarse de que la información sobre sus propietarios esté actualizada. Este modelo será el principal canal a través del cual la Agencia Tributaria obtendrá los datos que necesita para supervisar y controlar la titularidad real de las empresas.
Impacto de la nueva normativa de Hacienda
La exigencia de reportar la información sobre los titulares reales no solo contribuye a la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, sino que también refuerza la confianza en el entorno empresarial español. Al aumentar la transparencia y dificultar el uso de empresas ficticias o 'pantalla', se crea un ambiente más justo y competitivo para los negocios que operan de manera legal y respetan sus obligaciones fiscales.
Además, al alinearse con la normativa europea, España refuerza su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el fraude, contribuyendo a la creación de un sistema fiscal más equitativo a nivel global.
Aún así, también hay detractores con esta nueva medida dentro del sector empresarial, al considerar que esto es una nueva medida para 'asfixiar' todavía más al sector empresarial de nuestro país.
En definitiva, aunque puede suponer un reto para algunas compañías desde el punto de vista administrativo, su implementación es un paso crucial hacia un sistema más transparente y equitativo, donde las maniobras evasivas y las prácticas ilegales tengan cada vez menos cabida. A partir del mes de febrero del próximo año, todas las empresas deberán adaptarse a esta nueva realidad, informando con precisión sobre la identidad de quienes realmente están detrás de las mismas.
