Testimonio clave. La declaración que el pasado 5 de octubre prestó como imputado Francisco Javier Bueno González, antiguo empleado de una de las empresas de la trama Púnica, no sólo ha servido para reforzar los indicios recabados sobre las supuestas relaciones de la red de corrupción y el actual presidente de la Región del Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, sino también para conocer nuevos detalles de los tratos de la red de corrupción con otros cargos públicos. Entre ellos, el que fuera alcalde 'popular' de Gandía, Arturo Torró. En su relato ante el juez Eloy Velasco, este ex trabajador de Madiva Editorial SL aseguró que su jefe, el 'gurú' informático Alejandro de Pedro, le envió en septiembre de 2014 a este municipio valenciano a cobrar una deuda del PP local y que cuando se presentó en la dirección que le dieron "me veo que era una constructora", Gomuñoz SL. El imputado aseguró que el dueño de la misma, Sergio Muñoz, le confirmó que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda" y que De Pedro debía emitir facturas por publicidad para camuflar dichos abonos.
Un ex empleado de Alejandro de Pedro asegura al juez que éste le envió a cobrar una deuda del alcalde de Gandía a la sede de una constructora local
Las declaraciones de Francisco Javier Bueno sobre los supuestos tratos de la trama en Gandía se produjeron cuando ya llevaba cerca de media hora declarando y el magistrado y las representantes de la Fiscalía Anticorrupción le habían interrogado por las 'andanzas' de la red de corrupción en Murcia. En ese momento, la abogada que representa al Ayuntamiento de esta localidad valenciana, personado en la causa como acusación, le preguntó por los detalles de su viaje a dicho municipio. Fue entonces cuando el imputado señaló que había viajado para hacer gestiones sobre un periódico digital y que De Pedro le pidió que lo aprovechara y fuera "a cobrar una deuda del alcalde". "Llegó allí y me dicen la calle Reyes Católicos, que es lo mismo que he declarado desde un principio, y cuando llego allí me veo que era una constructora y a mi me llamó poderosamente la atención. Entonces toqué al timbre y le dije que venía de parte de Alejandro de Pedro".
"Me dijo literalmente..."
En su relato, el ex empleado de la trama asegura que el empresario bajó a la calle y se fueron ambos a tomar un café: "Y me dijo literalmente que [a] él le habían dicho que tenía que pagar una deuda de ..." "¿Quién es él? ¿Recuerda el nombre?", le interrumpió el juez Velasco, sin embargo el imputado reconoció que no lo sabía, aunque sí el nombre de la constructora, "Gomuñoz", y que su propietario le dijo a continuación que "se iba a hacer cargo de pagar la deuda del ayuntamiento", aunque si "a los tres meses no le pagaba el ayuntamiento no lo iba a pagar". "Me quedé sorprendidísimo porque yo iba a recoger, no sé, cobrar una deuda", añadió.
La declaración del constructor
De hecho, la nueva declaración del antiguo trabajador de Alejandro de Pedro refuerzan las manifestaciones realizadas ante el juez Eloy Velasco por el propio empresario. Éste aseguró en la Audiencia Nacional que en septiembre de 2014 recibió una llamada de Dionisio Ollero, vicesecretario de organización del PP de Gandía, para pedirle un favor para el partido en relación con una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros que la formación mantenía con el 'gurú' informático de la trama Púnica. También aseguró que el propio Alejandro de Pedro le telefoneó días después y ambos quedaron en verse en unos días. Sin embargo, a dicha cita acudió finalmente Francisco Javier Bueno, el ex trabajador de la empresa de la trama que está colaborando con la Justicia.
El empresario ya reconoció ante el juez que el PP de Gandía le pidió como un favor que hicieran frente a una deuda del partido de 10.000 euros
Muñoz aseguró que éste le explicó los servicios que prestaba la compañía, a lo que el empresario valenciano contestó que no veía factible contratar ninguno de ellos. Fue en ese momento, siempre según el testimonio del propietario de Construcciones Gomuñoz ante el juez Velasco, cuando su interlocutor le comunicó que a él le habían dicho que se iba a hacer cargo de una deuda de entre 8.000 y 10.000 euros, y que en ese encuentro ya debía haberle llevado algo de dinero. El empresario sostuvo en su declaración que abordó el tema con sus hermanos y decidieron no pagar nada e, incluso, que telefoneó a Dionisio Ollero para trasladarse su malestar por la situación tan incómoda en que le había puesto. “Le dije que no iba a hacer nada y me contestó que no me preocupase”. Desde entonces, añadió el empresario, ni este dirigente del PP ni De Pedro volvieron a contactar con él.
Contrapartidas
El juez insistió en aquel interrogatorio sobre si la aceptación de dicho pago era una contrapartida a cambio de contratos con el Ayuntamiento de la localidad valenciana, encabezado entonces por el 'popular' Arturo Torró, también imputado en la causa. El constructor lo negó. Sin embargo, en sus preguntas el magistrado llegó a asegurar que Muñoz accedió a pagar 2.600 euros más IVA todos los meses a partir de noviembre de 2014 hasta saldar la deuda, extremo que fue desmentido por el empresario.
Un dirigente del PP local confirmó que buscaron un empresario de confianza para que se hiciera cargo de una serie de gastos del partido
Por su parte, el dirigente del PP de Gandía Dionisio Ollero reconoció ante el juez que el secretario general del partido en la localidad Gandía, Víctor Soler, le pidió que buscara un empresario de confianza para ver si podía correr con los gastos de confección de una página web para el partido y de una deuda que mantenían con el empresario que se encargaba de ello, Alejandro de Pedro. Ollero añadió que pensó en Sergio Muñoz porque le conocía desde hace años, le telefoneó, le pidió que le echara una mano al partido con la deuda y le dijo que había facilitado su teléfono a De Pedro, que le llamaría próximamente, como así hizo. Al igual que Muñoz, Ollero aseguró al juez que el pago de la deuda no conllevaba ninguna contrapartida en forma de adjudicación.
