El comité de Derechos Humanos de la ONU ha fallado a favor de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raul Romeva al considerar que no se les debería haber privado de sus cargos públicos. El dictamen recalca que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña" al inhabilitarlos antes de que fueran condenados en 2019. Así, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, el comité da la razón a los cuatros procesados por el 'procés' que alegaron que la aplicación de la Justicia española violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El comité de la ONU, integrado por 18 expertos independientes, subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser investigados por delito de rebelión, que debe incluir violencia, pese a que habían instado a la ciudadanía "a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición", que no implica el uso de violencia. En el archivo publicado, los expertos consideran por válido ese pacifismo y llegan a citarlo hasta en 14 ocasiones en un documento de 17 páginas. Sin embargo, cabe recordar que la actuación de los exmiembros del Govern fue clave para la celebración del referéndum ilegal de 2017. Esta actuación fue la que movió al Fiscal General del Estado a abrir un proceso penal contra los autores que hizo que la Audiencia Nacional decretara prisión preventiva para ellos el año del referéndum. Una decisión respaldada luego por el Supremo y el Constitucional.

El organismo considera fundamentados los argumentos de los independentistas en lo que se refiere al uso de la violencia. Los afectados alegan en su defensa que la única violencia generada fue la que usó la policía para paralizar la votación el 1 de octubre de 2017. Vagamente, el documento reconoce que hubo otras manifestaciones semanas antes de la celebración del referéndum en el que "un pequeño número de participantes causaron daños a los vehículos de la policía". En este sentido, el comité de la ONU considera que “los actos de violencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a los organizadores o a la reunión como tal”. El documento respalda así la versión de los afectados que han defendido en todo momento que "tanto ellos como otros líderes del Gobierno de Cataluña y de la sociedad civil instaron constantemente a la ciudadanía a permanecer estrictamente pacífica".

Vulneración del artículo 25

La resolución del comité de la ONU, aunque no es vinculante, dictamina que el Estado ha violado el artículo 25 del Pacto El Comité de Derechos Humanos por haber cesado de sus cargos a los afectados antes ni tan siquiera de estar procesados. De esta forma insta al Estado, que está suscrito a dicho pacto, que "tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo" a sus demandas e invita a aplicar una "reparación integral" a los individuos. Insta así a que el Estado reconozca el dictamen y que "adopte todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro" en un plazo a seis meses. Además pide que publique el dictamen para que tenga una "amplia difusión".

Recomendaciones no vinculantes

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España). "El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica", aclaró una portavoz de este órgano.

En principio, la decisión tomada hoy concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el "procés". La denuncia fue presentada el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del expresidente del Gobierno autonómico Carles Puigdemont, y la decisión final se publica el día en el que está prevista del actual jefe de ese Ejecutivo regional, Pere Aragonès.

Junts y ERC se sirven del dictamen para condenar España

En un comunicado conjunto, ERC y JxCat señalan que, tras el dictamen, España "está obligada a cesar sus políticas represivas y que no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación" y el derecho "a la representación parlamentaria". Las dos formaciones independentistas han agregado que "el sistema judicial español continúa fuertemente politizado a pesar de muchos llamamientos internacionales de reforma", y señalan que "el mal uso del Estado de derecho vulnera derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, y subvierte las bases de la democracia".

Está previsto que este viernes se celebre una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) con algunos de los solicitantes de la demanda, así como con sus abogados, han informado ambas formaciones. Destacados dirigentes de ERC y JxCat se han hecho eco en sus redes sociales del dictamen: El presidente de la formación, Oriol Junqueras, ha apuntado que el texto "evidencia que España no puede seguir con las prácticas represivas contra el independentismo", y que la única salida "es la amnistía para todos los represaliados".

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